Una empresa canadiense opera en Cerro Colorado, el viceministro de Comercio confirma su
ilegalidad.
Estudios de empresas mineras indican que existen 38 mil 200 millones de libras de cobre, el interés de explotar el yacimiento data de 1932, pero debido al precio del cobre y otros factores ningún proyecto prosperó. ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Boris Gómez1334016]
Mary Triny Zea mzea@prensa.com
Cerro Colorado, considerado el yacimiento de cobre más grande de América Latina -ubicado en
tierras de la comarca Ngäbe Buglé en Chiriquí-, es, justamente por ello, el tesoro más preciado
que se disputan las principales empresas mineras del mundo.
La concesión para explotar el abundante metal que tenía Panacobre -filial de la empresa canadiense
Tiomin Resources Inc.- está vencida.
Por ello, los derechos para explotar el rico yacimiento son del Estado panameño, a través de
la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado, aquella polémica Codemin creada por el
régimen militar, que sufrió el rechazo de la ciudadanía.
Y aunque la actual administración hizo pública su interés de explotar la mina, aún no se ha
iniciado el proceso formal en el Ministerio de Comercio e Industrias para ello.
Esto no ha impedido, sin embargo, que la empresa canadiense Corriente Resources Inc., trabaje
desde hace año y medio en la zona, para lograr el ambiente social propicio. Su intención, dijeron
sus voceros: conseguir la concesión y luego venderla.
Para el viceministro Ricardo Quijano, los trabajos que realiza esta empresa en Panamá son
ilegales y que, por ello, los reportó hace unos tres meses ante los ministerios de Trabajo y de
Gobierno y Justicia.
«No es al Ministerio de Comercio a quién le toca eso [fiscalizar] sino al Ministerio de Trabajo y
de Gobierno y Justicia, a través de Migración», declaró Quijano.
«No tienen ninguna autorización para hacer lo que están haciendo y tienen tiempo en esto», concluyó.
Confesión
«No tenemos ningún contrato con el Gobierno de Panamá, ninguna concesión, solo estamos haciendo
un proyecto social», aclaró Loreto Cubillos, gerente de oficinas de Corriente.
Se trata, agregó, de un plan de trabajo con las comunidades «para que tengan información», añadió.
Cubillos dijo que no sabía cuándo finalizarán lo que llaman «capacitaciones», pero que la
inversión planificada es «millonaria». Incluso tienen planes de trabajar con el Gobierno.
La capacitación de la minera canadiense a los pobladores de la comarca, está enfocada en lo que
llaman minería responsable y el potencial de desarrollo. Su intención es obtener el apoyo de
los grupos indígenas antes de solicitar la concesión que, como ya se dijo, pretenden vender
después.
Las declaraciones de la ejecutiva se dieron esta semana en un evento organizado por la Embajada de
Canadá.
A la actividad asistieron también indígenas panameños que, todavía no convencidos del todo,
tienen una clara demanda: obtener acciones de cualquiera de los proyectos que se desarrollen en
su territorio.
Supervisión minera, escasa
Existe un inspector por provincia que también es administrativo. Ambientalistas y mineros difieren
en el asunto.
MARY TRINY ZEA mzea@prensa.com
La minería metálica es considerada uno de los negocios más contaminantes. LA PRENSA/Archivo]
El Gobierno quiere desarrollar la minería responsable.
Sin embargo, hasta el momento solo hay un inspector para los proyectos minerales metálicos
y no metálicos en las sedes regionales o provincias, y este funcionario a la vez cumple
con labores administrativas. En la provincia de Panamá hay alrededor de seis.
«Nombramos a algunos extras, pero creemos que tenemos los inspectores adecuados, debemos
entrenarlos para que conozcan bien las reglamentaciones», dijo el viceministro de
Comercio e Industrias, Ricardo Quijano.
Actualmente se desarrollan proyectos de exploración y explotación de minerales metálicos,
y no metálicos, pero se desconoce la cantidad exacta de hectáreas implicadas y cantidad de
contratos vigentes.
Esta información se publica en la página web del Ministerio de Comercio e Industrias, pero en el
link de «solicitudes y concesiones mineras», aparece la información hasta noviembre, y no se
confirma cuáles solicitudes de prórroga fueron otorgadas o canceladas.
Según cálculos del Centro de Incidencia Ambiental, existen 19 contratos metálicos que
abarcan 157 mil hectáreas y 190 solicitudes.
«La dimensión de los proyectos mineros requiere de una supervisión permanente y uno o dos
inspectores no se dan abasto», dijo Mayté González, de The Nature Conservancy Panamá,
organismo ambiental regional.
La Cámara Minera de Panamá opina que «considerando la actividad minera que existe en
las provincias, solamente minería de materiales no metálicos (materiales de construcción), es
indudable que no es necesario un enorme aparato institucional para supervisarla adecuadamente».
Por ejemplo, dijo que en Los Santos y Veraguas hay a lo sumo tres canteras operando en cada una,
por tanto, tener un gran número de inspectores en estas sería un gasto innecesario.