Elízabeth Prado
Arequipa. manifestantes llegaron hasta sede de la convención minera. Comuneros intentaron entregar a empresarios mineros los acuerdos del Foro de los Pueblos que señalan en la “Declaración del Misti”.
Tras concluir el Foro de los Pueblos, cerca de un millar de comuneros afectados por la minería se movilizaron por las calles de la ciudad de Arequipa para exigir a las autoridades que se respete la decisión de las comunidades sobre la actividad minera en sus territorios.
La bulliciosa marcha encabezada por Magdiel Carrión, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), llegó hasta las inmediaciones de la sede del Instituto Tecnológico Superior Tecsup donde se realizaba la 30ª Convención Minera. Allí, a pesar del cordón policial, intentaron entregar el documento denominado Declaración del Misti con los acuerdos a que llegaron en el Foro de los Pueblos, pero nadie salió a recibirlos.
Ante este hecho procedieron a realizar un pequeño mitin en el mismo lugar, donde Magdiel Carrión reafirmó la posición de los comuneros.
“Aquí estamos presentes desde el norte, centro y sur del país los que luchamos contra la contaminación de la gran minería y también de la minería artesanal, que el Estado debe formalizar”, afirmó el dirigente.
Luego reclamó al gobierno que atienda las propuestas y demandas de las comunidades indígenas y campesinas.
Tras este mitin los comuneros retornaron a su local y dieron por finalizada la movilización.
Detienen a dirigente de Puno
Los dirigentes de Conacami denunciaron la violenta intervención al dirigente puneño Pablo Salas Charca por parte de la Policía.
Informaron que el secretario de Organización de Conacami fue conducido a Requisitorias del Poder Judicial. Asesores de esta organización indagaban el motivo de la detención de Salas Charca.
“Declaración del Misti”
El documento aprobado en el Foro de los Pueblos organizado por Conacami será presentado a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Congreso de la República, al Palacio de Gobierno y también a la Sociedad Nacional de Minería.
Entre los 17 puntos resaltan la incorporación del derecho internacional indígena al marco jurídico nacional, y la creación de una Comisión de la Verdad sobre minería e industrias extractivas que investigue los daños desde la década del 90.
También figura la prohibición de la minería a tajo abierto, la cancelación de concesiones mineras no consultadas, y la derogación de decretos legislativos que criminalizan la protesta social. Asimismo, otorgan 90 días de plazo al gobierno para que cumpla las propuestas de esta declaración.