-Cuándo hablamos de extractivismo, ¿De qué estamos hablando? Sabemos que es un tema que poco se discute en los medios de comunicación.
– El extractivismo es una categoría que se ha difundido mucho en el pensamiento crítico y también en el lenguaje de los movimientos sociales de América Latina en los últimos 5 o 6 años y designa el proceso de sobre explotación de recursos o bienes naturales no renovables o agotables y la expansión de las fronteras de producción hacia territorios antes considerados improductivos.
Es decir que la sobre explotación es uno de los rasgos fundamentales, así como la exportación de materias primas a gran escala. Porque efectivamente nuestros países latinoamericanos han sido históricamente productores de naturaleza, pero en los últimos 15 años y a raíz del aumento del precio de los commodities, la mayor parte de los países, amparándose en el lenguaje de las ventajas comparativas, aceptaron de manera pasiva esta nueva división del trabajo internacional, exportando a gran escala a través de la introducción de nuevos grandes emprendimientos: sean de minería, mega represas, petroleo, la expansión de la explotación hidrocarburífera en los no convencionales y el modelo de los agronegocios a gran escala en todos nuestros países.
La Argentina es uno de los países que ilustra claramente estos modelos que yo denomino de mal desarrollo. Cuando hablamos de emprendimientos estamos subrayando también la envergadura de los mismos, como el caso de lo que sucedió en San Juan. Veladero es un gran emprendimiento y por ende sus impactos también son mayores; se utiliza mayor cantidad de agua, mayor cantidad de energía y termina por reconfigurar efectivamente el territorio. Se trata también de mega proyectos que son implantados en el territorio de manera vertical sin consultar a las poblaciones. Por eso, en los últimos 10 años, hemos avanzado en una lectura que pone énfasis en la ecuación de más extractivismo menos democracia.
-¿Cuáles son las consecuencias en la vida cotidiana de nuestro pueblo?
– Hay como una cierta desconexión entre esas luchas que son locales, que afectan sobre todo a pequeñas y medianas localidadades -a veces a territorios más aislados y por ende los sujetos involucrados son mucho más vulnerables-, y los grandes centros urbanos que no viven cotidianamente la amenaza de la introducción de un mega emprendimiento, que no solo implica una amenaza clara en el mediano plazo, sino que también amenaza con reconfigurar toda una estructura productiva.
En ese sentido yo creo que la gente que habita las grandes ciudades tiende a comprender mejor la envergadura de estos fenómenos cuando uno habla de cuáles son las consignas que movilizan a la mayor parte de los movimientos que luchan contra el extractivismo, que es la defensa del agua.
Porque todos estos mega emprendimientos requieren la utilización de grandes cantidades de agua; sea petroleo no convencional, mega minería, mega represa o agro negocios. Y afecta a las fuentes hídricas y en algunos casos amenzan claramente con contaminar como sucede ahora en el caso de San Juan con la mina Veladero. Es decir que están afectando fuentes hídricas que no reconocen fronteras y que vienen de la cordillera y alimentan los cauces de los ríos de los cuales nosotros tomamos el agua potable. Así que impacta claramente también en las formas de vida de las grandes poblaciones.
Esto también se puede explicar por el lado del modelo de consumo. Lo que encontramos aquí son poblaciones que están apostando a modelos de consumo que están basados en la sobre explotación de recursos naturales cada vez más escasos.
La emergencia de una conciencia ambiental, en ese sentido, no es espontánea. Implica difusión de información, comunicación y por otro lado implica también tener en cuenta que hay grandes intereses que lo que van a hacer es favorecer la consolidación de esta matriz extractiva.
-¿Es posible un proyecto de país que no esté basado ni en la soja ni en el extractivismo?
– Esto exige construir escenarios de transición. Algo que en nuestro país no está previsto. En sí, en nuestro país ha habido una adaptación muy pasiva a las demandas del mercado mundial, y esto obturó la posibilidad de pensar escenarios de transición hacia, por ejemplo, energías alternativas, o hacia otras matrices productivas. Pero de hecho nosotros venimos trabajando, yo particularmente vengo trabajando con el Grupo Latinoamericano de Alternativas al Desarrollo; vengo colaborando también con el CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social), que dirige Eduardo Gudynas; desde los cuales trabajamos con hipótesis de transición que impliquen por un lado una moratoria, es decir, una suspensión de proyectos extractivos, que combinen una moratoria extractiva con el aumento de la renta por la vía de grandes impuestos a actividades extractivas indispensables.
Esa combinación entre mayores controles ambientales, mayores impuestos a actividades extractivas consideradas indispensables y moratoria de grandes y nuevos proyectos implicaría configurar un escenario de transición diferente y económicamente impactaría más bien de manera positiva en la propia caja de los gobiernos.
