23 de agosto 2012
Alrededor de medio millar de personas se dieron cita ayer en Santa Isabel, una población del sur del Ecuador, para exigir el archivo de una acusación penal contra un grupo de dirigentes campesinos
que con sus comunidades están resistiendo pacíficamente un megaproyecto minero en sus fuentes de agua.
El Ministerio del Ambiente del Ecuador presentó en la Fiscalía de Santa Isabel una denuncia por supuesta obstaculización de la administración pública, un delito contra el Estado, cuya pena es de uno a tres años de prisión.
La subsidiaria ecuatoriana de la empresa canadiense Cornerstone, propietaria del megaproyecto minero, acusó a 17 dirigentes campesinos, en vinculación con la denuncia del Ministerio del Ambiente.
Abel Arpi, coordinador de la Asamblea de los Pueblos del Sur y uno de los acusados, manifestó: “Nosotros no hemos ido a ninguna casa ajena, nosotros hemos estado en nuestros propios territorios. No es posible que estemos siendo invadidos por grandes empresas transnacionales. Nuestros pueblos existían antes de que exista el Estado.”
Estamos aquí porque sabemos que la minería es pobreza para nuestro país, porque contamina nuestros ríos y lagunas, sostuvo Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). “La mineras no entrarán en nuestro país.” A los acusados les alentó: “Ustedes tienen el apoyo de la CONAIE”.
Hacia el mediodía, los campesinos marcharon hacia la Fiscalía, donde el caso está en indagación previa. Ahí el equipo de abogados defensores, coordinado por Wilson Ordóñez, del departamento jurídico de la CONAIE, entregó el petitorio al fiscal Pedro Panamá.
Ordóñez aseveró que los acusados han ejercido “el derecho a la resistencia ante la omisión del Estado ecuatoriano de cumplir con el derecho a la consulta previa, libre e informada ante proyectos de extracción de recursos naturales.” Y concluyó: “Hemos venido a solicitarle se desestime la denuncia presentada y se la archive por no encontrarse los argumentos tanto de hecho como de derecho en la verdad procesal del caso.”
Gustavo Aucay, otro de los acusados, le expresó al fiscal Panamá: “No es que les estén yendo a procesar a 20 compañeros, sobre ellos hay familias, hay hijos, hay esposas. Ellos van a pagar las consecuencias, únicamente por estar diciendo «no queremos que se haga minería, queremos que se vaya el agua limpia para todo nuestro cantón Santa Isabel»”. Donde van a hacer minería hay 10 sistemas de agua potable, indicó.
El 3 de mayo del presente año, alrededor de 2 mil comuneros de Santa Isabel y otros cantones vecinos se concentraron en la parroquia Shaglly, para ejercer el derecho a la resistencia, reconocido por la Constitución ecuatoriana, ante la socialización que el Ministerio del Ambiente pretendía hacer de los Estudios de Impacto Ambiental para la exploración avanzada de la zona Vetas Grandes, de Cornerstone. Este fue el evento que dio lugar a la acusación. La minera canadiense posee 15 concesiones que suman 45.000 hectáreas dentro del territorio de cuatro cantones de la provincia del Azuay. Esto a pesar de que la Asamblea Constituyente expidió en 2008 un mandato por el cual extinguió las concesiones mineras ubicadas en fuentes de agua, las que hubieran sido entregadas sin consulta previa y que prohibió la tenencia de más de 3 concesiones por persona natural o jurídica.
Lista de acusados y acusadas:
1.Gustavo Aucay Barreto
2.Alcides Ochoa
3.José Alciviades Ochoa
4.Eunora Rodríguez Sánchez
5.Genaro Rodríguez Sánchez
6.María Rodríguez Sánchez
7.Rodrigo Rodríguez Sánchez
8.Gloria Rodríguez Sánchez
9.Juventino Cabrera
10. Jesús Aucay Barreto
11. Alciviades Aucay Barreto
12. Seferino Torres
13. Ernesto Guerrero
14. Nicolás Cevallos Cabrera
15. Catalina Durán Oleas
16. Abel Arpi
17. Rosa Zoila Guayllasaca Calle
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