Por sexto año consecutivo, organizaciones sociales en al menos 15 países se manifiestan este 22 de julio en una edición más del Día Mundial contra la Megaminería Tóxica. Se trata de un creciente esfuerzo por consolidar un frente ciudadano global dirigido a detener el irracional modelo extractivista que impera en todo el mundo.
Dicho modelo ha causado daños irreversibles en ecosistemas de los cinco continentes y pretende avanzar incluso hacia los lechos marinos para explotar, mediante megaminería submarina, bajas concentraciones de minerales diseminados en enormes territorios subacuáticos. Como armonización de movimientos, el frente ciudadano global avanza pertinazmente y siempre contra la corriente, en un contexto cada vez más complejo y violento. Si bien sus éxitos jurídicos y morales han sido hasta el momento enormes en muchas regiones, es evidente que el problema que representa la megaminería tóxica se agrava y pone a la sociedad en uno de esos predicamentos históricos difíciles de superar sin grandes pérdidas.
El caso de México es especialmente dramático. No obstante la evidencia objetiva de la destrucción sin precedente de territorio y los daños sociales que ha provocado la megaminería de tajo a cielo abierto para metales preciosos a partir de las reformas salinistas de 1992, el gobierno mexicano mantiene firme su apoyo a los corporativos mineros, principalmente los canadienses. La finalidad es mantener a toda costa el flujo de inversión supuestamente productiva, que en el fondo es inversión fugaz y altamente destructiva. A la par, la Cámara Minera de México y sus aliados elevan el tono de su propaganda para difundir las presuntas bondades de la megaminería tóxica, inducir la fractura social e intentar debilitar cualquier oposición a sus intereses. En esas campañas, la industria minera nacional y trasnacional miente y confunde a la opinión pública. Su objetivo final es imponer sus proyectos, principalmente los dirigidos a explotar oro y plata. Las corporaciones mineras que operan en México se presentan además como grandes generadoras de empleo, benefactoras del pueblo y respetuosas del medio ambiente. Su publicidad ha sido aberrante y ahora, por desgracia, es posible contrastarla con la incontrovertible realidad de los varios desastres que han dejado.
La industria minera se niega así a reconocer públicamente el grave problema que está ocasionando en muy corto plazo el uso perverso de la tecnología en sus negocios depredadores. Sus representantes y defensores argumentan que la minería es desarrollo, que gracias a la minería, México tiene joyas como Zacatecas, Taxco, Chihuahua y Guanajuato. Deliberadamente o por ignorancia ocultan que el tipo de minería que dio lugar a esas joyas nada tiene que ver con los métodos de megaminería tóxica que ahora desarrollan los corporativos. Hoy día los tajos a cielo abierto o las minas subterráneas de tumbe y rellene –técnicas favoritas de la megaminería tóxica– no generan ciudades permanentes ni gloriosas, ni siquiera pueblos fantasmas; no articulan regiones ni mercados duraderos; no distribuyen ingreso ni riqueza; no socializan el trabajo; no producen bienestar. La megaminería tóxica produce, eso sí, la rápida desaparición de enormes territorios y el final desplazamiento de sus poblaciones; la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de reservas de agua fósil, ambas vitales para el futuro de la humanidad; la destrucción de patrimonio cultural e histórico; la pérdida de soberanía; en síntesis, el irreversible empobrecimiento material y humano de regiones enteras.
Esta irrebatible conclusión es, en gran parte, consecuencia de la profunda vulnerabilidad de los lazos comunitarios y de las redes de solidaridad frente a las muy estudiadas estrategias que las empresas mineras utilizan para dividir a los pobladores de los territorios que necesitan. Podríamos llenar cientos de páginas con historias de cómo han sido divididos los habitantes de una región mediante el dinero; de cómo pueblos enteros y sus familias extensas han terminado enemigas mortales tras aceptar unos y rechazar otros los ofrecimientos de una corporación minera. Abundan las historias de traiciones dentro de los ejidos, de tratos ocultos, de sobornos, de desinformación, de falsas consultas, de asambleas ejidales espurias, de asesinatos, de esquiroles, de amenazas; en pocas palabras, las historias de despojo de tierras a partir de un arsenal de billetes, abogados, funcionarios y políticos corruptos de cualquier color. Sin embargo, de fracasar estas estrategias, las corporaciones cuentan por ley con la posibilidad de solicitar la ocupación temporal del territorio o la servidumbre de paso. Las mismas autoridades mexicanas recomiendan a las empresas mineras agotar todos los medios para llegar a acuerdos con los pobladores y evitar en lo posible el recurso de la ocupación temporal.
En contraste, las experiencias de resistencia al despojo se multiplican por todo México. Diversas comunidades ahora valoran su incierto futuro al verse en el espejo de la desintegración de territorios que ha dejado la megaminería tóxica. Pueblos campesinos de Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz pueden comprender las consecuencias de no marchar unidos en la defensa de su territorio, con tan sólo ver el ejemplo del Valle de San Luis Potosí y la desaparición del Cerro de San Pedro; o bien en la tragedia ambiental y humanitaria que se vive en Mazapil, Zacatecas. De acuerdo con el Frente Indígena y Campesino de México, las corporaciones mineras ya acaparan 35 millones de hectáreas de tierras que eran de cultivo y que están en riesgo de ser destruidas e inhabilitadas permanentemente por la megaminería tóxica. A esta amenaza ahora se suma la demencial legalización del fracking. Con las acciones del Día Mundial contra la Megaminería Tóxica, los movimientos sociales de nuestro país pretenden este año ampliar las alianzas y vislumbrar el futuro de la defensa del territorio y la independencia nacional ante el retorno del autoritarismo.