Este escenario fue, por ejemplo, planteado por economistas peruanos hace un par de años, aunque efectivamente el gobierno peruano hizo caso omiso a esta propuesta, pero implica que en realidad lo que no existe es voluntad política para pensar otros escenarios posibles. Nuestros gobiernos lo que hacen es optar por aquello que es más fácil, que es seguir extendiendo la frontera minera, la frontera sojera, comprometiendo la vida de los territorios, avanzando con más criminalización y represión y respondiendo a la demanda de commodities del mercado internacional. En un momento, además, en el cual ha habido una caída de los precios internacionales de los commodities, sobre todo a partir de 2013, los gobiernos entran como en una suerte de espiral perverso que es el de hacer más extractivismo para poder en ese sentido mantener una balanza comercial positiva.
-¿Cuál es tu mirada sobre el nuevo código civil donde desaparece el derecho al agua potable como un Derecho Humano?
– La verdad que nosotros hicimos con Enrique Viale, abogado ambientalista, varias notas que publicamos en diversos diarios sobre el tema del Código Civil, inclusive desde Plataforma 2012 nos expresamos críticamente, no solo por ese artículo, sino por otros más, pero en lo que tiene que ver con lo ambiental y derechos básicos ligados a esta dimensión cada día más esencial. Criticamos la exclusión de este artículo, siendo que hoy todos los movimientos socioambientales lo que hacen es reivindicar como un derecho humano elemental el agua para impedir su mercantilización. Lo que hace entonces el Código Civil es avanzar en la mercantilización y también en la privatización de los espacios públicos.
A nivel urbano hay también otras cuestiones que no están ligadas al Código Civil, pero sí a la matriz extractiva, que es lo que nosotros denominamos urbanismo neoliberal o extractivismo urbano, que está más vinculado por ejemplo a la idea de que en las ciudades -sobre todo en las zonas suburbanas- se están multiplicando las urbanizaciones privadas que se asientan sobre humedales. Los humedales también son reguladores hídricos y esto tiene una repercusión muy negativa en épocas en las cuales sufrimos lo que son las consecuencias del cambio climático y por ende estamos sujetados a estos cambios tan extremos, que en los últimos años se han traducido también por las distintas inundaciones.
Es decir que, lo de las inundaciones no está ligado solamente al cambio climático, sino al modelo de ciudad neoliberal que se ha venido alimentando en los últimos años. Lejos de creer que con el kichnerismo, en estos 12 años de llamada ‘Década Ganada’ hemos avanzado hacia un modelo de ciudad inclusiva, en realidad lo que nosotros sostenemos es que se ha considerado una matriz cada vez más excluyente y de corte neoliberal, que implica privatización y consecuencias socio ambientales muy nefastas, que por sobre todas las cosas impacta en primer lugar en los sectores más vulnerables.
-Sos una de los pocos intelectuales que han alertado sobre las relaciones asimétricas que está entablando nuestro país con China. ¿Qué repercusiones tienen tus críticas?
– La verdad que no sé, se dicen tantas cosas. En realidad a mi me sorprende mucho -y en varios países de América Latina lo hemos discutido- que ante el nuevo fenómeno del gigante asiático, que se está constituyendo como nuevo hegemón (para decirlo en lenguaje politológico) que ciertos sectores de la izquierda latinoamericana reaccione de manera tan ingenua, pensando que en realidad esto serviría para hacer de contrapeso al imperialismo norteamericano.
En realidad se está construyendo una nueva hegemonía. América Latina está negociando de manera absolutamente unilateral con China, más allá del declamado discurso regional o de integración latinoamericana. Algunos de ellos están celebrando tratados de libre comercio; otros, convenios unilaterales, como es el caso de Argentina. Con lo cual se negocia además en una situación de absoluta subordinación, mucho más en un contexto de crisis. La Argentina ha abierto las puertas a la inversión china en casi todos los rubros, en minería, petroleo, construcción de mega represas, hay una estación espacial en el norte de Neuquén cuyo convenio tiene cláusulas secretas y que efectivamente no sabemos si puede tener usos militares o no. Hay otros países también que están obteniendo préstamos de China a cambio de commodities, como es el caso de Venezuela o Ecuador; que se endeudan a tasas bastante altas con China y a cambio de ello están obligados a entregar petróleo. En un contexto de caída de los precios internacionales imagínense que esto es bastante problemático.
Pero bueno, creo que en líneas generales no ha habido todavía de parte de intelectuales que se dicen de izquierda, ligados al gobierno, un análisis de lo que significa el ingreso de China como nuevo actor hegemónico y la relación de dependencia que se está gestando de América Latina al mismo.
Fuente: ACTA