El 18 por ciento del territorio de Puebla está ocupado por seis proyectos hidroeléctricos, 188 pozos para la extracción de hidrocarburos y 103 títulos para la extracción minera, mismos que violentan los derechos de los pueblos indígenas en el estado, de acuerdo con datos del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
En diciembre de 2013, la organización documentó que los 103 títulos de concesiones mineras en el estado estaban concentrados en once empresas matrices, que ocupaban 169 mil 320 hectáreas de territorio en 21 municipios.
Entre los municipios donde más hay títulos destacan: Zacatlán (21), Tetela de Ocampo (18), Tezuitlán (12), Tlatlauquitepec (9), Xicotepec (7) Ixtacamaxtitlán y Libres (6).
Sin embargo por extensión de las concesiones mineras, en primer lugar se encuentra Ixtacamaxtitlán con 57 mil 287 hectáreas de su territorio concedido.
Después siguen: Libres con 31 mil 665 hectáreas; Tetela, con 12 mil 738; Ahuazotepec, con 9 mil 942; Xochiapulco, con 9 mil 690; Tlatlauquitepec, con 6 mil 572, y Zacatlán con 5 mil 781.
Entre las empresas con permiso para explotación están: Almaden Minerals Ltd. (Canadá), Grupo Ferrominero SA de CV (México), Grupo Minerali Maffei SPA (Italia), Industrias Penoles SAB de CV (México), Ingersoll-Rand Plc (Irlanda), Minera Frisco SA de CV (México), SCR-Sibelco NV (Bélgica), Shanghai Non Ferrous Metals Ltd. (China) y Sunshine Silver Mines Corporation (Estados Unidos).
Hidroeléctricas afectarán a 13 municipios
De acuerdo con datos de Fundar, para el 10 de junio de 2014 se reportaron seis proyectos hidroeléctricos confirmados para la entidad, mismos que afectarían a 13 municipios entre los cuales están: Xochitlán de Vicente Suárez, Zapotitlán de Méndez, Atlequizayán, Zoquiapan, Nauzontla, Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán.
Así como Tezuitlán, Hueyapan, Zacatlán, Zacapoaxtla, Caxhuacan y Huehuetla.
De los seis proyectos uno está aprobado, dos avalados de manera condicionada y tres fueron rechazados.
Hasta ahora el único proyecto aprobado sin condiciones y en etapa de construcción es el Hidroeléctrico Puebla 1, que se ubica en la cuenca del Río Tecolutla.
El proyecto constará de una hidroeléctrica, subestación y casa de máquinas, que afectarán a los municipios de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán.
Las hidroeléctricas que están condicionadas son: Proyecto Hidroeléctrico San Antonio y Ampliación Proyecto Hidroeléctrico Atexaco.
En tanto que en los campos para la explotación a particulares que se incluyen en la Tercera Ronda, en la cual está Puebla, hay 188 pozos petroleros, aunque 64 de ellos no están operando.
Los pozos se hallan en las comunidades de Humapa, Miquetla, Amatitlán, Ahuatepec, Cacahuatengo, Coyol, Palo Blanco y Sitio. Las empresas que están explotando los recursos petroleros -aceite y gas- son: Halliburton Company (Estados Unidos) y Grupo Diavaz SA de CV (México).
Proyectos violentan derechos de pobladores
En un video que publicó Fundar este martes, Edmundo del Pozo, investigador del área de Derechos Humanos, aseguró que muchos de los proyectos extractivos en la Sierra Norte de Puebla causan daño a los pobladores de la región.
«Estos proyectos llamados, entre comillas, de desarrollo, en realidad afectan de manera sistemática los derechos de las comunidades, a su autonomía, a su libre determinación, el derecho a su propio desarrollo y a la consulta previa libre e informada, el derecho al agua, a la vivienda, entre otros», dijo el especialista.
El investigador de Fundar comentó que las 103 concesiones mineras en el estado se ubican en el 18 por ciento del territorio, además hay 122 hectáreas para proyectos hidroeléctricos, actividad petrolera y fractura hidráulica o fracking, por eso es un buen ejemplo de la política extractiva del país.
En el video destacó que en el caso específico de la comunidad de San Felipe Tepatlán, el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, propuesto por la empresa Deselect-Comexhidro, no sólo pone en riesgo recursos naturales como el Río Ajajalpan, sino también sus tradiciones y su forma de vida.
Esto debido a que el río es usado por la comunidad para el cultivo de sus tierras así como para actividades tradicionales de la región. «Por ello es fundamental que los derechos de la comunidad sean protegidos y garantizados mediante consultas ciudadanas que tomen en cuenta las opiniones de los habitantes», destacó el investigador.