La multinacional canadiense Eco Oro mantendrá sus exploraciones mineras en Santander a pesar de la incertidumbre que ha generado en la región la dilatada delimitación del páramo de Santurbán por parte del Gobierno Nacional. Así lo reveló el gerente de la empresa extranjera, Hernán Linares, durante la inauguración en California (Santander) de una planta de tratamiento de aguas residuales en la que se invirtieron más de 1.800 millones de pesos.
Después de que el Ministerio de Medio Ambiente anunció hace tres meses que ‘blindará’ 44.000 hectáreas del páramo en territorio santandereano aún no se conocen las coordenadas que definirán las zonas en las que no se podrá realizar ningún tipo de actividad minera.
«Estamos esperando que el Ministerio de Ambiente precise con exactitud cuáles son las áreas que serán protegidas. Sin embargo, sea cual sea la decisión, de aquí no nos iremos, pues hemos venido haciendo un trabajo respetuoso con la naturaleza y encaminado al desarrollo del país», aseguró el gerente.
La empresa extranjera pretende explotar yacimientos de oro de manera subterránea, después de retirar la solicitud del polémico proyecto Angostura, en el que pretendía explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante 15 años.
Las exploraciones de la multinacional, antigua Grey Star, han sido cuestionadas por ambientalistas que aseguran que se pondría en riesgo el agua que consumen 2,5 millones de personas en los Santanderes.
Juan Orduz, presidente de la Junta directiva de Eco Oro, señaló que la compañía ha invertido en la región más de 240 millones de dólares.
«No es ningún secreto que tenemos muchos problemas y tampoco que los vamos a seguir teniendo. Siempre hay un lío nuevo y aún así vamos a seguir creando estrategias para seguir trabajando en esta área», reiteró Orduz.
Entre tanto, Víctor Armando Arias, alcalde de California, sentenció que la definición de los nuevos límites del páramo no puede dar más espera después de que más de 1.000 empleados de las multinacionales fueron despedidos de sus trabajos y cerca de 700 personas se han visto obligadas a recurrir a la minería ilegal para su subsistencia.
Margarita Guerra, representante del Ministerio de Minas y Energías, aseguró que se trabaja en una serie de capacitaciones con las que se buscan disminuir las prácticas ilegales en la zona.