Lucio Cuenca B.
Ante la urgente situación de sequía que vive el norte de Chile, diputados de las zonas afectadas lanzaron recientemente sendas propuestas que buscan palear o dar señales a sus electores respecto a las consecuencias graves que la situación hídrica tiene para los habitantes de sectores rurales y urbanos.
Aunque es interesante que los diputados por fin comiencen a pronunciase sobre una crisis hídrica que hace años ha sido denunciada por las comunidades de los valles nortinos afectados por la megaminería, resulta significativo que las propuestas que se plantean soslayan los temas de fondo y se constituyen en un simple maquillaje de un modelo de desarrollo insustentable.
El diputado Carlos Vilches (UDI), reconocido defensor de la megaminería transnacional en Atacama, presentó la propuesta de declarar a la provincia de Copiapó como “zona de escasez de agua”, y con ello, solicita a las autoridades que se recurra a convenios ambientales binacionales, que buscan consagrar la protección de los aguas compartidas con Argentina, para que se traiga agua del vecino país. Por su parte, la diputada PPD, Adriana Muñoz, plantea como solución la nacionalización del agua, pidiéndole al ejecutivo reponga el proyecto que para tal efecto habría presentado Michelle Bachelet, el 7 de enero de 2010, días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y que fuera retirado por la derecha en el parlamento. Este proyecto, establecía en su artículo segundo que se agregara al numeral 23 del artículo 19 de la Constitución Política “Las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares” y a renglón seguido, se establecía además que se garantizaba a los particulares la propiedad de los derechos de agua ya constituidos.
Ambas soluciones, que pueden parecer bien en una primera lectura, evidencian que se elude discutir la causa de fondo de la escasez, que a nuestro modo de ver puede resumirse en que en un contexto de cambio climático, las autoridades nacionales han optado por someterse a los requerimientos de la megaminería, suscribiendo una institucionalidad supranacional que reste soberanía sobre el uso de los bienes comunes, optando de manera sistemática por no escuchar los modos de desarrollo que las comunidades quieren para sus vidas.
De este modo, vemos que ambas propuestas, muy en la línea de la gestión de las autoridades nacionales, mantienen la propiedad privada del agua y el mercado como principal instrumento de gestión de esta, y consolidan el modelo de expansión minera desenfrenada impuesto en la franja fronteriza entre Chile y Argentina donde se encuentran todas las reservas hídricas de nuestras cuencas niveles. En el caso de Vilches, legitimando el traspaso de agua de Argentina a Chile, bajo el pretexto de consumo ciudadano, pero en un contexto de otorgación por parte de la Dirección General de Aguas de más derechos de lo que la capacidad de recarga de los acuíferos pueden satisfacer, por lo tanto, se hace evidente que esa agua irá en beneficio de los megaproyectos mineros ya comprometidos: Cerro Casale (Barrick), Caserones (Lumina Cooper), Lobo Marte (Kinross), Minera Candelaria (Freeport McMoRan Copper & Gold.) , Maricunga y Mantos de Oro (Kinross), el proyecto binacional Vicuña (Tenke), entre otros.
La propuesta de Muñoz, supone que los glaciares, reservas hídricas estratégicas en la zona en cuestión, quedarían a merced del mercado, pues como bien estableció la reforma de Bachelet, se consagraría el principio del agua (en todos sus estados) como bien nacional de uso público, pero sin alterar la cláusula del derecho de aprovechamiento entregado en propiedad a los privados que es uno de los factores que ha generado el actual estado de desequilibrio en los ecosistemas, y una alta concentración de los derechos de agua a manos de las grandes empresas a nivel nacional. Es decir, con la reforma que pretende reflotar Adriana Muñoz, hasta los intocables glaciares pueden constituir derechos de agua y ser factibles de explotación, los mismos glaciares que la ciudadanía de Chile y Argentina han manifestado se deben proteger y defender.
Para nosotros es claro que mientras no se cuestione el “incuestionable” modelo minero chileno, cada vez menos chileno y más desolador, el mismo que pretende más que triplicar la inversión en el sector de los últimos 20 para los 7 años que vienen (US$ 67.000 millones, Cochilco 2011), será inoficioso plantear soluciones para la escasez hídrica… el modelo minero solo hará agua si los chilenos y chilenas emprendemos la tarea de rediseñarlo para beneficio colectivo y sin destruir el hábitat que nos sostiene.
En las próximas elecciones sería bueno que emplacemos a las y los candidatos a no centrar los debates en falsas soluciones, sino que instalar en agenda los temas de fondo que han condicionado un proyecto país que ha cuadruplicado las depresiones y cercenado el sentido colectivo.
Lucio Cuenca B.
Director, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA