Integrantes del Sindicato Minero Sección 65 afirmaron que el derrame de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi es seis veces más grande de lo que anunció Grupo México. “Ellos dicen que fueron 40 mil [metros cúbicos] porque se fueron al mínimo. El represo tiene 240 mil cúbicos de desechos tóxicos y cuando ocurrió el accidente estaba al tope”, dijo Antonio Navarrete Aguirre, de la organización sindical.
La organización gremial denunció también –el lunes pasado– que un represo, que resguarda material contaminante desde hace 30 años, está a punto de colapsar y contaminar de forma irreversible el río Sonora.
Los desastres ambientales en las cuencas de México vienen desde años atrás. Diversas organizaciones han advertido año con año de la falta de regulación para atender la crisis y los daños que pueden ocasionar a la población los contaminantes que son vertidos a los ríos.
El informe Ríos mexicanos, ríos tóxicos de Greenpeace , publicado en 2012, ubicó a “las aguas residuales municipales, los lixiviados de los basureros; y las aguas resultantes de las actividades productivas, principalmente la industria, agricultura y actividad minera” como las tres fuentes principales de contaminación de los recursos hídricos.
En ese contexto se desarrollan los últimos accidentes que afectaron diferentes ríos del país y causaron pérdidas millonarias por los estragos a las actividades económicas de las localidades.
Ayer se dio a conocer el sexto desastre ecológico registrado en las últimas semanas en México: miles de peces muertos aparecieron a la orilla del estero El Infiernillo, en Mazatlán, Sinaloa.
De acuerdo con pescadores de la localidad, en ese lugar se concentran desechos y basura sin que nadie inspeccione la zona.
A este caso, le antecedieron dos derrames petroleros: uno en Cadereyta, Nuevo León y el otro en Huimanguillo, Tabasco; así como el vertido de agua con cianuro en el municipio El Oro, Durango, y el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de la mina Buenavista de Grupo México, que ha afectado al menos a 22 mil personas en siete municipios.
EL DAÑO DE LAS REFORMAS DE EPN
Esta semana, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) manifestó su rechazo a las reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto que –asegura– “se instrumenta promoviendo megaproyectos […] cuya complejidad apenas alcanzamos a vislumbrar”.
El grupo conformado por 80 organizaciones explicó que por medio de “hidroeléctricas que proveen electricidad a proyectos de extracción minera e hidrocarburos; carreteras y puertos que facilitan el despojo; acueductos que trasvasan cuencas para beneficiar complejos industriales, ciudades rurales que se encargan de lidiar con el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y campesinas, siembra de transgénicos y monocultivos afectan nuestra diversidad biológica, además de contaminar y sobreexplotar nuestros ríos y acuíferos”.
Con el pronunciamiento coincidió Greenpeace. En un mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno de Peña Nieto, la organización ambientalista denunció que con el mandatario priista en el poder, “al medio ambiente le ha ido muy mal”.
Dijo que durante los primeros 20 meses de su administración, “se consolidó un modelo extractivo de nuestros recursos naturales y se demostró el menosprecio al medio ambiente”.
Advirtió que “el reciente derrame de sustancias tóxicas a los ríos Sonora y Bacanuchi es sólo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de nuestros ríos, la mala gestión de las cuencas, la poca supervisión a las industrias por parte de la Conagua [Comisión Nacional de Agua] y la laxitud de leyes y sanciones”.
LOS RECIENTES “ACCIDENTES”
En el caso de Sinaloa, uno de los dirigentes pescadores dijo a Noroeste: “Aquí la Jumapam [Junta Muncipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán] descarga aguas sin tratar, ayer estuvieron dragando todo el día, las aguas de las alcantarillas también llegan aquí, es eso, los químicos y la suciedad los dejó sin oxígeno”.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la zona sur respondió que no tenían información de la mortandad en el estero, y tampoco les correspondía atender.
Por su parte, la Jumapam reconoció que mantiene dos descargas de aguas sobre el estero El Infiernillo, pero no “graves”, y aseguró que en un recorrido de inspección, confirmó que los peces entraron con la marea.
En Jalisco, donde en menos de una semana aparecieron 82 toneladas de peces muertos en la Laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, estudios técnicos confirmaron que el vaso lacustre se encuentra contaminado por la recepción directa de las descargas urbanas y el mal funcionamiento de las plantas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) dieron a conocer los estudios y resultados de los trabajos que cada una ha llevado a cabo durante un proceso de saneamiento de la cuenca.
A mediados de agosto, una fuga de petróleo crudo causada por una toma clandestina se registró a 15 kilómetros al sureste de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) del municipio de Cadereyta, Nuevo León, y contaminó las aguas del río San Juan.
De acuerdo con informes, y declaraciones del Alcalde de Cadereyta, Emeterio Arizpe Télles, el incidente se registró en las válvulas de la refinería de Pemex del municipio.
