21-02-2017
La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) respaldó hoy la propuesta de ley prohibitiva de la minería metálica, presentada reciente por la Iglesia Católica y la UCA
“Apoyamos totalmente esta propuesta de ley que busca prohibir en forma definitiva los nocivos proyectos mineros y exigimos a todos los grupos parlamentarios no postergar la aprobación de tan necesaria normativa”, expresó ASGOJU. “La minería de metales es social y ambientalmente inviable en el país, debido a la estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave deterioro de los recursos hídricos”, argumentó en un comunicado de prensa.
ASGOJU también exhortó al Ejecutivo a que “promueva y gestione la aprobación de esta ley en la Asamblea, así como gestiona el aval de otras normativas que le interesan”. Advirtió que, “para ser consecuente con su postura contra la explotación minera, el Presidente Salvador Sánchez Cerén debe procurar la aprobación de una ley que prohíba esa tenebrosa industria”.
Además, ASGOJU demandó de la Fiscalía “acciones urgentes para obligar a la empresa Pacific Rim/Oceana Gold a pagar al Estado salvadoreño la multa de 8 millones de dólares, que le ordenó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI)”. Denunció que “la transnacional minera se niega a pagar y todavía busca negociar con el gobierno, a pesar de haber perdido su demanda contra el país”.
En su pronunciamiento, ASGOJU llama a “todas las organizaciones populares, sectores sociales y población en general a que respalden la referida propuesta de ley y que exijan a la Asamblea Legislativa su pronta aprobación”. Este mismo llamado reiteró la semana pasada el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas.
Para ASGOJU, la prohibición de la explotación minera debe ser “el inicio de una serie de acciones urgentes orientadas a revertir el grave deterioro ambiental del país” y que, en este sentido, “se acelere también la aprobación de leyes como las de Agua, de Soberanía Alimentaria y de Prohibición de Agrotóxicos”.
También la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió la semana pasada a la Asamblea que apruebe una ley prohibitiva de la minería, ratificando así su postura antiminera reiterada en varios momentos durante la última década. En un comunicado, la PDDH consideró “necesaria y urgente” la prohibición de la explotación minera.