En noviembre de 2009, Mariano Abarca Roblero, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado frente a su hogar, tras haber participado en una serie de enfrentamientos con trabajadores de una empresa canadiense que extraía minerales cerca de la zona. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna persona ha sido sancionada conforme a lo que marcan las leyes mexicanas cuando se comete un asesinato, denunció José Luis Abarca Montejo, hijo del activista.
El lunes pasado, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) determinó que empresas mineras canadienses, donde se encuentra la compañía Blackfire Exploration, incurrieron en violaciones a los derechos humanos en Sonora, Chiapas y en varios países de Latinoamérica, según anunció el jurado en su veredicto preliminar.
En 2009, Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A., operaban en el municipio Chicomuselo y en 12 mineras más en el estado chiapaneco.
Habitantes de Chicomuselo notaron en aquel año que el Río Yayahuita, cercano a la localidad, estaba contaminado por residuos de aceite y gasolina, producidos por la actividad minera de la región, además de que camiones pesados de la firma canadiense dañaron sus hogares durante la transportación de materiales hacia la zona de obra, por lo que decidieron cerrar el acceso a los vehículos, narró para SinEmbargo, Abarca Montejo.
Encabezados por Mariano Abarca, los pobladores bloquearon las principales vialidades de acceso a la localidad y exigieron a las autoridades municipales y estatales que detuvieran las operaciones por parte de la empresa, que no sólo estaba dañando al medio ambiente sino también amenazaba a los pobladores y depositaba grandes cantidades de dinero en la cuenta personal del entonces regidor del municipio, Julio César Velázquez Calderón.
Los habitantes bloquearon las rutas en junio de 2009. Un mes después el gerente de relaciones publicas de Blackfire interpuso una demanda a nombre de la empresa “por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías e comunicación, daños al patrimonio de la empresa y atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado”. El 17 de agosto del mismo año, Abarca fue detenido y liberado diez días después. Al salir de la cárcel continuó la lucha contra la minería, recibió amenazas y fue asesinado el 27 de noviembre de 2009.
Desde el lunes pasado, el TTP determinó que Blackfire además de incurrir en violaciones a los derechos humanos en el marco de sus actividades mineras, también violó la ley canadiense sobre la corrupción de agentes públicos, por haber ofrecido dinero al presidente municipal de Chicomuselo.
Desde 2009, la empresa fue retirada en Canadá luego de que el caso llegará a las autoridades norteamericanas, sin embargo, su concesión continuó operando en México y, como el caso Blackfire, a la fecha, existen otras compañías extranjeras, –principalmente de Canadienses– que aunque dejaron de operar, realizaron daños que a la fecha siguen causando estragos, además de haber otorgado concesiones que continuaron afectando a la zona a los pobladores.
CANADIENSES INVADEN CHIAPAS
De acuerdo con Gustavo Castro Soto, coordinador de la organización Otros Mundos –integrada en Rema–, el daño que hacen las empresas que trabajan en la actividad minera en Chiapas –sean nacionales o extranjeras– causan grandes afectaciones al ambiente así como a los ejidatarios al explotar sus tierras; sin embargo, destacó que “el gran problema de que dichas compañías no sean sancionadas se debe a la corrupción mexicana”.
Empresas extranjeras han llegado y se han ido, pero sus concesiones se quedan en el territorio mexicano para continuar explotando la tierra con la extracción de oro, zinc, plata y barita, pero nadie conoce el nombre de estas firmas porque no existe una regulación en los registros que debería realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “todo es parte de la misma red de corrupción”, explicó Castro Soto.
El activista detalló que en Chiapas, concesiones entre 2010 y 2012 han sido otorgadas inicialmente a un total de 51 propietarios diferentes. De todos ellos, 41 son mexicanos y el resto extranjeros entre Canadá y Chile.
“Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas concesiones ya expiraron, otras empresas han cambiado de nombre y otras empresas o particulares han vendido sus respectivos permisos”, dijo.
“Entre el 2000 y el 2006 se llevaron a cabo muchas concesiones para explorar en Chiapas. A partir del 2006, el gobierno federal modifica la ley minera que permitiría obtener una sola concesión por exploración y explotación”, explicó la organización Otros Mundos en su informe “La actividad minera en Chiapas, un recuento del 200 al 2012”.
En el caso de Chicomuselo, la empresa Blackfire dejó estragos que los pobladores continúan sufriendo, como son el derrumbe de sus casas por la maquinaria utilizada, la contaminación de sus ríos, deslaves por las obras que también dañaron el agua, además de la deforestación, entre otros, agregó el activista.
Además comentó que en la mayoría de los casos, aparte de las afectaciones al medio ambiente, los derechos de los terratenientes no son respetados, pues “no les pagan lo que les prometieron, los despojan de sus tierras, además de que los empresarios provocan división social”.
