«Fuertemente armados», intimidaron a trabajadores para que levanten paro en La Platosa
Elementos del Ejército Mexicano y policías federales, estatales y municipales invadieron ayer la mina La Platosa y el ejido La Sierrita, en Bermejillo, Durango, para forzar a los trabajadores a regresar a laborar en la empresa Excellon Resources y reprimir las protestas emprendidas por los ejidatarios contra la compañía canadiense, por incumplimiento del contrato de arrendamiento firmado desde 2008, denunciaron el sindicato minero y la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc).
Por Patricia Muñoz Ríos
(Con información de Saúl Maldonado, corresponsal)
30 de Agosto de 2012
Alrededor de las 6 de la mañana de ayer –afirman–, en diversos autobuses llegaron fuertemente armados elementos de las policías federal, estatal y municipal de Mapimí, Durango, así como del Ejército Mexicano, a romper el plantón pacífico que mantenían trabajadores y campesinos en el ejido La Sierrita –apoyados por la sección 309 del sindicato minero– desde el pasado 5 de julio. A la fuerza e intimidando a los trabajadores reabrieron el yacimiento y permitieron la entrada de presuntos rompehuelgas.
Señalaron que las fuerzas armadas ocuparon la mina y el ejido «con lujo de violencia». Además –precisaron–, de manera unilateral tanto el gobierno federal como el estatal rompieron el diálogo que llevaban a cabo con mineros y campesinos para resolver el conflicto.
En tanto, el secretario de Gobierno de Durango, Jaime Fernández Saracho, negó que las autoridades hayan recuperado la mina, pero admitió que sí ingresaron las corporaciones, sólo para una visita de inspección de las condiciones en que se encuentra el yacimiento.
«Nunca rompimos el bloqueo», dijo tajante, y aseveró que el ingreso de las fuerzas estatales y federales fue a petición de la Secretaría de Gobernación, y que tampoco agredieron a la guardia de los mineros y ejidatarios, pues entraron por un punto distinto a la entrada principal.
En 2008, Excellon de México firmó un «contrato de ocupación temporal» con La Sierrita, en el que se comprometió a desarrollar proyectos productivos en favor del ejido. Incluso se obliga a la instalación de una planta tratadora de agua y otorgar a los ejidatarios la concesión del transporte de mineral y del comedor para los trabajadores, entre otros. No obstante, a la fecha ha hecho caso omiso de estos acuerdos y se ha negado a reconocer al sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, como legítimo representante de los trabajadores.
Ante los hechos, el gremio adelantó que recurrirá a las instancias legales correspondientes para revertir esta situación y para que se establezcan condiciones de respeto y diálogo en Excellon Resources. Señaló incluso que esta arbitrariedad, las agresiones contra los trabajadores de la Mina 7 de Barroterán, municipio de Múzquiz, Coahuila, y las presiones de la empresa PKC en Ciudad Acuña, Coahuila, muestran otra vez la mano del gobierno en favor de las empresas”, por lo que exigió el cese de esta ola de represión contra los mineros y demandó a los gobierno de Durango y Coahuila que frenen la violencia contra los trabajadores, y los responsabilizó junto con las empresas involucradas «de cualquier resultado fatal» de estas acciones de violencia.
Por su parte, el Prodesc indicó que en cuatro años la empresa no sólo no ha cumplido, sino incluso ha violado las cláusulas del acuerdo de arrendamiento. Por ello –dijo–, desde noviembre de 2011 los ejidatarios obligaron a la empresa a entablar una serie de mesas de diálogo, revisar los incumplimientos y las violaciones a las cláusulas del contrato de arrendamiento de tierras. A partir del 8 de julio, y ante la falta de voluntad de la empresa, la asamblea general del ejido decidió ejercer su legítimo derecho a protestar pacíficamente contra las operaciones de la compañía La Platosa.
Indicó que también ayer se hicieron presentes en la mina representantes del Ministerio Público Federal y estatal, los cuales están intimidando a los campesinos y mineros.
Para Prodesc, este acto evidencia una vez más que tanto el gobierno federal como el local utilizan la fuerza de seguridad pública para proteger los intereses de las trasnacionales, en detrimento de los derechos humanos de trabajadores, contravi- niendo la Constitución, instrumentos internacionales y la legislación en materia de garantías fundamentales.