Miles de personas, varias decenas de ellas a caballo, volvieron a marchar este viernes por sexto año consecutivo por el Centro contra el proyecto minero Aratirí.
La marcha fue convocada por varias organizaciones ambientalistas agrupadas en la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, plataforma que lucha desde hace años contra la instalación de Aratirí.
«Marchamos para evitar que se de un saqueo de nuestro país. Una multinacional planea penetrar y quedarse con el hierro, depredar el medio ambiente y no dejar ninguna riqueza en el país», explicó a Efe Rafael Fernández, uno de los manifestantes y candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en las elecciones de octubre.
Fernández indicó que el proyecto Aratirí «no va a desarrollar ni industrializar, sino colonizar» y que además «dinamitará una parte grande del territorio, dejará agujeros enormes por 80 años y contaminará las aguas».
El proyecto, en manos de la multinacional Zamin Ferrous, pretende invertir más de 1.000 millones de dólares en un complejo de 6.210 hectáreas, además de la construcción de un mineroducto de 212 kilómetros y una terminal portuaria en el océano Atlántico para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
En un primer momento, el acuerdo se iba a cerrar en 2011, pero presiones ambientalistas y políticas obligaron al Gobierno a modificar las leyes mineras para acomodarlas a un proyecto de una envergadura sin precedentes en el país.
La nueva norma, aprobada el año pasado, establece nuevas normas de gestión ambiental y social y el aprovechamiento fiscal de las rentas obtenidas por la venta del mineral.
Según el Gobierno y la empresa, el proyecto generará grandes beneficios económicos y empleo de calidad en la zona, hoy dedicada a la ganadería, y podría derivar en un incremento de la industria en el país.
Varias de las organizaciones que se plegaron a la marcha exigieron un plebiscito para dictaminar si la iniciativa se puede hacer, y que ésta no dependa de la decisión del Ejecutivo.
Tras la reforma de la ley de minería, Uruguay y Zamin Ferrous anunciaron que firmarían un contrato a principios de este año para comenzar con la explotación. Sin embargo, dicho contrato aún no se ha ratificado, sin que oficialmente se haya anunciado el motivo.