31/03/2020
Abel Gilvonio
Foto: CAAAP
Publicado por Cooperaccion
El coronavirus salió de China, pasó por Europa y llego a Perú dejando a su paso miles de muertos. En nuestro país, como resultado de la decisión acertada del presidente Martín Vizcarra, se viene resistiendo al embate de este virus mortal a pesar de tener en estos momentos un sistema de salud pública muy debilitado por el neoliberalismo.
Pero el coronavirus no es el único problema de salud pública y nuestros ancianos y niños tampoco son las únicas poblaciones vulnerables que tiene el país. Es una verdad de perogrullo decir que en el Perú existen ciudadanos más vulnerables que otros. Nuestras escandalosas desigualdades y miserias en estos momentos de crisis por el coronavirus, nos muestran lo que siempre estamos intentando maquillar u ocultar. A pesar del discurso oficial que presenta al Perú del boom extractivo y de los mejores indicadores macroeconómicos, tenemos poblaciones vulnerables como los afectados por tuberculosis, enfermos con VIH, anémicos, desnutridos, tísicos y también tenemos a ciudadanos y ciudadanas afectados por metales tóxicos[1].
Me quiero detener aquí para hablar sobre la vulnerabilidad de las y los afectados por metales tóxicos. Hoy todos sabemos qué es el coronavirus y cómo actúa en el cuerpo, sin embargo muchos seguimos sin entender qué son los metales tóxicos y cuál es el impacto en las personas, es decir, cómo se moviliza por nuestros territorios y cuerpos este “enemigo invisible”.
Lo primero que hay que saber es que estos metales se pueden encontrar en la corteza terrestre de forma natural. Sin embargo, la mayor causa de contaminación ambiental y exposición del ser humano se debe a las actividades antropogénicas como la minería, la industria, la agricultura intensiva y el uso doméstico donde también podemos estar expuestos a estos metales. Lo segundo es que según la OMS, el arsénico, el plomo, el cadmio y el mercurio tienen un alto grado de toxicidad y constituyen una preocupación para la salud pública mundial. El 2018 en nuestro país el Ministerio de Salud (MINSA) reconoció que este era un problema de salud pública nacional y que era necesario tomar medidas para la atención de las personas afectadas por metales tóxicos.
Un diagnóstico rápido de este “enemigo invisible” nos muestra que este problema de salud pública se mueve en distintas dimensiones: la territorial; la técnico científica; la legal y; la institucional.
En la dimensión territorial este “enemigo invisible” sigue siendo un problema a resolver principalmente por la ubicación de las zonas de riesgo. Hasta ahora lo que tenemos es un mapa publicado por el 2018 que se denomina “Mapa de exposición a metales pesados en regiones-agosto 2018”. Lamentablemente no se ha avanzado en construir un mapa de zonas de riesgo con enfoque multisectorial, es decir un mapa del territorio que pueda cruzar data de pasivos ambientales mineros y petroleros de alto y muy alto riesgo, de cuerpos de agua contaminadas de la Autoridad Nacional del Agua, de agua contaminada de consumo humano directo y de población expuesta a metales tóxicos y el registro de dosados por el MINSA como se propuso en las mesa técnica del Congreso de la República.[2]
En la dimensión técnico científica evaluamos dos aspectos: a) la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano y b) la vigilancia epidemiológica. En el primero el MINSA ha identificado algunos de los metales por encima de los valores límites permisibles. Así por ejemplo, se ha encontrado la presencia de arsénico en algunas localidades de las regiones de Loreto, Cajamarca, Pasco, Junín, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Plomo en algunas localidades de Loreto, Cajamarca, Lambayeque, Lima, Pasco, Junín, Ica, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Moquegua. Y mercurio en algunas localidades de los departamentos de Loreto, San Martín, Huánuco, Junín, Ica y Ayacucho.
En la dimensión legal algunos de los afectados y afectadas por metales tóxicos han recurrido legalmente a instancias jurídicas nacionales y supra nacionales, obteniendo resoluciones favorables con mandatos de cumplimiento obligatorio por parte del Estado peruano. El mandato de cumplimiento se orienta sobre todo al sector salud a través de medidas cautelares y/o resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH que por regiones se distribuye así: Amazonas (1), Callao (1), Loreto (2), Madre de Dios (1) y Cusco (1)[4]
Para terminar en la dimensión institucional, nos encontramos con los siguientes problemas no resueltos hasta ahora: (1)la promesa incumplida por la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM de instalar una Comisión Multisectorial de alto nivel para atender a los miles de ciudadanos que reclaman una atención preventiva y especializada; (2) la falta de compromiso del Ministerio del Ambiente para asumir la secretaría de esta comisión; (3) la falta de un mayor presupuesto nacional para atender este problema; y (4) los retrasos del MINSA para aprobar una propuesta de abordaje integral para los afectados por metales tóxicos. Todo esto demuestra que el Estado, más allá de las palabras, no muestra la voluntad política para solucionar este problema de salud pública nacional mientras se sigue extendiendo en el país.
Sabemos que este tiempo de emergencia nacional sanitaria nos demanda unir todos los esfuerzos para poder salir airosos de la batalla contra el coronavirus. Pero eso no debe implicar que nos olvidemos y no demandemos la atención contra ese otro “enemigo invisible” que viene afectando la salud de miles de peruanos y peruanas.
[1] El año 2017 en el Primer Encuentro Nacional de afectados y afectadas por metales tóxicos se asumió esta definición para resumir “metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas”
[2] Resumen de avances y pendientes de la Mesa Técnica “Políticas para la Atención y Prevención Integral de la Afectación de la Salud por Contaminación con Metales Tóxicos y otros, asociados a minería e hidrocarburos”
[3] Documento técnico “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas.”
[4] Resolución de Gerencia General N°173 –GG-ESSALUD-2020.