El Ministerio de Energía y Minas emitió el 8 de julio del presente año, la Resolución No. 0104, en la que establece que «…no existe causal para suspender operaciones de Marlin I», luego de ser analizada la información vertida por diferentes instancias de Gobierno, tras las pruebas de descargo que presentara Montana Exploradora de Guatemala.
20/07/2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado la suspensión de actividades mineras en la Mina Marlin, que realizar operaciones en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, en el departamento de San Marcos. Sin embargo, la suspensión nunca fue ordenada por el gobierno guatemalteco.
Gobierno solo escucha y ve a Montana
De acuerdo con fuentes del MEM, Montana Exploradora, empresa que realiza acciones en la Mina Marlin, proporcionó los informes y evidencias como pruebas de descargo para descartar los señalamientos que motivaron la suspensión ordenada por la CIDH.
Con la resolución del pasado 8 de julio, el MEM establece que no hay causal para ordenar la suspensión de actividades.
Fuentes de Montana Exploradora ofrecieron esta información, indicando que habían colaborado con las investigaciones sobre las denuncias que se interpusieron ante la CIDH.
«Luego de varios meses de trabajo durante los cuales se realizó una diversidad de investigaciones y análisis por parte de los ministerios e instituciones competentes, se llevó a cabo una serie de audiencias que derivaron iniciativas complementarias (como la instalación de la Mesa de Diálogo para San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa), que sirvieron de insumos para emitir el dictamen del MEM, que respalda de forma oficial, lo que la compañía siempre sostuvo: que Mina Marlin y todos los colaboradores de Goldcorp en Guatemala operamos a todo nivel acorde a los más altos estándares nacionales e internacionales», comentó Mario Marroquín, director ejecutivo de Montana.
La comisión ad hoc se conformó con representantes de los ministerios de Ambiente, Salud, Comunicaciones y la Unidad Socioambiental del MEM.
Adicionalmente, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), esta semana estaría haciendo llegar un informe a la CIDH donde adjunta la Resolución del MEM como sustento y base para la decisión del Gobierno de Guatemala de no suspender las operaciones en Mina Marlin.
Cronología
Montana había obtenido la licencia de explotación minera en 2003, y desde entonces, realiza acciones, luego de que le fuera aprobado el Estudio de Impacto Ambiental y Social.
Pese a las críticas y denuncias públicas contra la Mina Marlin, ni los Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente habían informado sobre daños al ambiente. Sin embargo, el año pasado, la CIDH había ordenado la suspensión, mientras se investigaba denuncias interpuestas por habitantes de los municipios donde opera la Mina Marlin.
Pese a ello, el Gobierno no ordenó la suspensión, dejando que se continuaran labores y realizando la investigación sobre las denuncias mientras continuaban operando.
«Montana siempre ha sido respetuosa del estado de Derecho, así como cuidadosa en observar diversas y exitosas medidas para salvaguardar el ambiente y las condiciones sociales en el área de explotación de Mina Marlin», refiere un comunicado proporcionado por Montana.