Susana González G.
México es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más conflictos socioambientales provocados por empresas mineras en cuanto a contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, pero también por la repartición de rentas e ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras, indica un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Argentina y México comparten el segundo lugar entre una veintena de naciones mineras de la región que afrontan estos problemas. Cada uno tiene 26 casos y sólo son superados por Perú y Chile que cuentan con 33 conflictos mineros que la Cepal atribuye a la falta de una legislación minera que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales entre otras, y que sobre todo sea firme al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible de los países.
Según el organismo, los proyectos de todas las empresas mineras que actualmente están implicadas en algún conflicto en México representan 13 por ciento de la producción nacional de oro.
Desde mediados de la década pasada, la industria minera ha logrado tasas de crecimiento anual que duplican e incluso triplican las correspondientes al producto interno bruto (PIB) de México. Entre 2005 y 2012, la minería creció en promedio 5.4 por ciento pero el PIB sólo lo hizo en 2.4 por ciento.
Destacan los años de 2007,y 2008, antes y durante la crisis financiera mundial, donde el sector registró aumentos de 8.9 y 5.9 por ciento, mientras el PIB nacional apenas se elevó 3.3 y 1.2 por ciento. El año pasado llegó a su crecimiento récord de 9.5 por ciento, pero el PIB cerró en 3.9 por ciento.
Sin embargo, la Cepal advierte que pese al crecimiento minero en México persiste la pobreza en sus diferentes modalidades (alimentaria, patrimonial y de capacidades) en varias entidades donde se ha desarrollado la industria, como son los casos de Guerrero y San Luis Potosí, que aportan el 13 y 7 por ciento de la producción de oro.
Aumentan costos financieros y fiscales
A la par del crecimiento que han experimentado la industria minera y las ganancias de las compañías en América Latina, gracias a la apertura comercial que permitió ampliar la inversión extranjera, las concesiones para la explotación de minerales y metales así como su exportación, la Cepal advierte que los costos económicos y financieros también se han acrecentado y uno de los más preocupantes es el relacionado con los pasivos ambientales que no sólo ha aumentado de forma acelerada sino que en muchos casos no se tienen identificados a los responsables.
Incluso sostiene que el no haber considerado dichos pasivos previamente al arranque de los proyectos mineros podría tener un impacto en las cuentas fiscales del futuro.
Detalla que muchos de los conflictos son porque las empresas han optado por explotar minas a cielo abierto, lo que resulta altamente contaminante por las excavaciones y explosivos pero muy atractiva para las compañías porque es más rentable que la minería subterránea que requiere mayor tecnología.
De México enlista casos por minería abierta, pero también por exposición a metales pesados, conflictos territoriales, disputa por ocupar zonas arqueológicas o problemas de precios en la compra de terrenos que involucran a las siguientes compañías: Minera San Xavier subsidiaria de Metallica Resources New Gold, Grupo Frisco, Gold Group, Ferro Gusa Carajás (en Real de Catorce), Minefinders Corporation of Vancuver, Pan American Silver, Linear Golpe Corp, Grupo Carso, Mina de Oro Nacional (canadiense), Minefinders Corporation of Vancuver, Continuum Resources Minera Natividad, Minera El Rosario, Great Panther Resources Limited y Media Luna.
Perú capta más impuestos por esa actividad que México
En la cuestión fiscal, la Cepal señala que los impuestos que pagaron las empresas mineras en México entre 2004 y 2012 representaron apenas al 2.9 por ciento del total de los ingresos fiscales obtenidos por el Estado, en contraste con Perú donde han aportado 7.8 por ciento, es decir 2.7 veces más que en aquí, y al que se agrega otro punto porcentual por el cobro de regalías.
El año pasado la contribución de los impuestos mineros en México al total de los ingresos fiscales fue de 2.5 por ciento, cuando el máximo histórico de 2008 llegó a 8.5 por ciento. Además, los impuestos del sector representaron en 2012 apenas el 0.6 por ciento del PIB.
Al comparar el régimen fiscal para la minería en México, Perú y Colombia, la Cepal señala que en todos se paga impuesto sobre la renta (ISR): de 30 por ciento en los dos primeros y 33 por ciento en el tercero. En Perú se paga además un impuesto especial a la minería a una tasa de 4 por ciento y un gravamen especial a la minería de 13.2 por ciento, aprobados recientemente por las altas ganancias de las empresas; en México se aplica el pago federal de derechos y el impuesto empresarial de tasa única a una tasa de 17.5 por ciento.
De los tres países, Colombia y Perú ya fijaron mecanismos de distribución de los ingresos percibidos por la minería. México, a través de una nueva ley de explotación minera que se estableció en el Pacto por México, buscará cobrar regalías y distribuirlas entre las comunidades afectadas por los proyectos mineros, apunta el organismo.
Tanto Perú como Colombia cobran regalías: de uno a 3 por ciento sobre las utilidades el primero como de uno hasta 12 por ciento del valor a boca de mina, que la Cepal destaca porque dado que aplican sobre la producción en curso se ha vuelto relevante para los gobiernos porque es más inmediata que el resto de los impuestos.