Aunque falta la aprobación del Congreso, la reforma fiscal del presidente mexicano tiene como fin combatir la desigualdad del país.
(Pulso) Varios sectores se oponen al plan de reformas estructurales del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
A las protestas de los profesores por la aprobación de la reforma educativa- que los someterá a evaluación-, se suma la amenaza de una parte del sector minero: si la reforma fiscal llega a aprobarse por el pleno del Congreso, y sus empresas se ven obligadas a pagar un 7,5% en impuestos al fisco, retirarán sus inversiones.
La propuesta del gobierno es que “paguen los que tienen más” para ampliar la base tributaria del estado e invertir en el sector social, argumentando que México ha sido demasiado generoso con las mineras por mucho tiempo.
El gerente de la empresa de exploración canadiense en México Riverside Resources, John-Mark Staude, afirmó a Reuters que ya ha retirado 45% de sus operaciones en el país desde que las discusiones acerca del nuevo esquema tributario empezaron hace dos años, y amenazó con hacer lo mismo con la mitad de las inversiones restantes si el impuesto es aprobado. “No es una sentencia de muerte, pero en este momento los inversionistas no están dispuestos a tomar ese riesgo”, advirtió.
A diferencia de pares regionales como Brasil y Perú, que ya han impuesto esquemas de royalties mineros adicionales al cobro de un impuesto a la renta de más de 34%, México sólo cobra a las mineras un tributo del 30% sobre sus ingresos.
Sin embargo, en una carta dirigida a Peña Nieto, el presidente de la Cámara Minera de Comercio (Camimex), Humberto Gutiérrez-Olvera sostiene que, “al contrario de lo que se ha dicho, la industria sí paga impuestos en la forma de “derechos mineros por hectárea concesionada”, un monto superior en 37% al estimado por la Secretaría de Hacienda para ese año”. Y agregó que la industria en el país no cuenta con estímulos fiscales o estabilidad tributaria como sus competidores en Argentina, Brasil, Chile y Perú.
La minería se ubicó como el cuarto sector industrial que más divisas generó en 2012, después de la industria automotriz, la electrónica y del petróleo, según el informe anual de la Cámara de Minería de México. Aún así, el economista jefe de Bank of America para ese país, Carlos Capistrán, no cree que sea el mejor momento para gravar a las mineras, puesto que la industria ha sufrido una desaceleración en el último año producto de la crisis mundial. “La reforma fiscal, presentada en la forma de gravar a distintos sectores por separado afecta los incentivos a la productividad, distorsiona los mercados y no es una forma neutral de recaudación”, aseguró a PULSO.
El domingo el mandatario dio a conocer su propuesta de reforma fiscal de 2014, entre cuyas medidas están gravar a las bebidas azucaradas para combatir la obesidad y a los plaguicidas y combustibles con contenido de carbono con el fin de proteger el medio ambiente.
El cientista político de la UAM, Jorge Castillo, sostiene que pese al reclamo de las mineras, es poco probable que el gobierno dé marcha atrás a este proyecto. “La amenaza de retirar las inversiones es una medida de presión, pero no creo que frene el mecanismo impositivo porque la minería es un sector muy activo en la economía”, recalcó.