El primer estudio que muestra cómo está la relación entre las mineras y su entorno evidencia la necesidad de reforzar el diálogo con sus habitantes y la insatisfacción de éstos respecto de las expectativas. El informe, realizado por EY y Valor Minero en Sierra Gorda, también muestra las debilidades del Estado en la solución de los problemas.
El empeño de la minería nacional por fortalecer su acercamiento con las comunidades no está dando los frutos esperados por el sector. Es más, la industria, que es responsable de 7,7% del Producto Interno Bruto y que hace cinco años busca diseñar una buena forma de relacionamiento para impulsar sus proyectos de inversión, aún tiene muchas tareas por hacer para validar sus operaciones ante las poblaciones aledañas a sus instalaciones.
Eso es lo que dejó en evidencia el primer estudio local que muestra de manera empírica la valoración que hacen las comunidades al aporte social del sector minero. El análisis, que se realizó en junio de 2016 en Sierra Gorda, incluyó 133 entrevistas a habitantes y líderes locales. Esta comuna, ubicada en pleno Desierto de Atacama, está fuertemente ligada a la industria del cobre y en su entorno operan cinco empresas mineras y ocho faenas: Spence (BHP Billiton), Sierra Gorda (KGHM), Centinela (Antofagasta Minerals), Lomas Bayas (Glencore) y Gaby (Codelco).
“A partir del estudio realizado es posible concluir que, en general, las comunidades y líderes locales manifiestan una buena percepción de las mineras ubicadas en Sierra Gorda. Sin embargo, de los hallazgos obtenidos en el estudio se desprende que la inversión social de dichas mineras podría ser más pertinente a las necesidades del territorio y ser mejor comunicada, lo que generaría más oportunidades de un diálogo abierto y transparente”, sentencia el estudio “Visión de la comunidad sobre la inversión social de la minería – Caso Sierra Gorda”, realizado por EY (ex Ernst & Young) y presentado a inicios de diciembre del año pasado junto a Alianza Valor Minero (AVM) en una reunión cerrada, que contó con la presencia de ejecutivos de las principales operaciones que están en Chile y cuyos resultados no dejaron de sorprenderlos.
Pero, pese a esa falta de diálogo franco, en el gobierno reconocen el avance en el proceso que desde 2012 viene diseñando la industria extractiva para acercarse a su entorno. “La minería ha pasado por distintas etapas en cuanto a las relaciones con las comunidades, pasando de una relación casi inexistente, a una muy intensa, debido en gran medida a que las comunidades están más empoderadas y activas, y que tienen mucho que decir cuando un proyecto se instala en su zona”, explica el subsecretario de Minería, Erich Schnake.
Diálogo fluido
Hasta ahora, las mineras informan su inversión social en forma descriptiva, sin indicación de desempeño. También señala que las firmas realizan una comunicación corporativa anual dirigida al público en general y pocas comunican a la comunidad de forma específica.
Para AVM, esas conclusiones son vitales para el sector y serán incorporadas dentro del programa de Diálogo Permanente para Grandes Proyectos de Inversión, iniciativa en la que ha estado trabajando el equipo que lidera Álvaro García y con el que se pretende asegurar que el beneficio privado y el social pueden conversar entre sí, “contribuyendo al desarrollo del país”, dice García, quien adelanta que este proyecto será lanzado el martes 10 de enero en Antofagasta, ceremonia a la que asistirán los ministros de Minería y Economía, Aurora Williams y Luis Felipe Céspedes.
Por eso, para el abogado un diálogo fluido y temprano “augura un mayor éxito al instalarse con un proyecto”. Y ahí está el principal problema, pues una de las principales falencias que arroja el informe de EY es que las mineras no recurren a la primera fuente al momento de definir y priorizar la inversión social que esperan realizar.
El estudio evidenció que si bien todas las compañías reconocen como importante relacionarse con las comunidades, solo un tercio de éstas se asegura de considerar las preocupaciones reales de los habitantes de las zonas. De hecho, la mayoría de las veces son las propias compañías quienes deciden el foco de su inversión social.
Entre los temas que preocupan a la comunidad y que ésta considera labor de las compañías mineras, indica el documento, está darle trabajo a la gente de Baquedano y Sierra Gorda (54%), preocuparse de que haya médicos en la posta, ayudar al consultorio para cuidar la salud de la población (19%) y establecer un lugar donde la juventud se pueda entretener (19%), lo que se puede solucionar mediante la entrega de una cancha de patinaje o la instalación de una sala de cine en la zona.
“La definición de la inversión social debería partir de una buena caracterización del problema que se espera abordar, sus causas y efectos. Sin este trabajo, muchas veces nos encontramos con una muy buena solución, pero para otros problemas, con la consecuente frustración de ambas partes”, señala Alejandra Medina, líder de Consultoría en Sostenibilidad de EY Chile.
La recomendación para las compañías, subraya la experta, es conocer de primera fuente las preocupaciones y la visión de futuro que tiene la comunidad. “La identificación y priorización conjunta de los intereses y preocupaciones permitirá mejorar el foco de la inversión social y la relevancia de esta identificación y priorización disminuirá el riesgo de levantar falsas expectativas y le dará legitimidad a la inversión social”, dice.
Para Álvaro García, presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, el problema no es la inexistencia de diálogo con las comunidades, sino que las condiciones en que se está realizando ese acercamiento. “Por lo general, la atención ha estado puesta en la fase misma del diálogo y no en una anterior, que tiene que ver con la generación y habilitación de las condiciones para que este sea efectivo”, indica.
El ex ministro de Estado agrega que el estudio deja en evidencia la falta de “capital social”, condición básica para la efectividad de cualquier proceso de diálogo, dice. “Este estudio viene a confirmar, una vez más, la importancia de contar con procesos de diálogos robustos, que aseguren la representatividad y la habilitación de todos los actores, que se instalen desde las etapas tempranas de los proyectos y cuyo trabajo se oriente al beneficio compartido”, reflexiona.
Para Erich Schnake, avanzar en este punto es uno de los principales desafíos de la industria. A su juicio, “la comunicación tiene que realizarse antes, durante y después de la concreción de los distintos proyectos que impulsará la empresa en la zona”.
Visiones disímiles
Otras de las conclusiones relevantes del estudio es la distinta visión que tienen la comunidad y los dirigentes comunales respecto de las iniciativas de inversión social de las empresas, y en ese ámbito, también se distinguen dificultades en la atribución y/o identificación de quiénes son los desarrolladores de dichos proyectos.
Por ejemplo, el estudio muestra que para los líderes sociales, la principal preocupación que ven en Sierra Gorda es la falta de trabajo (53%) y luego está la contaminación de aire por las operaciones mineras; mientras que para la comunidad, el tema primordial es la contaminación del aire debido a las faenas mineras (69%), seguido de la falta de trabajo y el aumento de la cesantía (63%) y la mala calidad del agua potable (41%).
Esto evidencia, indica García, la necesidad de fortalecer el monitoreo y la evaluación. “Eso es lo que vuelve al diálogo en una conversación permanente. Sin monitoreo y evaluación no hay insumos para un diálogo permanente y sin un diálogo permanente crece la potencialidad de conflicto”, indica.
Para Alejandra Medina, una recomendación en esta materia sería ampliar el alcance del diálogo con la comunidad y tener una retroalimentación permanente con la gente en general y no sólo con los líderes sociales.
En términos de la identificación de las obras, el estudio indica que el desafío para las compañías radica en buscar nuevas estrategias de comunicación con la comunidad, la que debería realizarse antes y después de la ejecución de las iniciativas.