Por Raúl Chacón Pagán
En los últimos meses supimos por los medios a nivel nacional del grave desastre ambiental que generó el evitable derrame de relaves de la minera Caudalosa en Huancavelica.
En esa línea, desde este rincón virtual, hace unas semanas revelamos un desastre similar ocurrido en los años 90 en Pataz, La Libertad, por el mal manejo ambiental de MARSA, que habría sido bien disimulado en su momento gracias a sus nexos con el poder político de entonces (Recordemos que la muerte del dueño de la minera, Andrés Marsano, fue mientras era parte de la comitiva vehicular de Fujimori).
Nos dio mucho gusto que esa nota fuera bien recibida por algunos periodistas y el mismo Grupo de Diálogo por la Minería y el Desarrollo Sostenible. Lo cual permitirá dar algo más de luz a algo sucedido la década pasada, pero que aún es poco conocido aunque tiene repercusiones en el presente, gracias al esfuerzo de un comunero luchador como pocos (alguna vez policía). No es que nos alegre saber de ese tipo de noticias, pero nos preocupa mucho que los hechos que los generan sean ocultados o mal informados, además de que el Estado no tome las medidas adecuadas para evitarlos o sancionar a los responsables directos. Ello pese a que el “accidente” de MARSA haya costado la vida de casi una decena de humildes comuneros de la sierra norteña.
Por si lo anterior no fuera suficiente, recientemente un diario capitalino publicó una breve nota sobre los impactos socioambientales que genera en Ayacucho la mina Catalina Huanca, propiedad de minera Condestable-Trafigura desde abril del 2005, también a causa del (mal) manejo de sus relaves (Ver nota 3 de este boletín).Impactos que se vienen sintiendo en la zona desde el año 2007, por lo menos, generando un conflicto socioambiental activo desde entonces.
De nuevo, el hecho reciente es dado a conocer por una persona humilde, Sinforosa Paredes, del caserío Chumbilla, en la provincia de Víctor Fajardo, que tuvo que venir a Lima al constatar que en su zona no era posible conseguir que sus reclamos sean atendidos.
La Asociación SER reportó en mayo del 2007: “ (La congresista Juana) Huancahuari se ha reafirmado en su denuncia, y además señala a la minera Catalina Huanca como responsable de la contaminación del medio ambiente y en particular de las aguas de los ríos Mishca, Chuquiputa, Raccaure y Sondondo.
Asimismo, en base al informe de 691 de la Dirección de Salud Ambiental, el representante de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, Jorge Fernández Mavila, informó que mediante una evaluación de las aguas de los ríos que abastecen a las minas de la empresa Catalina Huanca se ha descubierto que contienen altas cantidades de arsénico y plomo, sustancias químicas altamente peligrosas para los usuarios de los ríos de esta zona.
Debemos señalar que meses atrás, los representantes de la mina desmintieron que se estaría contaminando los ríos de estas localidades (Ver http://www.infoandina.org/node/14727 )”. Aunque el mismo artículo indicaba que no todo era negativo, pues “la comunidad campesina de Taca, del distrito de Huancapi, ha firmado un convenio con la empresa Catalina Huanca para el desarrollo de la actividad minera en la zona. El convenio tendrá una duración de 30 años, en donde la comunidad recibirá mensualmente 35 mil dólares”. Lo cual, en realidad, era producto de una conciliación entre dicha comunidad y la minera, a fin de poder operar en sus tierras.
En octubre del 2007 el conflicto tuvo un viraje cuando la congresista Huancahuari denunció a la minera Catalina Huanca por obligar a desalojar sus terrenos a los pobladores de la comunidad campesina de Uyuccasa, lo cual fue desmentido de inmediato por la minera.
Sin embargo, la Consejera Regional de Víctor Fajardo, Yaneth Quispe, ratificó públicamente la denuncia de la congresista. Huancahuari pidió la intervención de la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo para resolver el conflicto, y al jefe de la DINOES que informe sobre la presencia de efectivos que estarían siendo contratados por la minera como vigilantes.(Ver http://www.dailymotion.com/video/k4ggyDfPJ58QMqnCeK?start=2#from=embed).
En abril del 2008, Huancahuari criticó a OSINERGMIN por no fiscalizar debidamente a la mina, señalando que el ente no mostró documentos relacionados con inspecciones a los ríos Mishca, Chuquiputa y otros, adyacentes a Catalina Huanca.
Un año después, SER informó que Catalina Huanca fue nuevamente cuestionada por pobladores y autoridades ayacuchanas debido a posibles indicios de contaminación generados por la extracción de minerales en las comunidades cercanas. En marzo del 2008, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) había confirmado que las aguas de esa provincia estaban contaminadas por acción de la minera, que vierte sus relaves en el río Mishca sin ninguna autorización. La minera fue sancionada con ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir unos 28,000 soles, al comprobarse que el río, afluente del río Sondondo, contenía altos niveles de arsénico y plomo.
El río Mashón y las quebradas Saccallani y Raccaure, también estaban contaminadas con plomo. Si bien la empresa no aceptó esas imputaciones por varias razones, la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas le detectó por esos meses la construcción de componentes mineros sin autorización, evaluación ni presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). También por entonces, a través de la Fundación Integración Comunitaria, la minera propuso la construcción de una represa en la laguna de Taccata por un valor de 7 millones de dólares, que beneficiaría a más de mil familias de las comunidades afectadas. La represa tendría una capacidad de almacenamiento de 4.6 millones de metros cúbicos de agua, para ser utilizada en el riego tecnificado y ampliar los terrenos agrícolas en unas 900 hectáreas. Asimismo, generaría energía eléctrica y ofrecería agua potabilizada. Este proyecto captó la simpatía de algunas comunidades (Taca, Umasi, etc), pero el rechazo de otras (las comunidades que no están consideradas dentro del proyecto de construcción de este dique e irrigación tecnificada).
A lo largo de este año, persistió el conflicto con Catalina Huanca, figurando en todos los informes mensuales de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Recién en mayo se pudo iniciar el diálogo entre las partes en disputa, gracias a la mediación del Gobierno Regional de Ayacucho. Sin embargo, en los últimos meses el núcleo de la conflictividad pasó de lo socioambiental (preocupación por la contaminación en las comunidades de Apongo, Canaria, Taca, Uyuccasa y Racaya) a lo técnico (oposición de la comunidad de Umasi a la construcción de la represa). Del respeto hacia los acuerdos a los cuales se llegue en el diálogo depende la resolución/ transformación de este largo conflicto socioambiental. Un conflicto de alcance provincial, como lo revela la existencia del Frente de Defensa de Fajardo, así como de carácter emblemático dentro de la agenda ambiental de la región ayacuchana.
Raúl Chacón Pagán