13/05/2022
La megaminería casi no aporta al fisco sino al revés. Según estudios de la Secretaría de Ingresos públicos de la Nación, el gasto fiscal de la megaminería es de cien millones de dólares anuales.
Por Federico Soria
A CONFESIÓN DE PARTES, RELEVO DE PRUEBAS
“La Secretaría de Ingresos Públicos de la Nación ha efectuado una estimación de los gastos tributarios en la Argentina. Este estudio identifica como gasto tributario al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo especial que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria»
Para el caso de la actividad minera, esta investigación estimó que el gasto fiscal para 2009 ascendía a $372,5 millones (U$S 97 millones al cambio de ese entonces). Para el año 2008 ascendía a $397 millones (U$S 124 millones).
«Cabe aclarar que el gasto tributario del Estado en el caso de la minería es teórico, ya que no se trata de subsidios directos para la promoción de la actividad. El Estado no destina fondos para pagar subsidios, sino que deja de percibir impuestos al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del general” (informes de sostenibilidad 2008 y 2009 de Minera Alumbrera). Ver => Informes sostenibilidad Alumbrera
Estos números hacen referencia a la suma total de los beneficios fiscales a la minería establecidos en las leyes nacionales 24.196, 22.095 (mencionadas en ese mismo documento) y demás normas modificatorias y/o complementarias, que benefician a la minería a gran escala por sobre el resto de los contribuyentes, excluyéndola de una gran cantidad de obligaciones fiscales que el común de los ciudadanos y empresas no extractivas deben afrontar. En este y otros informes, la corporación remarca que “no recibe subsidios del gobierno”, una retórica que constituye una suerte de oxímoron, a la luz de los hechos concretos; y una contradicción flagrante, ya que contrasta en un todo con la cita referida al principio.
Para el año pasado (2021), se ha calculado que el gasto tributario minero del Estado fue de $ 7.689 millones, con el agregado de que el presupuesto de la Secretaría de Minería de la Nación destinado a promocionar la actividad (en su mayoría destinado a fomentar la explotación de oro, cobre y litio) fue de $ 335 millones. Con lo cual, los valores en dólares se mantienen a un promedio de U$S 100 millones anuales de subsidio encubierto a la actividad. Ver => Presupuesto 2021
Obviamente, el asunto es proclive a la falta de transparencia, consecuentemente existen numerosas denuncias, ya que esta sangría en las arcas públicas adolece de falta de fiscalización y rendición de cuentas. Ver => Gasto tributario
De acuerdo a lo que se puede leer en los propios informes corporativos de las empresas y a los datos aportados por reparticiones del gobierno nacional, el subsidio implícito del Estado a la megaminería está solapadamente reconocido por los propios saqueadores, que no sólo lo son del territorio, sino también de las arcas públicas, más allá del discurseo oficial y/o corporativo que arenga lo contrario para la tribuna. La megaminería está muy lejos de solventar los gastos del Estado (sueldos, obra pública, salud, educación, justicia, seguridad, etc.), ya que no paga la mayoría de los impuestos que afronta el resto de los contribuyentes; y los aportes por regalías y dividendos de los socios estatales, resulta ser ínfimo en relación a los presupuestos oficiales aprobados y vigentes.
EL FALSO ARGUMENTO DE QUE LA MEGAMINERÍA PAGA LOS SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FINANCIA OBRAS EN CATAMARCA
A fin de demistificar la falacia de que la mineria solventa el gasto público en las provincias mineras, vamos a analizar a modo de ejemplo el caso de Catamarca, con datos de fuentes concretas.
Presupuesto de Catamarca 2022 aprobado por ley: $ 216.000 millones
Regalias mineras recibidas en 2021 (va al presupuesto 2022): $ 1.030 millones
Reparto de dividendos de YMAD en 2021 (va al presupuesto 2022) $ 317 millones
Esto quiere decir que la suma de las regalías mineras, más los dividendos de YMAD, representan para el Gobierno de Catamarca alrededor del 0,6 % del presupuesto provincial.
Entonces, a modo de ejemplo, podemos calcular que un empleado público o docente de Catamarca que percibe $ 100.000.- de sueldo, sólo está recibiendo $ 600.- procedentes de regalías y ganancias mineras.
Del mismo modo, alguien que cobra $ 50.000.- solo esta recibiendo $ 300.- de la minería. Y asi proporcionalmente…
Del mismo modo se puede calcular cuánto aportan verdaderamente los fondos mineros a la obra pública, mas alla de lo que se dibuje en el discurso o pa propaganda oficial o privada al respecto…
El grueso de ese dinero no viene de la minería, sino que lo aportan en partes más o menos iguales el pueblo y las otras actividades económicas no extractivas.
