Veinte organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, presentaron el día de ayer en la Ciudad de México, el informe “Justicia para San José del Progreso”, donde se documentan violaciones a más de una decena de derechos humanos (DH) en la comunidad, por parte de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, así como de los gobiernos oaxaqueño y federal, luego de la imposición de un proyecto minero.
El informe es resultado de una Misión de Observación realizada a finales de 2012, y da cuenta de los derechos que han sido violados a la población a consecuencia de la minería, entre los que destacan: el derecho a la vida, al consentimiento previo, libre e informado; el respeto a la propiedad colectiva e integridad del territorio; a la libre determinación, a un medio ambiente sano, de asociación y reunión, de las defensoras y defensores de derechos humanos y a la administración de justicia (por mencionar algunos).
Durante la conferencia de prensa realizada en el Centro Prodh, las organizaciones también denunciaron que las y los habitantes de la comunidad han sido víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas, asesinatos —el de los defensores Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez—, lesiones, abuso de autoridad, negación de servicios básicos así como de afectaciones a sus viviendas, por parte de la empresa minera “con el total respaldo de las autoridades estatales y federales”, señaló Neftalí Reyes, secretario técnico del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.
Por su parte, Francisco Cravioto, representante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, señaló que dicha relación empresa-Estado es resultado de la legislación minera de nuestro país, ya que “es una ley hecha por y para las empresas mineras que entran a explotar a nuestro país”.
El investigador agregó además, que la Ley Minera reduce las facultades del Estado para intervenir en las decisiones que las empresas tomen respecto a las concesiones. Asimismo, hizo un llamado para que haga una revisión a dicha legislación, pues muchos de sus artículos violan derechos humanos tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de tratados internacionales que México ha firmado.
En este sentido, las organizaciones hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno para trabajar a favor de los derechos de la ciudadanía antes que de los de las empresas mineras, así como “garantizar el derecho a la vida e integridad física y psicológica de la población de San José del Progreso”. También instaron a que defiendan los derechos de las y los habitantes y cancelen las concesiones mineras que hayan sido otorgadas bajo procesos poco transparentes.
De igual forma, exigieron al gobierno canadiense que obligue a las empresas mineras a rendir cuentas ante el sistema de justicia de Canadá sobre las actividades que realizan en otros países; y a que “actúe de acuerdo a las recomendaciones del informe e investigue las violaciones a los derechos humanos que han cometido las empresas en territorio fuera del suyo”, puntualizó Claudia Campero, representante del Consejo de Canadienses.
Finalmente, Luis Tapia, abogado del Centro Prodh señaló que integrantes de la Misión de Observación sostendrán reuniones —para presentar el informe— con la Embajada de Canadá en México, la Delegación Diplomática de la Unión Europea, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Entre las organizaciones que suscriben el informe están: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Servicios para una Educación Alternativa; Tequio Jurídico AC; Servicios del Pueblo Mixe; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca;Fundar, Centro de Análisis e Investigación; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; Consorcio para el Diálogo y la Equidad de Género-Oaxaca; Council Of Canadians, entre otros.