30 de Agosto 2012
Alrededor de medio millar de personas se dieron cita ayer en Santa Isabel, una población del sur del Ecuador, para exigir el archivo de una acusación penal contra un grupo de dirigentes campesinos que con sus comunidades están resistiendo
pacíficamente un megaproyecto minero en sus fuentes de agua.
El Ministerio del Ambiente del Ecuador presentó en la Fiscalía de Santa Isabel una denuncia por supuesta obstaculización de la administración pública, un delito contra el Estado, cuya pena es de uno a tres años de prisión.
La subsidiaria ecuatoriana de la empresa canadiense Cornerstone, propietaria del megaproyecto minero, acusó a 17 dirigentes campesinos, en vinculación con la denuncia del Ministerio del Ambiente.
Abel Arpi, coordinador de la Asamblea de los Pueblos del Sur y uno de los acusados, manifestó: «Nosotros no hemos ido a ninguna casa ajena, nosotros hemos estado en nuestros propios territorios. No es posible que estemos siendo invadidos por grandes empresas transnacionales. Nuestros pueblos existían antes de que exista el Estado.»
Estamos aquí porque sabemos que la minería es pobreza para nuestro país, porque contamina nuestros ríos y lagunas, sostuvo Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). «La mineras no entrarán en nuestro país.» A los acusados les alentó: «Ustedes tienen el apoyo de la CONAIE».
Hacia el mediodía, los campesinos marcharon hacia la Fiscalía, donde el caso está en indagación previa. Ahí el equipo de abogados defensores, coordinado por Wilson Ordóñez, del departamento jurídico de la CONAIE, entregó el petitorio al fiscal Pedro Panamá.
Ordóñez aseveró que los acusados han ejercido «el derecho a la resistencia ante la omisión del Estado ecuatoriano de cumplir con el derecho a la consulta previa, libre e informada ante proyectos de extracción de recursos naturales.» Y concluyó: «Hemos venido a solicitarle se desestime la denuncia presentada y se la archive por no encontrarse los argumentos tanto de hecho como de derecho en la verdad procesal del caso.»
Gustavo Aucay, otro de los acusados, le expresó al fiscal Panamá: «No es que les estén yendo a procesar a 20 compañeros, sobre ellos hay familias, hay hijos, hay esposas. Ellos van a pagar las consecuencias, únicamente por estar diciendo «no queremos que se haga minería, queremos que se vaya el agua limpia para todo nuestro cantón Santa Isabel»». Donde van a hacer minería hay 10 sistemas de agua potable, indicó.
El 3 de mayo del presente año, alrededor de 2 mil comuneros de Santa Isabel y otros cantones vecinos se concentraron en la parroquia Shaglly, para ejercer el derecho a la resistencia, reconocido por la Constitución ecuatoriana, ante la socialización que el Ministerio del Ambiente pretendía hacer de los Estudios de Impacto Ambiental para la exploración avanzada de la zona Vetas Grandes, de Cornerstone. Este fue el evento que dio lugar a la acusación.
La minera canadiense posee 15 concesiones que suman 45.000 hectáreas dentro del territorio de cuatro cantones de la provincia del Azuay. Esto a pesar de que la Asamblea Constituyente expidió en 2008 un mandato por el cual extinguió las concesiones mineras ubicadas en fuentes de agua, las que hubieran sido entregadas sin consulta previa y que prohibió la tenencia de más de 3 concesiones por persona natural o jurídica.
«Yo soy unas de las dizque procesadas. Mis delitos: haber dicho que quiero agua limpia y trabajar para abastecer a los mercados de las ciudades. A los señores del Ministerio del Ambiente ni los conozco, que vengan y me digan en mi cara si yo los agredí», dijo la campesina Gloria Rodríguez.
Con su voz entrecortada y entre sollozos prosiguió «Señor fiscal, pido justicia. Si voy a la cárcel, los pequeños nietos a mi cargo irán conmigo. Yo sobreviviré tomando un vaso de agua, pero con una gota de oro jamás».
Rodríguez es una de las 20 personas a las que investiga la Fiscalía VIII de lo Penal de Santa Isabel, acusadas del delito de rebelión y daños contra bienes públicos, por haber participado de la marcha del el 3 de mayo pasado en la parroquia Shaglly.
