Lo que hay detrás del acuerdo de tierras entre Petaquilla Minerals e Inmet Mining en la Provincia de Colón.
Según informes presentados a la SEC (la agencia reguladora de valores de Estados Unidos), Petaquilla Minerals tiene concesiones que suman más de mil kilómetros cuadrados destinados a la minería.
Panamá tiene un nuevo “distrito” que abarca territorios de dos provincias (Colón y Coclé), así como densas zonas boscosas protegidas por la ley, pero que eventualmente serán devastadas.
El nuevo distrito no aparece en el mapa político oficial, pero inversionistas extranjeros tienen bien clara su ubicación: Es el “distrito minero de Petaquilla”, también conocido como “Petaquilla Mining District”, según informes de la empresa Petaquilla Minerals, Ltd., su promotor internacional.
La nueva denominación del distrito colonense de Donoso y zonas adyacentes está recogida en presentaciones de Petaquilla Minerals a empresarios de Canadá, Estados Unidos, foros financieros de inversión –como el Investorshub– y hasta en publicaciones del Club de Inversores Chinos.
Es un “distrito” que la empresa califica de “remoto y subexplotado” y que tiene “el potencial de convertirse en la próxima mayor región minera de América Latina en los siguientes cuatro años”.
“Inmet Mining [antigua dueña de Minera Panamá] planea poner en producción el tercer mayor depósito de cobre en el mundo”, dice Petaquilla en su página web.
La operación de las mineras en Donoso abarca unos 136 kilómetros cuadrados, y aprobada por la Ley 9 de 1997, bajo la administración de Ernesto Pérez Balladares. Este contrato ampara la explotación de Petaquilla Gold –liderada por Richard Fifer– y Minera Panamá, cuyos dueños son el Estado coreano (20%) e inversionistas canadienses (80%).
Petaquilla Gold es filial de Petaquilla Minerals, Ltd., y extrae el oro de Donoso. Minera Panamá es subsidiaria de Inmet, adquirida en abril pasado por First Quantum Minerals, la mayor minera de Canadá.
Gigantesca concesión
Pero los 136 kilómetros cuadrados del Contrato-ley 9 solo representan una pequeña fracción del “distrito” del que habla Petaquilla Minerals Ltd., pues asegura poseer derechos sobre casi 10 veces el tamaño de su concesión. Al menos eso es lo que proyecta el mapa de concesiones que presenta a inversionistas y que reproduce Inmet en su página web (ver mapa).
Un informe de Petaquilla Minerals Ltd. ante la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos –la agencia oficial reguladora de la industria de valores en ese país– asegura que la empresa tiene los “derechos de exploración y explotación de 842 kilómetros cuadrados en el área”. Otro informe técnico indica que los 842 kilómetros están “alrededor” de la mina de oro y de cobre de Minera Panamá.
El reporte, certificado por la consultora internacional Behre Dolbear, concluye que “no tiene ninguna razón para inferir que la información utilizada en la preparación del informe es inválida o contiene tergiversaciones”. Este documento a la SEC expira el 31 de marzo de 2014.
Pero hay incongruencias en la información que presenta Petaquilla. Por un lado, sus documentos reflejan que posee 23 polígonos para explotación minera que abarcan 842 kilómetros cuadrados. Pero, al revisar el mapa utilizado en sus presentaciones –incluido el entregado a la SEC– los supuestos polígonos (incluidos los 136 kilómetros cuadrados del Contrato-ley 9) suman mil 51 kilómetros cuadrados.
Esta cantidad de tierras, destinada a la extracción minera, equivale a casi el 1.5% de todo el territorio nacional o un poco más que el distrito de Santiago de Veraguas –de 970.9 kilómetros cuadrados– o a más del doble de la isla de Coiba (de 493 kilómetros cuadrados), la isla deshabitada más grande del Pacífico centroamericano, o 21 veces el distrito de San Miguelito (50 kilómetros cuadrados).
Y las incongruencias no terminan allí. Según el Registro Minero del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), Petaquilla solo posee las tierras que le cedió el Contrato-ley 9, es decir, 136 kilómetros cuadrados.
Petaquilla, en silencio
Este medio intentó obtener una explicación de Petaquilla, pero durante más de un mes, se negó a hablar.
