Poseedoras de concesiones que abarcan la mitad del territorio nacional, las compañías mineras trasnacionales, en especial las canadienses, tienen absoluto dominio sobre todos los recursos naturales, renovables y no renovables ubicados en los territorios autorizados… y más allá, porque no hay autoridad federal, estatal, municipal o ejidal que las controle y menos aún que las someta.
El modelo de desarrollo “extractivista” que se aplica para obtener el mayor lucro posible ha sido implantado desde hace décadas por las mineras trasnacionales sin verificación o supervisión alguna, lo que ha dejado a lo largo y ancho de México la destrucción sistemática de ecosistemas completos, sin que ninguna de las compañías haya sido responsabilizada de resarcir los daños causados no sólo al medio ambiente, sino a comunidades completas que no reciben beneficio alguno por la destrucción de su hábitat.
Conocidos como “Proyectos de Muerte”, las trasnacionales mineras han desarrollado esquemas de producción que contaminan y envenenan las tierras donde medran, sin que respondan ante autoridad alguna por el ecocidio y etnocidio que cometen y a cambio del cual pagan impuestos insultantes como los miserables salarios que pagan a cientos de miles de trabajadores a su servicio, todos desprotegidos de las leyes laborales, que burlan mediante abogados expertos en encontrar las muchas lagunas que en la materia tienen las leyes mexicanas.
Consideradas expertas en corromper a todo tipo de autoridad, las mineras trasnacionales, básicamente las canadienses, se han apoderado literalmente de estados completos, y han creado un emporio minero prácticamente intocable que vulnera abiertamente la soberanía nacional sobre los recursos naturales, sean o no minerales, según insistente denuncia de la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
El investigador indigenista Gerardo Pérez Muñoz, de la UNAM y participante en el Foro “Proyectos de Muerte y Territorio Nacional” por la Universidad Autónoma de Puebla, convocado por colectivos, organizaciones y redes sociales, asentó que actualidad más de 10 minas se han comenzado a explotar en Puebla de las 312 concesiones que liberó el gobierno calderonista traerá como consecuencia el ecocidio y etnocidio de las culturas originales.
Solamente en la región de la Sierra Norte, compuesta por 64 municipios, se verán afectados más de 700 mil pobladores por empresas trasnacionales, como Frisco, JBC Minerals, Almaden Minerals, Proyecto Integral Morelos, en la región de las Cholulas y Atlixco, así como la fase del comienzo de una hidroeléctrica en Xochitlán de Vicente Suárez, a cargo de Ingdeshidro Eléctrica SA.
Los permisos otorgados a esas mineras van desde la excavación de minas a cielo abierto hasta termoeléctricas, gasoductos, hidroeléctricas, proyectos eólicos y autopistas, lo que muestra el poderío económico que concentran y la capacidad de disuasión que ostentan frente a cualquier tipo de autoridad que, regularmente, se someten voluntariamente en aras de captar inversión “productiva”.
Ante esa fuerza trasnacional, dijo el investigador, solamente la sociedad organizada puede enfrentar y frenar la destrucción ambiental que provocan, por lo que es vital que las organizaciones sociales, campesinas y ciudadanas a conformen un frente nacional en defensa del territorio, el agua y los recursos naturales, pues aseveró que desde Baja California hasta Chiapas hay focos rojos en la creación de estos “proyectos de muerte” que ponen en riesgo la vida de los pobladores.
El gobierno federal logró liberar en un sólo año 312 concesiones para el estado de Puebla con lo que la explotación de minería a cielo abierto en México ocupa 60 millones de hectáreas, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas.
Basta referir que en la zona de Atlixco, donde atravesará el Gasoducto Morelos, el gobierno estatal está sobornando e intimidando a las autoridades municipales y auxiliares para que liberen los permisos de derecho de vía del ducto, práctica común que impulsan las mineras canadienses, porque a cambio de los permisos el gobierno poblano liberará las cuentas públicas de los alcaldes que van de salida ante el Órgano de Fiscalización Superior.
Como ejemplo citó que es el caso de los ediles de Actipan, Cohuecán, Tochimilco y Atlixco.
Para colmo el gobierno estatal está pagando al campesino la miserable cantidad de 12 pesos por metro cuadrado de tierra o menos, según se deje el campesino.
Con este método se violenta en todo el país a las comunidades que se resisten a estos proyectos que depredan el hábitat, contaminan el suelo y agua y generan la transculturización de las costumbres de las comunidades indígenas y al mismo tiempo depredan flora y fauna inescrupulosamente.
Por lo pronto y ande el embate que en Puebla encabezan las mineras referidas, se creó un colectivo conformado por Eco Tuzuapan, San Luis Ecológico, Ucizoni, Tetela hacia el futuro, Con–ciencia, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Miocup–CNPA, Comité en Defensa de Ixtacamaxtitlán, Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas.
Además participan , Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa del Río Nautla, Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, Maíz, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, además de la participación de la senadora perredista Iris Vianey Mendoza y los delegados federales en Puebla de la Conafor, Profepa, Semarnat, Conagua y del INAH.
Los efectos de la megaminería con una visión rapaz del mundo a cargo de las empresas mineras trasnacionales ha propiciado el surgimiento del Movimiento Mesoaméricano contra el Modelo Extractivo Minero en el que participa igualmente la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que se suma a otras manifestaciones y movilizaciones sociales contra el el Plan de Acción sobre Mercados Globales del primer ministro canadiense Stephen Harper.
El nivel de afectación del Modelo Extractivo Intensivo que promueven las mineras canadienses, ha dado lugar, incluso, al surgimiento de colectivos sociales en Canadá que han efectuado foros se han dado en el propio Canadá (como la iniciativa de agosto de 2012 del primer Día de Acción Continental Contra la Industria Extractiva Canadiense). Ahí también ecologistas, activistas y ciudadanos ponen a sus comunidades, ciudades y bosques como ejemplo de lo que la megaminería está causando.
Incluso la organización Mining Watch (Vigilancia a la Minería) es una iniciativa respaldada por organizaciones ambientalistas, laborales, indígenas y por la justicia social considera una necesidad poner freno a esa industria de extracción intensiva ante los efectos en el medio ambiente y las comunidades en Canadá y el mundo.
Esta organización se ha movilizado porque en el propio Canadá hay minas en producción desde hace más de 100 años, lo que ha implicado un daño ambiental considerable e irreversible.
Hoy la minería canadiense produce en su país 650 millones de toneladas de desechos y tiene diez mil minas abandonadas, cuya rehabilitación solo les costaría 260 millones de Euros, una cifra muy pequeña comparada con las ganancias de las empresas, refieren datos de Mining Watch.
Para colmo las corporaciones dejan muy pocos impuestos a los gobiernos de las provincias. En Ontario se recibe sólo el uno por ciento del valor bruto de la minería.
Canadá es un país rico en minerales: potasio, uranio, aluminio, cobalto titanio, platino y diamantes. Actualmente tiene más de 100 minas de metal abiertas. En ellas trabajan 418 mil personas y aportan 52 mil millones de dólares al PIB. Canadá es el la matriz de más del 70 por ciento de las empresas mineras del mundo.
Durante el gobierno del primer ministro Stephen Harper se han reformado más de 100 leyes ambientales como la Ley C-38 y C-45 para limitar la participación de grupos ecológicos y comunidades en las regulaciones ambientales y se han hecho más laxas las leyes sobre tierras navegables, protección de aguas, pesca y materiales peligrosos.