La explotación minera en México es uno de los grandes temas del país al arrancar el siglo XXI.
Para la Cámara Minera de México (Camimex) la importancia se debe a que su sector se ha convertido en la cuarta actividad generadora de divisas, por debajo de la industria automotriz, el petróleo y las remesas y porque genera empleos y “desarrollo” en las zonas de explotación minera.
A grandes rasgos, la versión del gobierno (tal como lo expresaban funcionarios calderonistas) era idéntica a la del sector minero: destacaban que México se había convertido en una de los destinos estelares de la Bolsa de Toronto, donde cotizan las principales empresas globales de este sector.
No obstante, poco se ha debatido nacionalmente las consecuencias sociales que el negocio minero acarrea a cientos o miles de comunidades, pueblos, y ejidos del país.
Dicho sin rodeos, les está trastornando y matando la vida a miles de mexicanos sin que hasta ahora las autoridades tomen en serio dichas denuncias
Por el contrario, las autoridades del país, de todos los niveles, se ponen a disposición del negocio minero, sin tomar en cuenta las denuncias de sus propios gobernados.
Esto a pesar de que hace años los pueblos y comunidades han hecho públicos los perjuicios que les acarrea las explotaciones mineras.
Pero la acumulación y seriedad de las denuncias son tales que ahora incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (del Consejo Económico y Social de la ONU) no sólo tomó en serio las denuncias que cientos de comunidades han hecho públicas contra empresas mineras, sino que enviaron a un relator quien llevó a cabo una investigación en el país.
De esa inspección resultó el documento: “Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias”, el cual se presentó en el 12º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, celebrado entre 20 y 31 de mayo en Nueva York.
Después de escuchar a empresarios, autoridades y comunidades, a grandes rasgos, el estudio de la ONU manifiesta su preocupación por que el negocio minero se lleva a cabo sin que las comunidades indígenas o rurales (donde se asientan las principales explotaciones mineras) sean informados y consultados previamente.
No solo eso. Son tan serias las denuncias de que las empresas mineras promueven la división y el hostigamiento contra pobladores que se oponen al despojo de su territorio, que el redactor del documento de la ONU consignó que dos de las personas que entrevistó en Oaxaca, Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez, fueron asesinados tiempo después de las entrevistas.
La ONU hace serias recomendaciones el gobierno mexicano para que tome en cuenta a las comunidades antes de autorizar negocios mineros, le pide modificar su legislación y pide hacer partícipes a los pueblos en la explotación de estos recursos.
Es menos de lo que muchos pueblos que padecen las explotaciones mineras han pedido en los últimos años, pero sería lamentable que ni siquiera estas recomendaciones tomara en cuenta el gobierno mexicano.