Hace dos años, el Consorcio Minero (Cormin) abrió un proceso penal por delito de insolvencia fraudulenta, al accionista de Doe Run, Ira Rennert, y a Bruce Neil, ex gerente general de la empresa en nuestro país.
El 11 de noviembre pasado, el abogado de la parte demandante, José Antonio Caro, reveló que el Ministerio Público tiene en su poder un expediente con evidencias que demostrarían que la adquisición del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) por parte de Doe Run en 1997 fue fraudulenta.
Las evidencias, son los correos entre la filial peruana Doe Run Perú (DRP) y la matriz, Doe Run Company, que probarían que el aporte de capital a Metaloroya, empresa que administraba el CMLO al momento de su privatización por US$125 millones, fue realizado solo para poder cumplir con las exigencias del Estado peruano.
Esta información ya había sido revelada en una notable investigación en la Revista Poder publicada en enero del 2012. Las idas y vueltas de dinero para adquirir el CMLO aparentemente ya está documentada, así como la inexistente inyección de capital comprometida en la empresa, (el mismo día de la transacción -octubre 1997- la empresa retiró la mayor parte de dicho dinero, US$125 millones).
En esta investigación también se revela que el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Merino suscribió en 1997 el contrato de venta del CMLO, en representación del Estado peruano. Además Merino apoyó a Doe Run Perú para permitir que la empresa se encargue del proceso de reestructuración que se sigue en el Indecopi.
Conocemos las motivaciones de Cormin, como uno de los acreedores principales de DRP, pero qué rol viene jugando el Estado peruano en este enrevesado caso ¿Por qué no está del lado de la población afectada en su salud? ¿Hasta cuándo la población de La Oroya va a seguir respirando aires de indiferencia? Y por último ¿qué relación puede tener este tema con el proceso de arbitraje debido a la demanda de Doe Run en contra del país?