Desde el cerro de “Los Coyotes”, la vista se extiende a San José del Progreso, La Noria de Ortiz y a esta agencia, entre otras comunidades. Zonas áridas pero también con un centenar de invernaderos dispersos y por lo menos una media docena de presas, que alimentan cultivos y a la población.
Un cuerpo de agua artificial de mayor tamaño llama la atención: es el embalse de jales de la Compañía Minera Cuzcatlán, que recoge aguas residuales con tóxicos de la mina en San José.
“Es una ‘bomba de tiempo’; no sabemos cuándo va a explotar, pero de que sucede, sucede. Tiene muchos químicos mortales que no solamente va a matar nuestros animales, sino acabar con nuestros cultivos y contaminar el subsuelo”, dicen los campesinos de Monte del Toro.
Y en medio de su temor, un funcionario de la Procuraduría Agraria en lugar de proteger al campesino, favorece a la minera y presiona para que los ejidatarios vendan sus tierras a la empresa, denuncian.
TIERRA PRÓDIGA
Ésta es agencia de Ejutla –municipio de la región Valles Centrales del estado–, cuya pequeña población vive en su mayoría del cultivo de tomate en invernaderos; tan sólo aquí hay más de 100 estructuras que iniciaron actividades hace más de una década.
Ello ha impedido la migración, pues contrario a otros pueblos del mismo distrito de Ejutla, aún hay varones en las calles y en el campo.
Desde septiembre pasado los ejidatarios comenzaron a enfrentar una serie de problemas debido a que la minera de San José, distante a un kilómetro y medio, presiona al Comisariado de Bienes Ejidales para que les venda una porción de territorio a fin de extender sus exploraciones.
Y como no lo ha logrado, en contubernio con un funcionario federal, presionan a su núcleo agrario La Noria de Ortiz, para que se separen del comisariado y creen su propio órgano y así poder vender sus tierras a la compañía que se encuentra en expansión. “Nos intentan dividir para lograr su propósito”, dicen.
“NO VAMOS A CEDER”
De acuerdo con el presidente del Comisariado de Bienes Ejidales, Raúl Castellanos Hernández, el problema inició el 17 de septiembre, cuando los llamaron a las oficinas de la Procuraduría Agraria, donde les dijeron que la minera Cuzcatlán quería comprarles unas tierras.
En particular el subdelegado de Conciliación Agraria, Alfredo Ramírez Gómez, quien reiteradamente ha acudido a Monte del Toro para tratar de convencerlos de vender terrenos; “no le comenten esto a su gente, no me los alborote usted”, fue la petición del funcionario.
“Lo sometimos a asamblea, y ésta dijo que no, que no iba a ser posible; preguntamos quién quiere usufructos de la mina y repitieron que nadie; no entendemos por qué esa persona está insistiendo que vendamos, si su función principal es proteger a los campesinos, no a las empresas”, refiere.
Expone que dicha persona ha insistido ahora en que se separe el núcleo agrario de La Noria de Ortiz, localidad vecina también agencia de Ejutla, que forma parte de los Bienes Ejidales, pues con ellos ven mayores probabilidades para poner en marcha un nuevo proyecto minero, denominado “Trinidad Norte”.
El 14 de enero los ejidatarios sostuvieron una nueva reunión de trabajo, donde la comunidad reiteró que no se admite la separación ni la venta de terrenos. El 27 de este mes tenían programada otra asamblea, pero decidieron suspenderla por la insistencia del funcionario federal de inmiscuirse en sus asuntos internos.
TEMEN CONTAMINACIÓN
El campesino Felipe Soto refiere que el temor de los pobladores, y sobre todo los propietarios de los invernaderos es que se contaminen los mantos freáticos y con ello echarían a perder los cultivos.
“Nosotros queremos arreglar todo por la vía pacífica, no queremos problemas; simplemente que no se metan con nosotros, que nos respeten”, agrega.
Expone que en la zona aledaña a minera Cuzcatlán hay presas en San Martín de los Canseco, San José del Progreso, La Noria de Ortiz, además de El Vergel, Praxedis de Guerrero, por mencionar algunas.
“Estamos en pie de lucha, que no nos invadan; estamos unidos más de nueve comisariados en la zona, para que no nos contaminen”, refuerzan Félix Hernández Muñoz y Carmelo Hilario Canseco, quienes reiteran que si persiste el funcionario de la Procuraduría Agraria, Alfredo Ramírez, será denunciado penalmente, y en su caso retenido si ingresa a Monte del Toro. “Que se vaya, no queremos más acosos”, concluyen.
Es territorio prohibido
La preocupación llevó a los campesinos a buscar el apoyo de distintas organizaciones sociales y también la unión con otros pueblos de los distritos de Tlacolula, Ocotlán y Ejutla. Fue así como firmaron una declaración que denominaron “Territorio prohibido para la Minería”, y que fue presentada a inicios de diciembre del año pasado.
El documento fue signado desde el 8 de noviembre por Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac.
Lo anterior significa que ninguna empresa nacional o extranjera podrá incursionar en dichas localidades y municipios para explotar yacimientos.
De acuerdo con el Comité Estatal Contra la Minería y la organización Educa, en los Valles Centrales hay 35 proyectos mineros:
San Pedro Totolapan
San José del Progreso
San Pedro Quiatoni
San Jerónimo Taviche
Santa María Atzompa
San Francisco Telixtlahuaca
Magdalena Teitipac