El TPP dio a conocer desde el 29 de mayo que los megaproyectos mineros eran la principal causa de generar cerca de 200 conflictos sociales, de los cuales cerca de 90 implicaban a compañías canadienses, por lo que el Tribunal anunció que revisaría los casos que involucraban a las empresas de ese país en la violación a los derechos humanos y del medio ambiente.
Uno de los impactos sociales a los que se refiere el activista es al descontento por parte de la población que demanda justicia “ y eso es lo que los impulsa a cerrar vialidades como ocurrió en el caso de Chicomuselo, donde fue asesinado Mariano Abarca” tras manifestarse en varias ocasiones y hacer evidente la corrupción municipal y estatal que se vive entorno a la actividad minera.
Además, la minera Excellon Resources también fue acusada de violar el derecho a la libertad de asociación sindical, el derecho a la negociación colectiva y a la reunión pacífica en La Platosa, en Durango. Dante López, de la organización ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) presentó el caso ante los jueces y relató las dificultades que la sección 309 del sindicato enfrenta, según datos brindados por Rema.
En octubre de 2012 más de 200 miembros de uno de los sindicatos patronales de la empresa, armados con palos y piedras, llegaron a un campamento donde miembros del sindicato de trabajadores Sección 309 estaban reunidos con habitantes de una comunidad aledaña para protestar contra la empresa.
IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN
“Le han querido dar el carpetazo, y aunque hubo una averiguación previa y cinco detenciones desde 2009 (la última detención hace tres meses) nadie hace nada por la gran corrupción que hay”, denunció José Luis Abarca, hijo del activista que fue asesinado en 2009 en Chicomuselo, Chiapas.
José Luis Abarca, también integrante de Red Mexicana de Afectados por la Minería, denunció que en ejido donde habita hay impunidad por parte de las autoridades y al igual que Gustvo Castro, coincidió que con la corrupción que impera en el estado, poco se puede avanzar en materia de derechos humanos.
En 2009, la empresa Blackfire fue allanada por las autoridades canadienses luego de que tras una investigación se determinara que incurrió en actos corruptos durante su operación en México.
“El presidente municipal dijo que el dinero que estaba percibiendo por parte de Blackfire era para la feria del pueblo, que por eso la empresa le depositaba directamente a su cuenta personal”, comentó José Luis Abarca, quien detalló que esos datos fueron obtenidos de las oficinas de telégrafo y de la tesorería municipal.
Además, la familia Abarca pidió al órgano de fiscalización que se realizara una auditoría al Presidente municipal Julio César Velázquez Calderón, y no lo hizo.
Posteriormente, José Luis logró obtener pruebas de organismos internacionales de que la empresa sí otorgó grandes cantidades de dinero al presidente municipal, por lo que con ayuda de diversas organizaciones de México e internacionales, la Policía Real Montada de Canadá ordenó el cese de Blackfire.
Sin embargo, el problema no terminó con detención de las actividades de la compañía canadiense, pues sus concesiones continuaron y tanto el caso de corrupción como el homicidio de Mariano Abarca quedaron impunes por las autoridades mexicanas.
Además, la reciente respuesta que ha dado el TPP “sólo es simbólica, moral”, así lo calificó el integrante de Otros Mundos, quien explicó que lo que hace el Tribunal Permanente de los Pueblos es evidenciar las violaciones a los derechos humanos a través de líderes de opinión que ejercen “presión social” para que los países implicados se responsabilicen. Sin embargo, no cuenta con una capacidad legal para poder sancionar, explicó el activista.
De acuerdo con el veredicto preliminar del TPP, “el Tribunal Permanente de los Pueblos escuchó en estas audiencias [realizadas del 29 de mayo al 1 de junio] el testimonio de numerosas víctimas [entre ellas el caso de Mariano Abarca], además de especialistas y expertos, lo cual le ha permitido desentrañar una práctica de las empresas mineras canadienses, del Estado canadiense y los Estados de destino de las inversiones de las primeras, ignorantes de cualquier valor humano y social y, en no pocas oportunidades, de la misma vida”.
A través de un comunicado detalló: ”Este Tribunal pone de manifiesto relevantes violaciones de estos derechos humanos, y el Tribunal considera probado, con cargo a la documentación de imputación y los testimonios de corroboración recibidos que las empresas mineras canadienses radicadas en México, Honduras, Guatemala y Chile, cuya actuación ha sido examinada durante las sesiones de este proceso, han incurrido manifiestamente en violaciones a múltiples derechos que, como fue planteado en la Acusación, pueden ser agrupados en tres campos”.
Castro Soto agregó que quien debe responder por el homicidio y por las afectaciones colaterales en cualquier caso de daños causados por actividades mineras son las autoridades federales, mientras que por el caso de corrupción por parte de la empresas extranjeras sí corresponden directamente a autoridades del país de donde pertenezcan.
“Que respondan por el homicidio, por los actos de corrupción, no nos vamos a cansar por pedir justicia”, agregó José Luis Abarca, quien en distintas ocasiones, al igual que su padre, ha exigido una respuesta por las autoridades estatales de Chiapas y aún no la obtiene.