Días después, una fuga de miles de litros de gasolina, ocasionada por una toma clandestina, provocó afectaciones en parcelas que ocupan tres hectáreas del ejido Pico de Oro, en el municipio de Huimanguillo, en Tabasco.
La fuga del combustible, de acuerdo con lo mencionado por lugareños y propietarios de parcelas, duró casi un fin de semana completo porque estuvieron avisando a personal de Pemex pero éste omitió atender el llamado.
Al finalizar el XI Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), los organizadores denunciaron otros posibles casos que podrían causar daños al medio ambiente, en especial, los referentes con proyectos hidroeléctricos.
Puebla
Exigimos la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos y las concesiones mineras en la Sierra Norte y todo el Estado de Puebla. Exigimos la cancelación de la instalación del gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como la central de generación de energía eléctrica en Huesca Morelos, proyecto que representa un riesgo mayor al estar en la zona de peligro eruptivo del volcán Popocatépetl. Rechazamos los proyectos para extracción de hidrocarburos que se tienen planeados en la Sierra Norte de Puebla. Exigimos el esclarecimiento y justicia al asesinato de Antonio Esteban Cruz, miembro de la CNPA-Movimiento Nacional y opositor a la Presa Cuamono. Exigimos la libertad a Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, presos políticos por resistir la imposición del Proyecto Integral Morelos y de la autopista arco Poniente, en la región Izta – Popo.
Guerrero
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), fortalece su lucha en contra de la construcción de este proyecto hidroeléctrico. “La tierra no se vende” y “La Parota no se hará”, son los principios que forjaron nuestros triunfos al impedir la construcción de la presa. A once años de iniciado el movimiento de resistencia reafirmamos nuestra decisión de luchar hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto.
Nayarit
Nosotros wixaritari, tepehuanos y coras, como pueblos originarios exigimos que se nos respeten las áreas protegidas, en los 19 lugares sagrados en donde están presentes nuestros espíritus, rituales, y pensamientos. Declaramos a nuestro río San Pedro como río Libre de Represas y rechazamos el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que pretenden destruir nuestra cultura y los bienes comunes naturales, de las comunidades ancestrales que habitamos en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango.
Jalisco
Celebramos la resistencia de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en contra de la construcción de La Presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco, así como las recientes resoluciones judiciales que han logrado detener la construcción de la cortina. Denunciamos la campaña “Las 13 verdades de La Presa el Zapotillo” impulsada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en contubernio con las empresas españolas FCC, Abengoa y las cámaras empresariales de construcción, violentando con esto el cumplimiento de las sentencias judiciales ganadas por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que mandatan que la altura de la cortina no debe sobrepasar los 80 metros de altura. Exigimos que las obras de construcción de la cortina permanezcan detenidas a 80 metros y se realicen de inmediato los ajustes necesarios, garantizando la seguridad y permanencia de las comunidades de la región de los Altos de Jalisco y su patrimonio cultural.
Veracruz
La Hidroeléctrica El Naranjal sigue como una amenaza constante. El proyecto ha cambiado sustancialmente del aprobado en 2010 por la Semarnat, pero sigue sin la aprobación de la población, causando problemas y divisiones internas.
En la Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla, exigimos la cancelación de los 24 proyectos de presas en la cuenca del río Bobos-Nautla y rechazamos a las hidroeléctricas como energía limpia.
Chiapas
Exigimos la cancelación de las presas en Chiapas y Tabasco: Itzantún, Cankuc, Chicuasén 2, San Miguel Huimanguillo, así como aquellas proyectadas en la Sierra Madre, en la región del Soconusco y sobre el río Usumancinta. Exigimos el respeto a las comunidades que se han declarado Libres de Represas, así como el resarcimiento de los daños ocasionados por las presas y otros megaproyectos que han afectado los pueblos de la región. No más extracción petrolera por la nueva reforma energética. Exigimos la salida inmediata de la empresa Caliz y Morteros en Cahuaré, sobre la Presa Cahuaré 1.
Colima
Felicitamos la Declaratoria de Territorio Libre de Minería que logró la Comunidad Indígena de Zacualpan, Colima. Repudiamos los engaños, la violencia verbal y física, las amenazas de muerte, represión e intimidación por parte de los caciques manipulados por los gobierno del estado y municipal, en contubernio con el empresario minero.
Denunciamos la criminalización que realiza el consorcio minero “Benito Juárez Peña Colorada”, a las comunidades de Los Potros, Puertecito de las Parotas, Mameyito y Coconal, agresión que se ha dirigido especialmente contra Félix Monroy Rutilo, quien ha denunciado la contaminación del Río Marabasco. Responsabilizamos al gobierno federal, del estado de Colima y a la empresa minera, de cualquier daño que pueda sufrir nuestro compañero.
Oaxaca
El Consejo de Pueblos Unidos por la defensa del río Verde (COPUDEVER), exige la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, así como el respeto al derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos. Rechazamos la reforma energética porque violenta los derechos de los pueblos.
Fuente: Sin Embargo Mx
EN DEFENSA DE LOS RÍOS