A pesar de que México es el primer productor de plata y el décimo de oro, nuestro gobierno no percibe ingreso alguno de las empresas mineras por concepto de regalías sobre el valor de producción de los minerales extraídos a boca de mina. Dichas empresas se benefician con cantidades multimillonarias a partir de la explotación de los minerales y apenas pagan un derecho semestral por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público. Y toda la información oficial al respecto está reservada o es confidencial.
En México se desarrollan de manera extensiva actividades industriales de extracción de hidrocarburos y de otros minerales, las cuales desempeñan un papel importante en nuestro desarrollo económico y finanzas públicas. Dichas actividades también implican numerosos impactos ambientales y sociales. Por ello, un tema central en la gestión democrática de estos bienes naturales que pertenecen en dominio a la nación es el acceso a la información y la transparencia de la gestión de estos sectores. Tenemos el derecho de saber cómo se están explotando, qué empresas están involucradas en la explotación, a cuánto ascienden las utilidades que se están generando, cuál es el destino de la venta de estos bienes naturales y cuáles son los impactos ambientales y sociales que las actividades extractivas conllevan. De igual forma, tenemos el derecho conocer las medidas que el Estado ha tomado para mitigar o remediar estos impactos.
En nuestro país, los sectores petrolero y minero se encuentran sujetos a diferentes regímenes fiscales. El sector petrolero juega un rol significativo en las finanzas públicas, ya que alrededor del 36% de los ingresos totales del Estado mexicano provienen de los derechos que se pagan por la explotación de este bien. A pesar de que México es el primer productor de plata y el décimo de oro, nuestro gobierno no percibe ingreso alguno de las empresas mineras por concepto de regalías sobre el valor de producción de los minerales extraídos a boca de mina.
Dichas empresas se benefician con cantidades multimillonarias a partir de la explotación de los minerales y apenas pagan un derecho semestral por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público —mismo que oscila entre los $5.7 y $124.74 pesos por hectárea de concesión minera—. A pesar de que 16% del territorio nacional está bajo concesión minera, para 2013 se estima que los ingresos que percibirá el Estado a partir de dicha explotación será de $3,013.9 millones de pesos; frente a los $787,561.4 millones de pesos que se estima pagará PEMEX. Es decir, ¡241 veces más que la minería!
Además de las diferencias fiscales, actualmente existen diversos espacios de opacidad en la gestión de estos sectores que es necesario esclarecer. Entre ellos se encuentran lo siguientes:
La información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, además de los estados económicos de las empresas que participan de esta actividad; datos que son gestionados por la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Regulación Minera. Esta información goza de carácter confidencial de acuerdo con el artículo 7, fracción IX de la Ley Minera, lo que representa un obstáculo para participar activamente en la gestión democrática de los recursos minerales del país. Se necesita conocer de manera detallada las empresas, las concesiones, los derechos que pagan por el aprovechamiento de minerales y los impuestos que pagan al gobierno (actualmente bajo reserva fiscal), así como los volúmenes de producción de minerales y el valor de esta producción a precios internacionales.
En el caso de los hidrocarburos, es necesario conocer información sobre los contratos de servicio de PEMEX y el aprovechamiento de los recursos petroleros del país. Esto es indispensable para poder tomar decisiones informadas sobre la pertinencia de permitir un mayor acceso del sector privado en la industria, tema muy sonado con la muy anunciada Reforma Energética. De la misma forma, es imprescindible que el gobierno publique más información sobre el uso que hace de los ingresos petroleros (especialmente de los ingresos excedentes).
Debido a la importancia de avanzar en estos temas, el próximo jueves 25 de julio, a las 9 horas, tendrá lugar el Foro “Transparencia y acceso a la información sobre las industrias extractivas en México: retos y propuestas para su fortalecimiento”. Dicho evento, que se llevará a cabo en el Auditorio Heberto Castillo (Edificio B) de la Cámara de Diputados, estará abierto a cualquier persona. Además, se contará con la presencia de ponentes de la Cámara de Diputados, funcionarios públicos de las instituciones encargadas de los sectores minero y petrolero, así como expertos internacionales y nacionales en la materia. Durante la mañana de ese jueves se espera tener un importante debate e intercambio de información sobre las oportunidades que representan las próximas reformas minera, energética y fiscal, así como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) para nuestro país.
* Mariana González Armijo es investigadora del área Transparencia de Fundar.