Desde que se modificó la ley minera en 1992, en esta República agujereada el gobierno federal ha concesionado alrededor de una tercera parte del territorio nacional en beneficio de los barones de la minería, quienes han visto crecer como espuma sus fortunas. El argumento oficial es que –como en el caso del petróleo– la riqueza mineral pertenece a la nación, siempre y cuando ésta permanezca en el subsuelo. Una vez extraída la cosa cambia y queda en manos de particulares, los que –se supone– pagan derechos al erario, y todos quedan contentos (versión oficial) con esta brillante fórmula.
En los hechos los únicos que son felices son los citados barones, puesto que –sólo como ejemplo– en el periodo 2008-2013 el valor acumulado de la producción minera nacional sumó poco más de un billón 234 mil millones de pesos (algo así como 83 mil millones de dólares al tipo de cambio actual) y el erario, por concepto del supuesto pago de derechos, obtuvo a cambio apenas 7 mil 100 millones de pesos (alrededor de 473 millones de dólares), o lo que es lo mismo, 0.6 por ciento de esa riqueza extraída.
Compárese la miseria obtenida por el erario con el incremento en el volumen extraído de la principal riqueza mineral del país: de 2008 a 2013 el valor de la producción de oro (controlada por empresas canadienses) se incrementó 300 por ciento; el de la plata (acaparada por Alberto Bailleres) 200 por ciento, y el del cobre (monopolizado por Germán Larrea) cerca de 60 por ciento. En líquido, tales proporciones acumularon 704 mil millones de pesos, de los que 143 mil millones corresponden al primer año de Enrique Peña Nieto. También está el caso del carbón (en el que el zar es el patrocinador de sindicatos blancos en Coahuila, Alonso Ancira, del Grupo Acerero del Norte), con un valor acumulado de 35 mil 500 millones de pesos. Eso sí, todos incumplieron en lo que a generación de empleo se refiere.
En el mismo periodo la inversión nacional y foránea en el sector minero acumuló cerca de 30 mil millones de dólares, de tal suerte que los consorcios del sector obtuvieron casi 3 dólares por cada uno que invirtieron, es decir, se instalaron en el paraíso gracias a la política minera del gobierno federal. En cambio, la participación del erario en esa majestuosa riqueza ha sido meramente simbólica, toda vez que, en números cerrados, por cada peso que recibió por concepto de derechos, los barones de la minería se quedaron con 173 pesos. Ello, desde luego, sin considerar el daño ecológico y social causado por los tóxicos barones concesionados.
Lo anterior explica cómo fue posible que barones como Alberto Bailleres (Peñoles) y Germán Larrea (Grupo México, el de Pasta de Conchos) incrementaran sus fortunas como en los cuentos de hadas: tan sólo en los gobiernos panistas (Fox y Calderón) y el primer año del actual (Peña Nieto), Bailleres aumentó sus haberes mil por ciento (de mil 200 a 12 mil 400 millones de dólares, según Forbes) y Larrea mil 300 por ciento (de mil 100 a 14 mil 700 millones de dólares), convirtiéndose en el tercero y segundo, respectivamente, hombres más ricos del país, en una economía que a duras penas “creció” 2 por ciento como promedio anual. Para 2015 la situación mejora –para ellos, desde luego–, puesto que en la Ley de Ingresos de la Federación, aprobada por el Congreso, queda claro que a lo largo del año las “regalías provenientes de fondos y explotación minera” sumarán cero pesos con cero centavos.
Sólo en el primer año del gobierno peñanietista el monto de la inversión privada en el sector minero sumó cerca de 85 mil millones de pesos, pero el valor de la producción minera ascendió a 262 mil 353 millones de pesos, mientras el pago de derechos a duras penas alcanzó mil 734 millones, monto casi 20 por ciento inferior al originalmente estimado por la Secretaría de Hacienda. Tal vez por eso y para evitar complicaciones, para 2015 decidieron borrar del mapa el ingreso por derechos mineros.
Como detalla la Auditoría Superior de la Federación (ASF, de donde proviene el grueso de las cifras citadas), el problema se agrava porque “la problemática principal en el cumplimiento de la recaudación por derechos sobre minería se debe a que el Sistema de Información y Administración Minera (SIAM, dependiente de la Secretaría de Economía) genera reportes desactualizados, lo cual no permite arrojar datos útiles, confiables y oportunos sobre el cumplimiento del pago de derechos” por parte de los concesionarios, asunto que la propia ASF viene denunciando de muchos años atrás y que, todo indica, en el gobierno federal no tienen la mínima intención de corregir, puesto que el desorden beneficia a los barones de la minería.
La ASF detalla que “se denomina derecho sobre minería a la cuota que pagan los titulares de las concesiones por el uso de la superficie concesionada. La cuota se determina de acuerdo con la cantidad de hectáreas señaladas en los títulos de concesión. La Secretaría de Economía cuenta con una herramienta informática denominada SIAM, en la cual se registran los trámites de los concesionarios, y permite conocer el monto del pago de derechos sobre minería”. Hasta donde se sabe, el cobro de derechos va de cinco a 110 pesos por hectárea concesionada, lo que formaliza el asalto a la nación.
Lo anterior sin considerar el gasto público destinado a la “promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras”, es decir, que el famélico erario todavía destina recursos para facilitarle la operación a los barones de la minería y estén más que contentos, aunque, como lo explica la ASF, “la Secretaría de Economía no dispuso de registros que faciliten la fiscalización de los gastos para medir la economía en la aplicación y distribución de los recursos presupuestarios en las acciones de promoción y regulación-supervisión de la actividad minera”.
Y después dicen que como no hay recursos para financiar el crecimiento económico ni el desarrollo social, pues no queda de otra que los recortes presupuestales.
Las rebanadas del pastel
Al grito de “pégame, pero no me dejes”, el gobierno peñanietista jura que “no hay distanciamiento con el Vaticano” tras el pronunciamiento del papa Francisco (en México “la cosa es de terror”) y enciende veladoras para que el Altísimo se apacigüe. En cambio, lo dicho por González Iñárritu le vale sombrilla… Y el chiste de la semana va por cortesía de los senadores de la República: “ningún delito quedará sin sanción” (firman los delincuentes).
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