Desde el pequeño municipio de Piedras (Tolima) sus habitantes mandaron un mensaje contundente y gigantesco al Gobierno Nacional y a todo el país: no a la megaminería en esa región. A través de una consulta popular consignaron 2.791 votos por el No, 24 por el Sí, dos votos nulos, y 10 tarjetas no marcadas.
¿Qué significa esto? De acuerdo a la ley inmediatamente competente, es decir, la 134 de 1994, que habla sobre mecanismos de participación ciudadana, la decisión es obligatoria. ¿Por qué? Simples formas de la democracia directa que deberán tener algún efecto: tuvo el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos y participó no menos de la tercera parte del total que conforma el censo electoral.
¿Cuál es el problema? Que esta decisión, que atiende las necesidades y deseos directos de una comunidad entera como la de Piedras, choca con la voluntad nacional de adelantar grandes proyectos de minería en el territorio nacional.
Y choca en grande, digamos, jurídicamente hablando: el pasado 9 de mayo el Gobierno Nacional firmó un decreto, el 0934 del 9 de mayo de 2013, que prevé lo que pasó en el Tolima: que por más que un municipio se oponga, dice la norma, no podrá impedir la entrega de títulos mineros.
Este problema de gobernabilidad es el que deberá atender el gobierno de Juan Manuel Santos si no quiere que su locomotora minera (sobre todo cuando el sector está rebotado en paros) se le salga de las manos y se quiebre en medio de la falta de legitimidad.
En este escenario ambos parecen tener razón. Tienen razón los habitantes del municipio de Piedras, por supuesto, quienes evalúan una política pública desde el instrumento más directo al que tienen alcance, como miembros de una entidad local. Y se oponen y levantan su voz de una forma pacífica, justo en el momento en que el país está a la vuelta de la esquina de estar envuelto en llamas por las protestas masivas. Y tienen razón en no querer que se dañe su agua: uno de sus más preciados bienes, al que han cuidado celosamente y rendido tributo cada vez que pueden.
Tiene razón, también y en cierto sentido, el Gobierno, no tanto por imponer por decreto una decisión de este estilo, sino por abordar el problema desde la estructura administrativa: ¿no debería la minería estructurarse, con todas las previsiones, desde el Ministerio de Minas, que para eso es que está? Y ahí nos preguntamos ¿no podrá haber un lineamiento claro, acordado con las comunidades locales, para que la minería pueda avanzar bajo una política nacional?
La pregunta jurídica queda abierta: para decirlo de manera coloquial, ¿qué mata a qué? ¿Consulta a decreto? En nuestra opinión, sí, la autonomía de la comunidad es un asunto que va hasta la médula de la Constitución Política, de la descentralización política y de, finalmente, el derecho de las personas a participar en decisiones que las afectan.
Con todo, lo que deja este episodio, mucho más allá de quién tenga la razón y quién gane el pulso (estará por verse), es el elemento de la legitimidad: algo hay de malo en esto de la minería en el Tolima para que una población se pronuncie a través de la consulta popular (sólo ha habido 28 en el país). Esto, en últimas, muestra desconfianza en que el Estado sea suficientemente fuerte para pararse frente a los intereses de las grandes empresas, regular y proteger a sus ciudadanos.
¿Atenderemos, al menos para concertar cosas, a las comunidades o impondremos a la fuerza un modelo que no parece convencerlos mucho?