Activistas advierten que se usarían 16 toneladas diarias de cianuro y peligra la agricultura orgánica. La concesión de miles de hectáreas en Baja California Sur a empresas canadienses para la explotación de minas de oro a cielo abierto, con uso de explosivos y sustancias tóxicas como cianuro, ha generado protestas entre la población y la revisión de las leyes que permiten operar ese tipo de industria en la entidad.
La Paz, BCS, México – 06/03/2011.Organizaciones ambientalistas, cámaras empresariales, políticos, autoridades, académicos y ciudadanos exigieron la cancelación de los proyectos de minería autorizados por el gobierno federal, debido al riesgo que representan para la salud, el ambiente y las actividades productivas de la zona, en especial el turismo y la agricultura orgánica.
La autorización de la manifestación de impacto ambiental del proyecto Paredones Amarillos, en 350 hectáreas de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, principal fuente de agua dulce de los municipios de La Paz y Los Cabos, propició una movilización ciudadana que obligó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a frenarla mediante el rechazo del cambio de uso de suelo de forestal a minero.
La promotora del proyecto, Vista Gold, con sede en Vancouver, Canadá, no se ha dado por vencida y anunció el reinicio de los trámites, ahora con el nombre de minera Concordia.
Ariel Ruiz Castillo, dirigente de la organización Agua vale más que oro, surgida en el pueblo mágico Todos Santos, a 30 kilómetros del proyecto Concordia, explicó que ante el repunte del precio del oro y otros metales, empresas extranjeras, sobre todo canadienses, reanudaron los procedimientos administrativos en las zonas donde obtuvieron concesiones del gobierno federal desde la década de 1980.
Un estudio realizado en 2010 por el Servicio Geológico Mexicano precisa que se han otorgado al menos siete concesiones para la explotación de oro en Baja California Sur.
En La Paz, Picacho Blanco (en proceso de licitación); Paredones Amarillos, asignada a Minera Paredones Amarillos; San Antonio, asignada a las empresas San Felipe, Minera Baja California y Minera María; El Triunfo, asignada a Minera El Triunfo, y en Loreto hay un proyecto en fase de exploración.
Ruiz Castillo cuestionó el doble discurso del gobierno federal en materia ambiental, pues por un lado el presidente Felipe Calderón declara en foros internacionales que México emprendió acciones para detener el cambio climático, y por otro otorga concesiones en todo el territorio nacional para la operación de una industria contaminante y peligrosa, que utiliza procesos prohibidos en otras partes del mundo.
Señaló que sólo el proyecto Concordia prevé el uso diario de 16 toneladas de cianuro para separar el oro de las rocas, lo que representa el paso de cuatro camiones cada día por la ciudad de La Paz durante nueve años y medio.
Además, se cavaría un cráter de dos kilómetros de diámetro y 450 metros de profundidad. Las explosiones y la trituración de piedras que contienen oro formaría una nube de polvo con partículas de arsénico que, según el Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, se esparciría en un radio de 170 kilómetros, lo que contaminaría la flora y fauna, destruiría los cultivos orgánicos y pondría en riesgo la salud de la población.
Ariel Ruiz señaló que los promotores de Concordia ofrecen 200 puestos de trabajo durante el tiempo que dure la extracción de oro, pero a cambio acabarán con la agricultura orgánica de la zona, que da trabajo a 10 mil personas.
El 16 de enero más de 9 mil personas se reunieron en la playa El Tule, en Cabo San Lucas, para formar las siglas SOS contra la minería tóxica en Baja California Sur.
El vocero de la organización que surgió en esa protesta, David Sosa, señaló que a la preocupación causada por el regreso de Concordia se sumó información filtrada sobre la concesión de 44 mil hectáreas otorgada por la Secretaría de Economía en favor de Pediment Incorporated (Canadá) para instalar una mina de oro a cielo abierto en un área aledaña a desarrollos turísticos y muy cerca del Mar de Cortés, en el municipio de La Paz, así como una de mil 445 hectáreas asignada a un particular en el cerro de la Trinidad, en el municipio de Los Cabos.
¿En qué cabeza cabe hacer de un centro donde se asolean y emborrachan celebridades como George Clooney y Cameron Díaz un lugar con explosiones diarias, polvo y cianuro, o el uso irracional de agua en un lugar desértico?, cuestionó.