21/10/2010. El derrumbe el pasado viernes en una mina de Portovelo, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, mantiene la atención en las labores de rescate y ha revivido el drama que afrontan los trabajadores de una industria que en algunos países representa incluso el 69% de sus exportaciones. El año pasado, el Banco Mundial y la CEPAL destacaron que uno de los sectores con mayor recuperación y empuje en Latinoamérica, tras la crisis económica mundial, fue la minería, que se ha destacado por un auge de exploración y compra de proyectos mineros.
«La minería perdió, pero perdió mucho menos de lo que perdieron otras» industrias, dijo entonces a Efe el Oficial de Asuntos Económicos de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
«Además, es la industria que aparentemente con mayor rapidez está tratando de salir de la crisis», añadió.
Sin embargo, esta recuperación no ha sido suficiente para que mejoren las condiciones de la minería, pese a contar con un convenio sobre la seguridad y la salud de los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además de enfrentarse a los accidentes, la minería debe atender las peticiones de los trabajadores y los ecologistas con legislaciones que garanticen la seguridad y la protección del medio ambiente.
El caso más grave se registra en Colombia, donde en lo que va de año han muerto 134 mineros en un sector que en 2009 representaba el 25% del total de las exportaciones.
La peor tragedia se produjo el pasado 16 de junio en la mina de carbón San Fernando del municipio de Amagá (noroeste), donde murieron 73 mineros, mientras que la más reciente, un derrumbe en La Esperanza en Tasco (centro), dejó 2 obreros desaparecidos.
Ante la situación, el Gobierno pidió que se revisen 571 títulos mineros en cerca de 203.000 hectáreas.
Otro país en el que las malas condiciones laborales quedaron evidenciadas es Chile, en donde el pasado 13 de octubre se completó el rescate de 33 mineros que permanecieron 70 días atrapados bajo 700 metros de tierra en la mina San Jose (norte).
Chile, que pese a ser el primer productor mundial de cobre y nitratos, no ha ratificado el convenio 176 de la OIT y en lo que va de año han fallecido 32 trabajadores.
A raíz del accidente, el Gobierno anunció cambios en la normativa legal y mejoras en la fiscalización.
Estados Unidos no escapa a los problemas y en abril sufrió su accidente más grave en 40 años, cuando 29 trabajadores murieron atrapados en una mina en Virginia Occidental.
En 2006, cuando se registraron 33 muertes, el Gobierno aprobó una ley que impuso normativas como que los mineros lleven tanques con dos horas de oxígeno o que exista un equipo de emergencia a un máximo de una hora de distancia.
México, que en febrero de 2006 perdió a 65 mineros tras una explosión en Coahuila (norte), permanece en una crisis minera, ya que el Gobierno no reconoce al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos, Napoleón Gómez Urrutia, quien es acusado de malversar 55 millones de dólares y desde su refugio en Canadá promueve huelgas en el sector.
En República Dominicana, donde en 2006 murieron cuatro obreros asfixiados en una mina de larimar, las organizaciones ambientales han manifestado su oposición a la actividad minera.
En Venezuela, donde la minería está casi en su totalidad en manos del Estado, persiste la explotación ilegal, que en agosto pasado causó la muerte a 6 personas que trabajaban en una mina de oro abandonada en el sur del país.
La minería en Perú representa el 60% del volumen de sus exportaciones, pero, además, es una cantera de problemas sociales: según la Defensoría del Pueblo, de los 270 conflictos del pasado año, un 70% estuvo relacionado con esa industria. En 2009, 53 mineros fallecieron.
Entre 2009 y lo que va de 2010, 22 obreros han muerto en el Cerro Rico de Potosí, mientras que los sindicatos bolivianos han denunciado condiciones de explotación e inseguridad en las que trabajan.
Los accidentes en el sector no son frecuentes en Brasil, debido, en gran parte a que la mayoría de minas es a cielo abierto: de 2.661, solo 47 son subterráneas y 17 mixtas.
En tanto, en Argentina las manifestaciones de los ecologistas han frenado explotaciones a cielo abierto, como fue el caso de una mina de uranio en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003.
Hace poco, tras el accidente en Chile, el sindicato de mineros reclamó que se acentúen los controles de seguridad, en un sector que en 2009 alcanzó exportaciones por 2.851 millones de dólares y creó 8.000 nuevos empleos.
Por otro lado, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, decretó el primer día de su Gobierno una moratoria indefinida a la minería metálica y, además, se impulsa una reforma al Código de Minería para que quede totalmente cerrada la posibilidad de que se instalen nuevos proyectos.
En Nicaragua existe una superficie concesionada que representa el 6,32% del territorio para exploración y explotación minera.
Por su parte, en Panamá se busca impulsar la actividad y atraer la inversión extranjera, pero los indígenas han denunciado que sus vidas peligran por la destrucción de los bosques y la contaminación de los ríos debido a proyectos mineros de oro y cobre.
En mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a las autoridades guatemaltecas detener temporalmente las actividades en la mina Marlin, que extrae un promedio de 250.000 onzas de oro y 3,5 millones de onzas de plata por año, en respuesta a un pedido de dos comunidades indígenas que denunciaron daños a la salud y al medio ambiente.
Entre tanto, la Mesa Nacional frente a la Minería de El Salvador dijo a Efe que las organizaciones que se oponen a la explotación minera denuncian daños derivados de la actividad de la compañía Commerce Group en las minas San Sebastián (La Unión, este) y San Cristóbal (San Miguel, este) para extraer oro y plata, así como de la empresa Pacific Rim en el departamento de Cabañas (centro).
En Honduras, que exportó el año pasado 50,8 millones de dólares en oro, plata, plomo y zinc, ambientalistas y pobladores han denunciado que la mina que operaba la canadiense Entre Mares, en el centro del país, contaminó fuentes de agua y otros recursos naturales.