Los planes del Gobierno para atraer inversión extranjera al sector minero se alterarán con la salida de la canadiense Kinross del mayor proyecto aurífero del país, Fruta del Norte, en Zamora. El tiempo que demandará ponerse de acuerdo con la empresa para revertir la concesión, reconocer las inversiones realizadas y buscar a una nueva compañía que desarrolle este yacimiento con 6,8 millones de onzas de oro, puede llevar varios meses, a menos que el Gobierno tenga listo un plan B y lo esté negociando directamente con alguna empresa estatal.
¿Por qué estatal? Porque el espacio para negociar con una empresa privada se ha reducido al mínimo. La prueba de fuego para atraer inversión privada y desarrollar la minería a gran escala en Ecuador era la firma del contrato con Kinross, la cual ha quedado descartada.
La reforma minera, aprobada el jueves pasado en la Asamblea, ofrece pistas de cómo se moverá el Régimen, que es lo mismo que ha hecho en los últimos seis años: entregar los grandes contratos a empresas estatales, sin licitación.
Esta práctica, que en principio es legal y se puede aplicar de manera excepcional, ha sido ampliamente utilizada en los sectores estratégicos. Y la minería no será la excepción. Producto de esa práctica, la participación de estatales chinas ha venido en aumento en telecomunicaciones, petróleo y electricidad. En minería, tres de los cinco proyectos ‘estrella’ del Régimen ya están en manos chinas, mientras que Fruta del Norte regresará al Estado próximamente. Así, la minería a gran escala dependerá de lo que puedan invertir las empresas estatales, básicamente chinas.