El intento de sancionar el Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, al interior de la asamblea legislativa plurinacional, elaborada sin participación de todos los sectores del pueblo boliviano, ha generado reacción de diversas organizaciones, enfrentamientos y, peor aún, ha cobrado vidas. Ante esa coyuntura adversa a los derechos humanos, la sociedad civil, instituciones, organizaciones y naciones indígena originarias y campesinas nos auto convocamos en la Mesa de Diálogo “Efectos y alcances del Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia” para analizar y discutir sobre los efectos, riesgos y alcances del mencionado proyecto de ley. Evento realizado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, el día dos de abril del año en curso.
Como representantes de la sociedad civil tenemos la obligación de denunciar que esta propuesta de ley, lejos de velar por los intereses del pueblo boliviano, se constituye en un instrumento que beneficia los intereses del sector cooperativo, empresariado nacional y transnacional, atentando contra la vida y biodiversidad, el derecho humano al agua, a vivir en un medio-ambiente sano, los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, la defensa del medio ambiente y la Madre Tierra, legaliza la criminalización de la protesta.
En suma es un proyecto que va contra la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado Boliviano que protegen y garantizan los derechos humanos.
1. Derechos individuales y derechos colectivos:
a) Socializar e informar en ámbitos locales, nacionales e internacionales, en los foros sociales, así como por medios de comunicación, el análisis realizado sobre II- vulneración de derechos individuales y colectivos que genera el actual proyecto de Ley de Minería y Metalurgia.
b) Remitir a los órganos del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) las observaciones, propuestas y posicionamientos institucionales (CONAMAQ, BOCINAB, REGANTES y otros) respecto á la vulneración de los derechos fundamentales y derechos de los pueblos indígenas, establecidos en el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia.
c) Exigimos que la Comisión de Pueblos Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se pronuncie respecto a los alcances del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia sobre los derechos individuales y derechos colectivos.
d) Exigimos que el Gobierno Central respete el derecho a la participación, genere instancias, espacios de diálogo con todos los sectores de la sociedad Boliviana particularmente con las organizaciones indígena originaria campesinas, regantes para elaborar participativamente un nuevo proyecto de Ley de Minería y Metalurgia
2. Madre Tierra y Recursos Naturales.
a) Exigimos que el Gobierno genere espacios de debate para construir colectivamente la Ley Marco de Agua Para la Vida y la Ley de Consulta Previa Libre e Informada, con carácter prioritario antes que el tratamiento y aprobación de la ley de Minería y Metalurgia.
b) Convocamos, con carácter de urgencia, la realización de una Cumbre Nacional en Defensa de la Madre Tierra, el Medio Ambiente, recursos naturales y el agua, con representantes de organizaciones indígena originario campesinas, regantes, y de la sociedad civil para elaborar estrategias de lucha conjunta y determinar acciones a seguir.
c) Exigimos la paralización de tratamiento del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia en tanto la misma no sea consensuada y socializada con todo el pueblo boliviano en su conjunto.
d) Exigimos que los capítulos de consulta previa libre e informada, así como el uso de aguas no debe estar incluidos en el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia puesto que esta no puede regular derechos individuales y derechos colectivos. El Gobierno debe respetar los estándares internacionales referidos a consulta previa libre e informada.
e) Proponemos la conformación de una coordinadora en defensa de la Madre Tierra, el medio ambiente, recursos naturales y el agua.
3. Política Económica.
a) El actual Proyecto de ley de Minería y Metalurgia profundiza el modelo extractivista neoliberal, fomentando la dependencia económica, beneficiando a cooperativistas, empresa privada nacional y transnacionales, en perjuicio de los intereses del pueblo boliviano en su conjunto. El gobierno tiene que implementar, en serio, la muy anunciada industrialización de materias primas.
b) Exigimos que se elabore, de manera participativa, una política minera que sea equilibrada, racional y sostenible. Que se nacionalice y con preferencia se industrialicen los recursos mineralógicos, metálicos y no metálicos en Bolivia. Los pueblos en defensa de nuestro territorio vamos a defender nuestros recursos, así vamos a poder tener mejor salud y educación.
c) El gobierno central debe nacionalizar toda la minería, con urgencia la Mina San Cristóbal, puesto que la transnacional Sumitomo, se lleva todos los beneficios económicos dejando migajas para el país.
d) Exigimos al Gobierno Central, a los gobiernos departamentales y municipales implementar políticas que fomenten el desarrollo agropecuario de las comunidades indígena originaria campesinas.
e) En el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia se debe incorporar mecanismos de justa redistribución y definir porcentajes de regalías mineras para que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, en cuyo territorio se encuentren operaciones mineras, se beneficien de manera directa y preferente con recursos económicos, los cuales serán administrados según sus normas y procedimientos propios.
Llamamos a todo el Pueblo Boliviano a sumarse en la defensa de la Madre Tierra, recursos naturales, el agua, los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos
Es dado en la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de abril del año 2014
Por la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas originario campesinos.