27 de Junio de 201
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Al declarar reserva minera estratégica gran parte de la Orinoquia y la Amazonia el gobierno Santos deja el interrogante de por cuál lado de la balanza se inclina: explotar los recursos naturales o preservarlos.
La declaratoria de un «área estratégica minera» de casi 18 millones de hectáreas en zonas de llanura y selva virgen en Colombia sanea la entrega de títulos pero podría terminar beneficiando más a la minería que al medio ambiente.
26/06/2012. El anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos en la cumbre ambiental de Río+20 de que Colombia ha reservado para la exploración de minerales estratégicos una superficie casi cuatro veces mayor al área que hoy es de uso agrícola fue presentado como un gran avance de sostenibilidad. Pero, aunque tiene sus virtudes, despierta serios interrogantes y sale al paso, por vía administrativa, de un debate clave para las generaciones futuras de Colombia.
Como muestra de las «ambiciosas iniciativas para cumplir con indicadores de desarrollo sostenible», en la Conferencia de Naciones Unidas de Río+20 el presidente Santos ‘empacó’ en uno dos anuncios diferentes. El primero, de que se doblará el área del Parque Nacional de Chiribiquete de 1,5 a 3 millones de hectáreas, es un importante paso ambiental que puede contribuir, como lo dijo el mandatario, a frenar la tala y la potrerización que avanzan desde el Caquetá hacia la Amazonia. El segundo anuncio, de que el gobierno ha declarado como «áreas estratégicas mineras» 17,6 millones de hectáreas que van del Vichada al Amazonas (y un trozo del Chocó) para «garantizar la minería sostenible», es otra cosa.
El plan del gobierno, explicado al día siguiente por el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, consiste en delimitar casi el 15 por ciento de la superficie continental de Colombia (o cerca de cuatro veces la superficie de 4,9 millones de hectáreas sembrada hoy en el país), con el objetivo de promover «proyectos para minerales estratégicos a pequeña, mediana y gran escala», según dice la resolución 0045 de la Agencia Nacional de Minería -la primera que emite su recién estrenada presidenta, la exministra de Vivienda Beatriz Uribe-. En un plazo de diez años se entregarán para exploración y se seleccionarán para explotación de minerales estratégicos, como el oro, el cobre, el platino, el hierro, el uranio o el coltán, bloques específicos en esas áreas. Aunque se dejaron por fuera parques nacionales y regionales, páramos y humedales, buena parte está en zonas de reserva forestal, resguardos indígenas o comunidades negras en las llanuras del Vichada y las selvas del Vaupés, Guainía, Guaviare, Amazonas y Chocó. La Agencia definirá las reglas de juego para la concesión mediante un sistema similar a las rondas que periódicamente convoca la Agencia Nacional de Hidrocarburos para entregar bloques de exploración de petróleo y gas.
El ministro Cárdenas sostiene que se trata de una medida para blindar la concesión de títulos mineros, proceso que este gobierno había congelado a causa del despelote que heredó y que planea reabrir hacia fines de julio: «Ahí no va a haber más títulos, como los que se concedían antes al primero que llegara con la cédula», declaró a esta revista. En efecto, basta echar un vistazo al mapa de las más de 900 solicitudes que están en trámite en esa zona para entender que si no se dispone de un mecanismo para frenar su concesión, difícilmente la legislación actual podrá impedirlo. «Si no lo hacemos legalmente, con un mecanismo de rondas, nos lo van a hacer los ilegales», agregó. En ese sentido, la decisión tiene la virtud de intentar poner orden en un proceso que ha estado marcado por la corrupción y el favoritismo, desconociendo reglas básicas de preservación ambiental. «Es un alto en el camino», dijo a SEMANA el ministro de Ambiente, Frank Pearl. Sin embargo, la decisión deja no pocos interrogantes.
Para empezar, aunque el ministro Cárdenas sostiene que se mirará «con lupa» dónde conceder licencias de explotación y que serán solo «pequeños puntos» de toda el área declarada estratégica, queda abierta la pregunta de hasta dónde llegarán los controles y cómo se van a imponer, precisamente en zonas de Colombia donde el Estado históricamente ha tenido un control mínimo o nulo. En principio, los 17,6 millones de hectáreas están abiertos a la exploración y la resolución no regula ni limita dónde hacerla o no. Esto, como muchas otras decisiones, queda en manos de la recién creada Agencia Nacional de Minería y de las sensibilidades -desarrollistas o ambientalistas- de quienes estén al frente de ella en la próxima década.
En segundo lugar, no pocos expertos coinciden en los altísimos riesgos que contrae abrir espacios a una actividad ambientalmente voraz como la minería en zonas de gran biodiversidad o afectadas por grupos armados irregulares. La medida, que busca controlar el otorgamiento indiscriminado de títulos, puede acabar convirtiendo en un imán para la guerra una región que ya está afectada por la guerrilla y la minería ilegal y donde hay muchos pequeños mineros artesanales.
Por último, con esta decisión el gobierno desoye, de hecho, los llamados de muchos ambientalistas a declarar una moratoria en la explotación de recursos no renovables en una región que es uno de los últimos paraísos del planeta. El ministro Cárdenas es claro: «Yo quiero minería muy controlada, pero no una veda». Igual lo fue el presidente, al hablar en Río de «minería sostenible». La gran pregunta es si este tipo de decisión se debe tomar mediante una resolución administrativa, como esta, o si debe ser producto de un gran debate nacional. Aunque algunos opinan, como este gobierno, que Colombia necesita los recursos que pueden ofrecer minerales estratégicos que están en esas áreas, como el uranio o el coltán, otros creen que el concepto mismo de minería -sobre todo gran minería- sostenible es una contradicción en los términos y que lo que gane el país por dejarlos explotar no se compara con lo que podría perder en patrimonio ambiental irrecuperable, en uno de los últimos paraísos verdes del planeta.