La Policía Nacional del Perú (PNP) estaría recibiendo más de un millón de soles a nivel institucional por resguardar a las empresas mineras, bajo el rubro «recursos directamente recaudados».
Así lo denunció Ruth Luque, abogada de la asociación Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) quién sostuvo que la suma es resultado de todos los convenios existentes entre las empresas y la PNP en el Perú,
“Esta dependencia económica es inaceptable en un Estado constitucional donde los policías deben estar al servicio de toda la población”, remarcó en una conferencia de prensa realizada el miércoles 26 de octubre.
Participaron de la conferencia de prensa Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jaime Borda, director de DHSF, y José De Echave, miembro de CooperAcción.
Todos ellos enfatizaron que aunque estén respaldados por la Ley, tales convenios permiten el abuso y la violación de los derechos humanos y desnaturalizan la función policial.
«En vez de resguardar y garantizar la seguridad de todos los peruanos, termina por convertirse en una especie de seguridad privada de la empresa minera» dijeron.
Las Bambas
l proyecto minero Las Bambas paga entre 100 a 110 soles diarios a los efectivos policiales que repriman las protestas sociales y custodien de manera exclusiva la integridad de la empresa.
Esto se confirmó al conocerse un oficio de la Región Policial del Cusco referido al convenio interinstitucional para la custodia del proyecto minero que opera en Cotabambas, departamento de Apurímac en el marco de la prestación de servicios extraordinarios complementarios.
El documento detalla que la empresa minera mantiene libros y registros contables de todos los pagos que efectúa a la PNP por un periodo no menor a tres años.
Como parte del acuerdo la Policía pone a disposición de la empresa al General PNP Directoral de la Región Policial Sur Oriente quien es el encargado del control, supervisión, coordinación, evaluación y planeamiento de las acciones.
Es decir, se coloca a un funcionario público al servicio de un privado, aun cuando sus funciones son pagadas por el Estado.
Asimismo, se establece un depósito en cuenta corriente (N° 002-161102172 del Banco de la Nación) del 0.11 por ciento de la Unidad Impositivia Tributaria (UIT) por hora, a nombre de la Unidad Ejecutora 0036 “X Dirección Territorial de Policía Cusco”.
Este recurso es directamente recaudado dentro de los primeros diez días de cada mes y no se dan a conocer públicamente.
La cláusula 5.1.7. indica que las operaciones policiales pueden realizarse fuera del área geográfica del proyecto. “El Jefe del Destacamento, ante cualquier contingencia, deberá dirigir las operaciones policiales…ya sea dentro del área de EL PROYECTO o, cuando las circunstancias lo ameriten, fuera de dicha área”, especifica el documento.
Uso de la fuerza
“La Policía Nacional hará uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos, cuando esté en riesgo inminente la vida del personal de LAS BAMBAS y/o sus contratistas” detalla el convenio.
Ese acuerdo estaría detrás de hechos violentos como la muerte del comunero Quintino Cereceda Huisa (42 años) quién falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza el 14 de octubre último.
Aunque la empresa afirma que no existe ningún tipo de vínculo laboral, ni dependencia, entre el personal de la PNP y LAS BAMBAS (cláusula 12.3.1.) los representantes de las asociaciones que brindaron la conferencia de prensa tienen una opinión diferente.
Sostienen que existiría un nivel de dependencia e incluso la empresa podría tener la condición de tercero civilmente responsable en la medida que su comportamiento tolera o promueve una conducta punible.
También con otras empresas
El caso del convenio policial con Las Bambas no es el único convenio que la Región Policial del Cusco ha suscrito en la zona sur del país.
Entre 2010 y 2014 se suscribieron convenios similares con la Compañía Minera Quechua, y la Compañía Minera Tintaya-Antapaccay, ambas en la provincia de Espinar.
Asimismo, con la empresa Minera Hudbay, a cargo del proyecto Constancia en la provincia de Chumbivilcas, también en el departamento del Cusco.
¿Cómo se obtuvieron los convenios?
Los documentos que confirman los convenios entre las empresas mineras y la PNP fueron obtenidos gracias a una acción de Habeas Data interpuesta por Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) el 1 de setiembre de 2014,
Luego de dos años el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) logró que la Región Policial Sur Oriente de Cusco entregue una copia de dichos convenios suscritos entre 2010 y 2014.
La información proporcionado no solo reconfirma la existencia de convenios, sino que brindan información sobre los objetivos y beneficios económicos que obtiene la PNP.
El objetivo de los acuerdos interinstitucionales, y de otros a nivel nacional, se producen en el marco de la aplicación de la Ley de la Policía Nacional del Perú (Ley N° 27238), y el Decreto Supremo N° 004-2009-IN, que reglamenta los Servicios Extraordinarios Complementarios a la función Policial.
Ellos permiten que la PNP preste servicios de vigilancia, seguridad y otros convenios en el área de influencia del proyecto minero.
Javier Jakncke, secretario ejecutivo de la Red Muqui exhortó a las autoridades competentes a modificar o derogar la normativa que permite este tipo de convenios.
De otro lado, cabe recordar que Oracio Pacori Mamani, congresista de Frente Amplio, presentó recientemente el Proyecto de Ley Nº 422 que propone prohibir a la Policía Nacional efectuar convenios de seguridad con entidades privadas.
También con otras empresas
El caso del convenio policial con Las Bambas no es el único convenio que la Región Policial del Cusco ha suscrito en la zona sur del país.
Entre 2010 y 2014 se suscribieron convenios similares con la Compañía Minera Quechua, y la Compañía Minera Tintaya-Antapaccay, ambas en la provincia de Espinar.
Asimismo, con la empresa Minera Hudbay, a cargo del proyecto Constancia en la provincia de Chumbivilcas, también en el departamento del Cusco.
¿Cómo se obtuvieron los convenios?
Los documentos que confirman los convenios entre las empresas mineras y la PNP fueron obtenidos gracias a una acción de Habeas Data interpuesta por Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) el 1 de setiembre de 2014,
Luego de dos años el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) logró que la Región Policial Sur Oriente de Cusco entregue una copia de dichos convenios suscritos entre 2010 y 2014.
La información proporcionado no solo reconfirma la existencia de convenios, sino que brindan información sobre los objetivos y beneficios económicos que obtiene la PNP.
El objetivo de los acuerdos interinstitucionales, y de otros a nivel nacional, se producen en el marco de la aplicación de la Ley de la Policía Nacional del Perú (Ley N° 27238), y el Decreto Supremo N° 004-2009-IN, que reglamenta los Servicios Extraordinarios Complementarios a la función Policial.
Ellos permiten que la PNP preste servicios de vigilancia, seguridad y otros convenios en el área de influencia del proyecto minero.
Javier Jakncke, secretario ejecutivo de la Red Muqui exhortó a las autoridades competentes a modificar o derogar la normativa que permite este tipo de convenios.
De otro lado, cabe recordar que Oracio Pacori Mamani, congresista de Frente Amplio, presentó recientemente el Proyecto de Ley Nº 422 que propone prohibir a la Policía Nacional efectuar convenios de seguridad con entidades privadas.