21 de Julio de 2011
Monterrico Metal quiere evitar juicio por torturas en Gran Bretaña. Según Fedepaz, con este pago, la empresa británica acepta su responsabilidad en tortura a campesinos.
20/07/2011. Monterrico Metal, empresaria británica propietaria de Río Blanco Copper, antes Minera Majaz, aceptó ante las Altas Cortes de su país indemnizar a 32 campesinos peruanos que fueron secuestrados y torturados en su campamento ubicado en Piura, entre el 1º y 3 de agosto de 2005, tras una protesta pacífica en contra de la actividad minera.
Asimismo, para que se dé por concluida la demanda por indemnización interpuesta en su contra en junio del 2009, y evitar así el juicio oral, admitió indemnizar a los parientes del comunero asesinado durante la protesta.
En los actos de represión y tortura no solo participaron trabajadores de Majaz (hoy Río Blanco) y de la empresa de seguridad Forza, sino también oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, tal como se demostró en las investigaciones, tras la demanda interpuesta en Perú por Fedepaz, que considera que con el pago la minera acepta su responsabilidad en la tortura infligida a comuneros.
Las torturas mineras
El caso se remonta a agosto del 2005, cuando 33 comuneros fueron secuestrados por tres días y sometidos a crueles maltratos.
Los 33 comuneros que fueron torturados en agosto del 2005 por la policía peruana en las instalaciones de una mina serán indemnizados. El Tribunal Superior de Londres tenía programada la etapa final del juicio a partir de octubre con aproximadamente 80 testigos de los demandantes. Se trata del conflicto entre las comunidades de las provincias peruanas Ayabaca y Huancabamba y la empresa minera Rio Blanco Copper, perteneciente a Monterrico Metals.
En agosto del 2005, durante una movilización de las comunidades contra la incursión inconsulta del proyecto minero Río Blanco, el gerente del campo minero, Ramón Tirado, acusó a los manifestantes de terroristas e instó a la policía a atacarlos y maltratarlos. Algunos empleados de la mina y de su empresa de seguridad Forza participaron en la captura, golpeando e insultando a los manifestantes, entregando sacos y sogas para amarrarlos y encapucharlos, y transportando las municiones de la policía.
Los 33 comuneros fueron torturados en las instalaciones de la mina durante tres días. Y el gerente Román Tirado instruyó a los empleados para que trasladen lejos el cuerpo de Melanio García, un comunero que había sido asesinado.
Años más tarde circularon fotografías que muestran a los comuneros encapuchados, esposados y heridos. Dos mujeres fueron violadas. A todos se les obligó a ingerir comida podrida y se les detuvo en una plataforma húmeda destinada a la matanza de animales. Cinco de los secuestrados fueron heridos de bala, producto de lo cual uno de ellos perdió un ojo.
Además, la empresa minera demandó penalmente a los manifestantes por graves delitos. Uno de los procesados fue Miguel Palacín Quispe, actual Coordinador General de la CAOI y entonces Presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI). El dirigente nunca estuvo en el lugar de los hechos y sin embargo fue incluido en la denuncia fiscal. Su caso fue archivado.
Este es un caso más de los numerosos conflictos que recorren todo el Perú debido a la imposición de la minería en territorios comunales sin cumplir el requisito de la consulta y consentimiento previo, libre e informado. De acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo, en el Perú hay alrededor de 250 de conflictos sociales y más de la mitad de ellos son socioambientales.
En octubre del 2009, el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, con base en Estados Unidos, contactó a Leigh Day & Co (LDC) por el caso. LDC luego se puso en contacto con los abogados en derechos humanos de Lima de Fedepaz y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes asistieron a los demandantes ante las acusaciones penales.
Monterrico fue adquirida por Zijin Consortium de China en el 2008. Cuando los procedimientos se iniciaron en el Tribunal Superior de Londres en junio del 2009, los demandantes obtuvieron una medida cautelar de inmovilización o congelación de fondos a nivel mundial por más de cinco millones de euros sobre los activos de Monterrico, con el apoyo de una orden judicial del Tribunal Superior de Hong Kong.