El 99,4% del presupuesto provincial no proviene de la mineria, sino de 1) los ATN, 2) la coparticipación federal y 3) la recaudación propia.
1) Los ATN (aportes del tesoro nacional) están conformados por dinero del tesoro nacional que la Casa Rosada gira de manera discrecional a las provincias todos los meses, en base a negociaciones y acuerdos políticos con cada administración. Como todos sabemos, en un país con marcado deficit fiscal, el tesoro nacional se financia con deuda pública, a traves de la emisión de títulos, letras y bonos que la van engrosando. El costo de todo eso lo paga en su gran mayoria el bolsillo del pueblo, a través de la inflación.
2) La coparticipación federal es un mecanismo mediante el cual la Nación reparte a las provincias el dinero proveniente de la recaudación fiscal de impuestos nacionales, como el IVA, ganancias, renta mínima presunta, bienes personales, combustibles, cheques, aduanas, retenciones, etc. La minería no paga la mayoría de estos impuestos, ya que está exenta o puede deducirlos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 24.196, con lo cual su aporte a la coparticipación es ínfima. Casi la mitad de la recaudación nacional de impuestos proviene del IVA que pagamos todas y todos, cada vez que compramos cualquier cosa, o sea que este aporte es solventado mayormente por el dinero del pueblo. Los demás impuestos nacionales los pagan las otras actividades económicas no extractivas que no tienen exenciones impositivas nacionales (comercio, servicios, agricultura, ganadería, turismo, etc).
3) La recaudación propia es el dinero que ingresa al gobierno provincial por impuestos y servicios que cobra por su cuenta a la población. La minería no paga ningún impuesto provincial o municipal fuera de las regalías ya mencionadas, puesto que también está exenta, de acuerdo a la misma ley nacional, a la cual adhiere la provincia. La recaudación provincial se conforma de ingresos brutos, inmobiliario, automotor, sellados, multas y servicios que presta por su cuenta. O sea que, también el aporte sale en gran medida del bolsillo del pueblo y de otras actividades económicas no extractivas que no tienen exenciones impositivas provinciales (comercio, servicios, agricultura, ganadería, turismo, etc).
Las corporaciones megamineras justifican el subsidio implícito del estado a la actividad (a través de facilidades financieras y cambiarias, estabilidad fiscal, deducciones y/o exenciones impositivas establecidas por ley), aduciendo que supuestamente el Estado gana tres o cuatro veces más en impuestos, regalías, retenciones, etc, que dicen estar pagando. Sin embargo, el resto de las actividades lo pagan en mayor proporción y sin recibir ningún beneficio fiscal a cambio. Además, el aporte fiscal de la masa conformada por contribuyentes particulares y PYMES, significa un número varias veces mayor que el de las corporaciones extractivistas.
El otro dato no menor es que con este subsidio fical a la megaminería, el Estado está invirtiendo enormes cantidades de dinero para una actividad que apenas ocupa al 0,7% de la masa laboral total empleada, número que con mucha suerte trepa al 1,6 en las zonas mineras. Mientras tanto, las actividades económicas no subsidiadas y el propio estado, ocupan en conjunto a más del 80% de la masa laboral total empleada (INDEC). Ver=> Inversión estatal
En el cálculo costo-beneficio que hacen las corporaciones mineras para la recaudación fiscal, omiten incluir las externalidades de las explotaciones, que básicamente consisten en la sumatoria de todos los impactos ambientales sociales y económicos negativos que se manifiestan en los territorios (daño ambiental, salud, pobreza, éxodo de la población, etc). Este gasto deliberadamente indeterminado, es asumido en primera instancia por el estado y en segunda instancia por las propias comunidades. Por ello es que los datos de esos informes corporativos en relación a los supuestos beneficios a la comunidad, están completamente sesgados, con ecuaciones por demás incompletas y plagadas de omisiones ex-profeso.
Concluyendo con esta idea, los datos duros demuestran que la realidad económica es lo contrario de lo que pretenden hacerle creer a la gente los gobiernos y las empresas megamineras: las arcas públicas (sostenidas por el pueblo y las actividades productivas no extracttivas) financian el saqueo y la destrucción de nuestros territorios por parte de las corporaciones megamineras (y no al revés).
Agradecemos el informe a Federico Soria