En años recientes la entrega de concesiones a empresas trasnacionales ha provocado que la fuerza del capitalismo arrebate los territorios de pueblos indios a lo largo y ancho de la república mexicana, por lo que podríamos trazar un mapa con las luchas sociales de este sector en contra de los llamados megaproyecto de destrucción; más del 40% del territorio nacional ha sido concesionado.
A la fecha, en todo el país se registran 418 puntos de conflicto entre empresarios y lugareños que amenazan con incendiar gran parte de la geografía nacional, sin embargo, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) solo reconoce la existencia de 8 disputas todas relacionadas con la afectación al medio ambiente.
Ninguna de las pugnas reconocidas oficialmente son las que involucran desplazamientos, violación al derecho de propiedad o transgresión cultural por parte de las empresas desarrolladoras.
De las 418 disputas por la pertenencia de la tierra que hay extraoficialmente en el país al menos 210 de ellas caen en el campo de la minería.
En contra las que se han levantado más poblaciones indígenas en busca de que cesen sus proyectos extractivos, están las subsidiarias de los grupos Frisco, Peñoles, Grupo México y Minera Autlán.
De acuerdo a Miguel Reyes, doctor del Instituto de Investigaciones Sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, los conflictos por desplazamiento de pueblos originarios lejos de terminar podría crecer, debido a que el Gobierno Federal ha entregado en concesión para la ejecución de proyectos extractivos más del 40 por ciento del territorio nacional.
En Nayarit, el pueblo Wixarika incluso anunció la creación de un partido político para frenar la construcción de un desarrollo turístico en su zona sagrada, y en Michoacán, se gesta un movimiento independentista en la Comunidad Rural de Ostula. La intención es frenar la expansión del grupo Temium mediante la emancipación.
Un caso no reconocido por el Gobierno Federal es el brote de insurgencia en la comunidad michoacana de Cherán, en donde a más de dos años de haberse declarado independientes, el gobierno no ha entrado en diálogo con los habitantes.
Esa independencia ha frenado la presencia de proyectos de energías renovables planteados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la Meseta Purépecha.
Y en Chiapas, de acuerdo a la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, se registra uno de los conflictos más preocupantes para la Federación. Allí, los habitantes del municipio de San Cristóbal de las Casas han decidido crear su propia policía comunitaria con la que pretenden frenar los intentos de instalación de dos mineras del grupo Frisco.
Con información de Reporte Índigo