El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), anexo del Banco Mundial (BM), con sede en Washington D C, Estados Unidos, es escenario de la audiencia pública por la demanda que la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation inició contra la República del Perú por el caso del “aimarazo”.
En la demanda (caso es el Nº. ARB/14/21), según informa la organización Suma Marka ONGD, la transnacional pide al Estado peruano una suma aproximada de 1200 millones de dólares como indemnización por la cancelación del proyecto minero Santa Ana en el año 2011.
La audiencia se inició el pasado 7 de setiembre y se extenderá hasta el miércoles 14 de este mismo mes.
Durante los alegatos iniciales, la empresa canadiense consideró que los dirigentes aimaras que se oponen a la inversión minera son radicales y con intereses políticos.
En la víspera, el vocero de Bear Creek Mining Corporation ante el tribunal, Elisario Antúnez de Mayolo, admitió desconocer los detalles de la aplicación de la consulta previa de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Sin embargo, la empresa retrucó y responsabilizó al Estado peruano de la aplicación de dichas consultas.
Asimismo, ayer jueves se dio lectura a varios memoriales enviados por las comunidades afectadas por el proyecto, en donde afirmaban su oposición al proyecto minero, tomando en cuenta las preocupaciones ambientales que se tenían en esa zona durante el año 2011 y antes.
La demanda de la empresa minera al Estado peruano se basa en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República de Perú, donde se contempla realizar este tipo de arbitrajes internacionales en caso de controversia.
“A la actualidad el Perú aproximadamente ha ratificado 20 tratados de carácter económico, uno de estos es el firmado con el país de Canadá (Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú), suscrito el 29 de mayo del 2008 y ratificado mediante D. S. Nº 044 – 2009 – RE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de julio de 2009. Entrando en vigor 01 de agosto de 2009”, informa sobre el tema Willian Rodrigo Lauracio de la ONG Derechos Humanos Puno.
ANTECEDENTES. En el año 2011, el gobierno del entonces presidente Alan García Pérez decidió anular una concesión a favor de la empresa de capitales canadienses por la insostenibilidad del conflicto y las protestas que las comunidades aimaras realizaron durante más de 40 días.
No obstante, si bien el conflicto estalló en 2011, la oposición ya se hacía sentir desde antes, incluso en el año 2008 un grupo de dirigentes antimineros intentó tomar las instalaciones del campamento minero. Los dirigentes aimaras lograron, finalmente, que el Gobierno anulara la concesión por incumplimiento de consultas de la minera, entre otros detalles.