Aquella masiva manifestación impidió que se socialice el proyecto minero Shiry. Hubo forcejeos ante la insistencia de los funcionarios de Medio Ambiente y de la minera Cornerstone, por tratar de ingresar al centro parroquial pese a la oposición de la gente.
La campesina intervino ayer ante el fiscal Pedro Panamá, momentos en que los abogados Yolanda Herrera, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría Legal y Derechos Humanos (INRED); Wilson Ordóñez, de la CONAIE, y Martha Arévalo, presentaron un escrito pidiendo el archivo del proceso.
Se argumentó que los acusado sólo ejercieron su derecho a la resistencia, amparado en la Constitución, y que el parte policial no determina que hubo agresiones.
Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, expuso la preocupación del movimiento indígena, frente a lo que al igual que la abogada de INRED, llamó una ola de persecución instrucciones fiscales y juicios contra dirigentes indígenas y campesinos.
Pedimos que se deseche la denuncia. Es lamentable, tenemos en el Ecuador 197 compañeros ya enjuiciados, acusados de sabotaje y terrorismo, ni siquiera están sólo en indagación previa, agregó.
«Si permitimos desde las fiscalías o juzgados que esto avance, qué seguridad jurídica vamos a tener, no es una preocupación sólo por nosotros sino por la estabilidad democrática y por las garantías constitucionales que se deben respetar. No podemos estar sometidos al capricho de un gobierno o de cualquier autoridad», puntualizó dirigiéndose al fiscal.
Estamos en la etapa de indagación previa, ante una denuncia presentada por el Ministerio del Ambiente, la investigación determinará si hubo o no delito y si los involucrados son o no responsables. Se hará un trabajo prolijo y apegado a la ley. Lo que me preocupa es que ninguno ha presentado hasta ahora pruebas de descargo, dijo el fiscal.
Alcides Ochoa, presidente de la Junta Parroquial de Shaglly, uno de los investigados, informó a la salida, que no se han presentado aún las pruebas de descargo, porque no tenían abogado.
«La Mayoría somos gente pobre y no hay para pagar un abogado. Uno nos quiso cobrar 15.000 dólares y otro 30.000», expresó.
Un día de manifestación
La llegada de los campesinos empezó a las 09h00, a más de los santaisabelenses. Hubo delegados de Saraguro (Loja): Cañar (UPCCC); Nabóny Girón (Azuay); dirigentes de la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Azuay (GOPA); Ecuarrunary y CONAIE. Sumaban unas 600 personas.
También participó Federico Guzmán, de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, sobre quien pesa una sentencia de ocho días de prisión, acusado del delito de obstrucción de vías, junto a Carlos Pérez Guartambel y Efraín Arpi.
Junto a la iglesia la música con guitarras, con temas en contra de la minería, avivaba la manifestación. Al frente, junto al Municipio, algunas mujeres campesinas preparaba el tpro que sacrificaron para el almuerzo comunitario.
«Podrán matar nuestros cuerpos pero nuestro pensamiento continuará. Si nos van a seguir persiguiendo, que construyan cientos de cárceles para encerrarnos a todos, nosotros sólo defendemos el agua, la vida», dijo Abel Arpi, otro de los investigados.
Tras la concentración hubo la marcha hacia la Fiscalía, el almuerzo comunitario, y continuó la manifestación en el parque central, donde intervino también el alcalde de Santa Isabel y los dirigentes locales y nacionales.
María Fajardo, campesina de La Asunción (Girón), dijo que su lucha contra las mineras y a favor del agua empezó en el año 2002 y que no declinará a pesar de las «persecuciones que nos hacen a nuestros dirigentes y compañeros», precisó.
Lista de acusados y acusadas:
Gustavo Aucay Barreto
Alcides Ochoa
José Alciviades Ochoa
Eunora Rodríguez Sánchez
Genaro Rodríguez Sánchez
María Rodríguez Sánchez
Rodrigo Rodríguez Sánchez
Gloria Rodríguez Sánchez
Juventino Cabrera
Jesús Aucay Barreto
Alciviades Aucay Barreto
Seferino Torres
Ernesto Guerrero
Nicolás Cevallos Cabrera
Catalina Durán Oleas
Abel Arpi
Rosa Zoila Guayllasaca Calle
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