Este diario hizo tres acercamientos por correo electrónico a Augusto Batista, gerente de la mina –con copia a Rodrigo Esquivel, director, presidente y tesorero de Petaquilla Gold– y a Leonor González, asistente de Fifer. Todo fue inútil.
Este medio también dejó una carta en la oficina de Petaquilla en Panamá (en la que pedía una entrevista), la cual respondió telefónicamente Maricruz Obaldía (asistente de Esquivel) para decir que él contestaría, pero que antes necesitaba las preguntas.
Aclararon que, en cuanto a las tierras, habían hecho un acuerdo con Minera Panamá y necesitaban “pedir su autorización”.
Se envió un cuestionario, que tampoco respondieron, y luego tres correos electrónicos, así como varias llamadas telefónicas.
En un último esfuerzo, el sábado previo a esta publicación se les reiteró la solicitud por correo electrónico. Nunca respondieron.
Su actitud contrasta con la elocuencia utilizada en foros internacionales donde promueven su “distrito minero”, que describen como una buena oportunidad de negocios.
Las tierras para la minería que Petaquilla impulsa están en la reserva forestal de Donoso (Colón) y cubren casi todo el Parque Omar Torrijos, (Coclé), ambas, áreas protegidas.
Ello, sin contar que toda la zona minera interrumpe el Corredor Biológico Mesoamericano, cuya conexión es vital para conservar especies en peligro de extinción.
Desentendidas
La magnífica concesión que promociona Petaquilla en documentos ante la SEC es información que se guardan las autoridades locales.
Por ejemplo, se desconoce cuánto ha pagado Petaquilla en regalías al Estado panameño por tener derecho de explotación minera en zonas boscosas protegidas.
También se desconoce qué mecanismo usó para adquirir 19 de los 23 polígonos que alega poseer –cuando su contrato solo abarca cuatro– o si compitió por ellos o si los obtuvo de forma directa.
Tampoco se sabe si ha hecho alguna consulta ciudadana o el trámite legal que ampara la supuesta cesión del 1.5% del territorio nacional a manos de empresas vinculadas a un solo dueño.
Ricardo Quijano, titular del Mici, se negó a hablar del tema con este diario. El medio se comunicó en cuatro ocasiones con su departamento de relaciones públicas, visitó su despacho, le envió dos correos electrónicos y le solicitó telefónicamente una entrevista varias veces.
En un último intento se le dejó una solicitud formal de información, amparada en la Ley de Transparencia. El ministro respondió de forma escueta casi un mes después. Y debido a lo lacónico de sus respuestas, este diario se vio obligado a pedirle más explicaciones, pero sin éxito.
Incongruencias
El Registro Minero en la página web del Mici tiene dos formas de presentar su información: archivos de excel, con el listado de las solicitudes y contratos, y un mapa en formato AutoCad, que ubica geográficamente los contratos y solicitudes de concesiones mineras.
El mapa, además de ser inaccesible para la inmensa mayoría de los ciudadanos, es confuso. Según el listado, Petaquilla Minerals, S.A. ha hecho seis solicitudes para explorar oro en un total de 747 kilómetros cuadrados.
Cuatro de esas seis solicitudes abarcan 506 kilómetros cuadrados, ubicados en dos comunidades de Colón y tres en Coclé. Estas solicitudes están en evaluación, ya que tienen oposición [de terceros o de empresas], dijo el ministro en su escueta respuesta.
A los otros dos trámites, que suman 241 kilómetros cuadrados en Donoso, se les dio elegibilidad y se tramita su contrato.
Las seis solicitudes coinciden con la ubicación de varios polígonos que Petaquilla muestra a los inversores como su concesión.
Un mapa del Registro Minero de 2011 –el último al que pudo acceder este diario– muestra la concesión vigente de Petaquilla (Contrato-ley 9) con 17 polígonos colindantes solicitados, pero Petaquilla los muestra todos como “su” concesión.
En el mapa oficial, varios polígonos –que no aparecen en el listado del Registro Minero del Mici– han sido pedidos por Petaquilla para su exploración.
Es decir, el listado y el mapa contienen incongruencias, por lo que no se sabe con certeza qué cantidad de tierras reclama Petaquilla.
