30 de diciembre de 2011
Carlos Lara Moreno
Carlos Pavón Campos, líder del Sindicato Minero «Napoleón Gómez Sada», anunció que solicitarán a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hacer a un lado al ministro Fernando Franco y con ello se pueda determinar si existe la razón jurídica para que a Napoleón Gómez Urrutia se le diga si es viable la toma de nota o no y con ello saber si se valida el cargo de Secretario General del Sindicato Minero.
En conferencia de prensa, Pavón Campos detalló que en la administración de Vicente Fox, Fernando Franco fue el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, mismo que le entrego la toma de nota a Gómez Urrutia, por lo que contravendría en el caso.
«Sería un buen augurio que dejara que los demás magistrados le dieran la solución sin meterlo en un problema, sabemos que hay situaciones que se ven, no se ven igual de un lado a otro, pues era un subsecretario».
Por otro lado, el secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico afirmó que esta agrupación cuenta ya con 11 mil afiliados, situación que representa un «duro golpe» para la organización sindical que lidera «Napito».
Recordó que uno de los logros más importantes del Sindicato que encabeza que se logró la titularidad del contrato colectivo de trabajo de una minera de Torreón, Coahuila, y abundó que para los primeros meses del 2012 se espera tener el control de varios contratos colectivos en empresas ubicadas en Sonora, Durango, Zacatecas, Chihuahua y Estado de México, donde su agrupación ha ganado terreno a Gómez Urrutia.
«Faltan por definir esos laudos pero estamos seguros que serán favorables a nosotros, un dirigente sindical debe estar al frente de sus agremiados, no dirigiéndolos a control remoto como sucede con este sujeto que se esconde en Canadá. Existen muchas posibilidades que en los primeros meses del año, Napito se quede sin nueve secciones más».
Por último, Carlos Pavón Campos puntualizó que poco a poco Gómez Urrutia «se está quedando solito» y pidió al Gobierno federal que utilice todos los recursos a su alcance para extraditarlo de Canadá y responda por el desvío de 55 millones de dólares, pertenecientes a un fondo de ayuda a los trabajadores mineros.