La noche del 7 de septiembre de 2013, actores armados ingresaron en la comunidad maya kakchikel de San José Nacahuil,asesinando a 11 personas e hiriendo gravemente a otras 15, entre las que se encuentran varias niñas. La comunidad se ha caracterizado por una decidida defensa de su territorio ante las amenazas de las empresas extractivas, formando parte activa del movimiento de resistencia pacífica de La Puya contra la Mina «El Tambor».
Según denuncia la comunidad, los hechos se produjeron tras una campaña de amedrentamiento contra los pobladores, en la que participó la Policía Nacional Civil (PNC).
La comunidad, que tiene sus propias autoridades y que desde 2005 es responsable de su seguridad interna -no había presencia policial desde entonces-, se ha caracterizado por una decidida defensa de su territorio ante las amenazas de las empresas extractivas, formando parte activa del movimiento de resistencia pacífica de La Puya contra la Mina «El Tambor».
La resistencia de La Puya
Los habitantes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se vienen organizando desde el año 2010 en un movimiento social de resistencia frente a los impactos que identifican y en base a derechos reconocidos en Guatemala. En el 2011 se inició la construcción de la Mina «El Tambor» -proyecto minero Progreso Siete Derivada- operada por la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Asocciates KCA y la guatemalteca Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (EXMINGUA). Este proceso se vio paralizado por la resistencia pacífica de los pobladores de ambos municipios.
Desde marzo de 2012, el plantón pacifico en La Puya -el nombre con el que se conoce al campamento establecido a la entrada de la mina- es el principal instrumento que el movimiento de resistencia ha desarrollado frente al proyecto de minería. Dicho plantón se inició a raíz de que un vecino impidió el paso a un camión de la minera y se le sumaron otras personas del lugar. Desde entonces, vecinos y vecinas mantienen una presencia continua en La Puya. Su lucha se ha convertido, en poco tiempo, en un caso emblemático de resistencia pacífica frente a la minería en Guatemala, logrando hasta la fecha poner en cuestión la proyección minera en el área y evitar el avance de trabajos de explotación con los que no están de acuerdo. Una gran parte de la población perteneciente a pueblos cercanos potencialmente afectados por la minería, forma parte de la resistencia.
La comunidad de San José Nacahuil ha participado desde un inicio en este movimiento, habiendo participado en distintas acciones de resistencia pacífica (recientemente, impidieron el ingreso de los vehículos de la empresa distribuidora de electricidad).
El proceso de intimidación previo y las alertas comunitarias
El movimiento de resistencia pacífica de La Puya alertó en un comunicado que desde el 31 de agosto que los activistas contra la minera estaban siendo intimidados por la PNC, comprobándose la presencia de patrullas que no son de la jurisdicción a esos municipios. Ante estos hechos, representantes del movimiento acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y presentaron una queja al Secretario del Director de la PNC, para pedir explicaciones, sin que estas instancias pudieran justificar la presencia irregular.
Los activistas señalan que, a partir de sus experiencia de resistencia pacífica, se han podido percatar de «que acciones como éstas sirven de preámbulo para ejecución de acciones represivas en contra de la resistencia: intentos de desalojos o bien acciones intimidatorias en contra de mujeres y hombres que hacemos parte de La Puya.» En dicho comunicado denuncian que «con estas acciones, queda claro que las autoridades encargadas de la seguridad pública no tienen conciencia social y en lugar de optimizar los recursos puestos a su disposición para prevenir hechos delictivos, los están utilizando para intimidar a las comunidades que estamos en pleno uso de nuestros derechos.»
La masacre del 7 de septiembre de 2013
Como relata el comunicado emitido por la comunidad y por distintas organizaciones sociales, el 7 de septiembre a las 22:45 horas ingresó una patrulla policial a las comunidad, «revisando tiendas de productos diarios y de bebidas alcohólicas, preguntando el nombre de los propietarios y exigiendo hablar con ellos, pusieron contra la pared y registraron a todas las personas que se encontraban en las tiendas», en una actitud que no es usual en Nacahuil -cabe recordar que la seguridad interna está en manos de las autoridades comunitarias, una vez decidieron expulsar a la PNC en el año 2005-. Poco tiempo después, ingresó al pueblo un grupo armado a bordo de un coche no identificado, que disparó indiscriminadamente sus armas en las principales calles de la comunidad, «con mayor atención a los negocios que estaban abierto a esa hora». El saldo que dejaron fue de al menos 11 personas muertas, y 15 gravemente heridas, entre ellas, dos niñas.
Si bien diferentes medios de comunicación adjudicaron en las primeras horas, la masacre a un enfrenamiento de pandillas, esta versión fue tajantemente negada por las autoridades comunitarias de Nacahuil, que denuncian la manipulación de los medios, rechazaron las declaraciones del Ministerio de Gobernación y exigen que estos hechos no sirvan de pretexto para militarizar el territorio. Recuerdan también que los índices de criminalidad en la comunidad se redujeron desde que la PNC fue expulsada, en 2005.
Estos hechos se dan a pocas semanas del aniversario de la masacre de Totonicapán -4 de octubre de 2012-, en la que miembros del Ejército asesinaron a 8 activistas indígenas, y en el marco de un proceso de criminalización de los movimientos sociales y de militarización de los territorios indígenas que ha dado lugar a la declaratoria de dos estados de sitio para defender los intereses de las transnacionales.