Ambientalistas que forman parte de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, se presentaron nuevamente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para pedir a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, que emitan sentencia en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA).
“La sala debe de resolver lo más pronto posible y que esto sea en beneficio de los intereses de la población”, manifestó Héctor Berrios, miembro de la mesa.
El Salvador tiene vigente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos desde 2006. En el 2010, diferentes organizaciones interpusieron un recurso de inconstitucionalidad el cual fue admitido por la Sala de lo Constitucional, “así como han resuelto otros temas, deben de resolver este que tiene varios años de estar archivado y que está afectando a la población”, señalaron.
Berrios detalló, que la corte tiene las opciones de declarar inconstitucional todo el tratado o 14 artículos que los magistrados han manifestado que violentan principios constitucionales.
“La expropiación indirecta es uno de ellos, cuando plantean que con la explotación minera han programado ganar una cantidad de millones y la población no lo permite, la empresas demandan solo por estar adscritos al tratado”, puntualizó.
La empresa minera Commerce Group, ha demandado al estado salvadoreño por $100 millones y la transnacional Pacific Rim por $315 millones, ambas demandas están en proceso en El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“En ambos casos, el país ha gastado en reuniones y cuestiones jurídicas alrededor de cinco millones de dólares, esta cantidad de dinero se hubieran invertido en salud, medio ambiente, educación para la población”, enfatizó Héctor Berrios, abobado de la organización.
Los miembros de la Mesa contra la Minería, aseguraron que el TLC con Estados Unidos, tiene el mismo marco jurídico que el recién ratificado Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.