María de Lourdes Armenta Solís, integrante de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz), calificó como un “saqueo a la nación y daño al medio ambiente” las concesiones para minas que fueron otorgadas en los últimos dos años por la Secretaría de Economía.
Manifestó que la gran parte de las compañías mineras que hay en el país, pertenecen a extranjeros y el gobierno federal permite que se haga la explotación de recursos minerales sin importar el daño que causen al medio ambiente.
Expuso que aparte de que la minería se convierte en un conflicto social, los daños a los mantos de agua son irreversibles por los residuos ácidos, que envenenan el líquido.
“Hemos visto a lo largo de este tiempo cómo se dañan comunidades, un ejemplo es Carrizalillo”, abundó.
Recalcó que no se puede hablar de progreso en los pueblos cuando las grandes trasnacionales mineras “saquean nuestro país y los pueblos siguen igual de pobres”.
Por su parte la ambientalista Obdulia Balderas Sánchez expresó que “hemos visto pueblos como el Real de Guadalupe, aquí en el municipio, donde hubo una mina de oro; los niños tenían llagas en la piel y por donde pasaba el río quedaba la tierra muerta por el alto grado de azufre, y de eso ya tiene muchos años”.
Recalcó que no se puede hablar de progreso en los pueblos cuando las grandes trasnacionales mineras “saquean nuestro país y los pueblos siguen igual de pobres; el gobierno es lo que ha hecho siempre, no sabe el daño que causa al medio ambiente y sobre todo a la salud”.
Balderas Sánchez sentenció que si bien hay concesiones, es restringido el permiso de operación de minas por la fuerte inversión que se realiza, pero que “engañan a la gente diciéndole que le pondrán escuelas, clínicas de salud, y al final el minero y su familia sigue, igual de pobre”.