De cualquier manera, esta empresa solo cuenta con una concesión vigente: la aprobada por el Contrato-ley 9 de 1997, que es el de extracción de oro, así como la de cobre, de Minera Panamá. El resto de los polígonos –que no se sabe con exactitud cuántos son– no forma parte de su concesión, pese a lo que ha afirmado Petaquilla a la SEC, a sus inversores y a sus potenciales inversionistas.
Su contrato, empero, sí es generoso: le permite a Petaquilla ocupar territorios fuera de su concesión, que sean “útiles para la vida del proyecto”.
Además, al margen de su contrato, el Código Minero establece que si una empresa obtiene un contrato de exploración en una zona, y luego solicita extraer mineral en ella, el Estado esta “obligado” a otorgarlo.
Confusión en la Anam
En la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) no se creen que Petaquilla tenga, según el cálculo de la propia empresa, 842 kilómetros cuadrados de tierras para la minería. “No pueden ser 840 kilómetros, tienen que ser 840 hectáreas. ¿Tu sabes lo que son 840 kilómetros?”, preguntaba asombrado su administrador, Silvano Vergara, a este medio.
“Debe haber un error son 840 hectáreas. Debe haber un error” –reiteró– “no cometas el error de… de hecho no pueden ser 840 kilómetros, de ninguna manera”.
Pero este medio encontró en los archivos de la Anam, en el estudio de impacto ambiental aprobado para la mina de oro de Molejón, un mapa aportado por Petaquilla Gold que muestra los 23 polígonos supuestamente “concesionados”. Es el mismo mapa que muestran a sus inversionistas y a la SEC; aún cuando, según el Mici, su única concesión es de 136 kilómetros cuadrados.
El documento dice, además, que hay “ciertas concesiones mineras adyacentes, propiedad directa o indirecta en un 100% de Petaquilla Minerals Ltd”. Aunque, por otro lado, se refiere únicamente a la concesión de Petaquilla, de 136 kilómetros cuadrados.
El que sí lo tiene claro es el Club de Inversionistas Chinos: “la tenencia de la tierra está en una posición perfecta para enviar los concentrados a bajo costo a Europa, Asia y Norte América”, dicen.
Contrato con INMET
Petaquilla Minerals, Ltd. e Inmet Mining firmaron en febrero pasado un contrato de 150 millones de dólares en el que está por verse si la transnacional se quedará con los más de 800 kilómetros de tierras colindantes con su concesión de cobre. Se pactó, según un comunicado, que Petaquilla cedería a Inmet los nuevos contratos que le otorguen de las solicitudes que tramita en el Mici: seis, por un total de 747 kilómetros cuadrados.
Como Inmet fue adquirida por First Quantum, los ricos yacimientos minerales de Donoso se sumarían a sus operaciones en África, Europa, Australia y Suramérica, con lo cual se convertiría en el principal productor de cobre.
Este diario gestionó una entrevista con Minera Panamá S.A. –subsidiaria de Inmet– durante más de un mes, y tras múltiples intercambios de correos se limitaron a responder por email la pregunta si ¿obtendría las concesiones de exploración de Petaquilla? “Solamente parte de las áreas de concesión que se le concedan”, dijo.
La forma en la que el Mici y las mineras informan a la ciudadanía sobre el uso de las tierras del país es cuestionado por el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).
“Es necesario que las autoridades, en este caso el Mici, brinden con claridad la información del área total a ser concesionada”, dijo Tania Arosemena, su directora legal.
“Necesitamos que la población conozca qué áreas le están siendo cedidas para el desarrollo de este tipo de actividades…”, recalcó.
Glosario minero
LEY 9 DE 1997
Es el contrato de explotación en 13 mil 600 hectáreas en Donoso, de Petaquilla Gold y Minera Panamá. Vence en 2017, prorrogable a 40 años.
PETAQUILLA GOLD
Filial de Petaquilla Minerals Ltd. Extrae oro desde 2009.
PETAQUILLA MINERALS LTD
Holding de 5 empresas –que encabeza Richard Fifer– de minería e infraestructuras.
MINERA PANAMÁ
Subsidiaria de Inmet Mining, construye la mina de cobre. Fue adquirida en abril por First Quantum. Sus dueños son canadienses (80%) y el Estado coreano (20%).
DOS DEMANDAS
Por inconstitucionalidad contra la Ley 9 de 1997. Se espera fallo de la Corte Suprema, desde 2009.