En Chile se especula con la salida de la Ministra de Minería por el escándalo bilateral. Cuando parecía que el tema se enfriaba, el megabasurero minero con miles de tonelados de roca de desecho, creado por la empresa chilena Antofagasta Minerals del lado argentino de la cordillera volvió a ser noticia en varios frentes. Entre otras cosas, hubo avances judiciales, con una resolución que favoreció a la firma trasandina y otra que la perjudicó. La mitad de la escombrera está en territorio argentino.
Según informó el Observatorio de Conflictos Mineros, hace unos días, la Justicia Federal de San Juan rechazó un planteo de Los Pelambres, que alegó que los tribunales argentinos no tienen jurisdicción para actuar en la causa por supuesta contaminación.
La clave del rechazo está en las fechas. La empresa notificó a las autoridades de su país en septiembre de 2011 que cinco meses antes, en abril, se había dado cuenta que casi la mitad de las 105 hectáreas del botadero minero que había autorizado el gobierno chileno en su mina Los Pelambres estaban en suelo argentino. Aún así, un informe técnico elaborado por la consultora sanjuanina URS AECOM concluyó que la minera siguió depositando neumáticos gigantes y roca sin importancia comercial y potencialmente contaminante hasta enero de 2012.
La denuncia penal fue presentada en marzo del año pasado por Glencore, en cuyo yacimiento El Pachón, en Argentina, fue instalada la escombrera. La acusación tiene en la mira a los tres últimos gerentes generales de Los Pelambres: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls, a quienes la firma suiza acusó de usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo casi no había avanzado.
Por otra parte, también hay un expediente civil iniciado por Xstrata, la primera empresa que tuvo El Pachón, y continuado por Glencore, en el que buscan que Los Pelambres retire la escombrera y pague una indemnización. Allí Antofagasta Minerals se anotó una victoria al lograr una aclaración de un fallo de primera instancia por parte de la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza, que incorporó la palabra «posible» antes de la expresión «contaminación ambiental», en una resolución en la que la Justicia ordenó que se designe un perito geólogo para que determine las obras necesarias para hacer cesar en forma inmediata el daño ambiental, que ahora no estaría confirmado.
En el marco de ese expediente se ordenó una medida cautelar para frenar cualquier tipo de impacto ambiental, lo que luego derivó en un acuerdo entre el gobierno de San Juan y Los Pelambres para que la escombrera sea aislada.
En su fallo, la cámara federal mendocina minimizó el peso del acuerdo. «Lo curioso es que la Justicia confirmó que el gobierno de San Juan no se presentó en la causa como una parte damnificada, sino como un mero tercero interesado», evaluó a Infobae el abogado Diego Seguí, quien alertó en su momento al Ejecutivo provincial por la presencia de la escombrera.
Mientras tanto, en San Juan, el diputado provincial César Aguilar presentó un pedido de informes -aprobado con el apoyo del oficialismo- para que el gobierno de Sergio Uñac brinde detalles del acuerdo, si se empezó a ejecutar y cuáles fueron los resultados de los monitoreos ambientales que se habrían comenzado a hacer en diciembre. Infobae solicitó esos análisis a la Universidad Nacional de San Juan, pero pese a que aclararon que son públicos, los negaron. En el gobierno provincial, en cambio, se comprometieron a entregarlos.
El acuerdo recibió muchas críticas, ya que no habla de remoción sino de aislamiento, no establece una multa o indemnización y porque limita la responsabilidad de Los Pelambres por la obra a una década a partir de su finalización. Fuentes vinculadas al Ejecutivo provincial dijeron a Infobae que los cuestionamientos cayeron como un balde de agua fría, que no los esperaban. «Podemos discutir de los glaciares, pero acá estamos seguros que hicimos lo mejor posible», aclararon.
«El acuerdo es sólo un piso. Nos aseguramos el aislamiento y el retiro de los neumáticos. Si en el terreno judicial se consigue algo mejor y se ordena que se remueva la escombrera, eso se hará. El problema es que esto va a terminar en la Corte Suprema y capaz pasen diez o quince años hasta que termine la causa. Nosotros ya conseguimos que en ese lapso no contamine», explicaron las mismas fuentes.
Aún así, otra fuente consultada por este medio aseguró que puertas adentro hay malestar en el Ejecutivo, al menos por la forma en que se comunicó el acuerdo, ya que en respuesta a una consulta de la diputada nacional Margarita Stolbizer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló que en abril la Subsecretaría para Asuntos de América Latina de la Cancillería «reiteró al gobierno de la República Chile la invitación a informar sobre cómo propone la restitución de las cosas a su estado anterior». En otras palabras, le pidió la remoción de los escombros mineros, lo que dejó en off side al gobierno provincial, que salió a anunciar con bombos y platillos que había logrado el aislamiento.
Por otra parte, según pudo averiguar Infobae, lo que sí avanza a paso firme es un sumario iniciado en el Ministerio de Minería de San Juan contra El Pachón y que es probable que termine con una multa. En el Ejecutivo provincial están convencidos de que las empresas suizas a cargo del yacimiento, primero Xstrata y después Glencore, usaron el conflicto como un instrumento de negociación, ya que Antofagasta Minerals quería comprar el proyecto. Y las dos firmas deberían haber denunciado que en los terrenos en los que tienen concesiones mineras había actividades ilegales.
En Chile también hubo repercusiones, sobre todo porque una serie de mails comprometen a la titular de Minería, Aurora Williams, quien habría encabezado una maniobra para ayudar y encubrir a Antofagasta Minerals. Se espera que se inicien acciones penales y que la ministra sea desplazada en una serie de cambios en el Gabinete que es posible que en breve anuncie la presidente Michelle Bachelet.
Además, en el Parlamento se proyecta la creación de una comisión investigadora, donde podría ser citada la ex canciller Soledad Alvear, quien ocupaba ese cargo cuando se autorizó la instalación de la escombrera y hoy no sólo es abogada de la minera, sino que además habría encabezado el entramado para lograr la ayuda estatal.
Por lo pronto, se espera que la semana próxima la empresa Hatch, a cargo de diseñar las obras de ingeniería del aislamiento, presente por tercera vez sus planes, que ya fueron rechazados en dos ocasiones por el gobierno sanjuanino.
El tema también se coló en un pedido de informes que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace presentaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Las ONG quieren saber en qué consisten las inversiones por 20 mil millones de pesos que anunció el gobierno en el sector, puesto que se presentaron proyectos en provincias en las que hay leyes anticianuro, y si parte del dinero que llegue al país será destinado a remediar el impacto por el derrame en la mina Veladero, de Barrick Gold, y la posible contaminación causada por Los Pelambres.