15 de Diciembre de 2011
Agrupaciones ambientalistas le entregaron una nota al nuevo gobernador puntano para que llame al diálogo antes de encarar proyectos que puedan afectar al medio ambiente. Los manifestantes buscan que La Carolina, en San Luis, sea declarada zona protegida y evitar la explotación minera.
Agrupaciones ambientalistas de San Luis expresaron hoy ante autoridades del nuevo gobierno provincial su preocupación por el avance de empresas mineras en la localidad de La Carolina y reclamaron medidas de protección del ecosistema.
Dirigentes de ese distrito del departamento Pringles se reunieron con la ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa, y le entregaron una nota para el gobernador Claudio Poggi donde le manifestaron su predisposición al diálogo para lograr políticas que protejan las nacientes de aguas del lugar.
Los manifestantes se retiraron del encuentro con Hissa con la «garantía» de la ministra de que «no se permitirá minería contaminante» en la provincia y «se respetará la legislación vigente en la materia» en San Luis.
Cecilia Sustercic, una de las ecologistas, comentó a la prensa que Hissa les aseguró que «el gobernador tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente, como lo manifestó en su discurso» de asunción del mando ante la Asamblea Legislativa.
Si bien la legislación de San Luis prohíbe de manera taxativa la minería con uso de químicos peligrosos como el cianuro y el mercurio, las obras que realizan mineras transnacionales en la zona de La Carolina pusieron en alerta a los conservacionistas. Allí, según los pobladores, una empresa planeaba abrir una zanja de 15 kilómetros de largo para verter su producción lo que generó preocupación en la zona.
El lugar es naciente de los principales ríos de la provincia y por eso pidieron que se la declare «zona protegida» y se prohíban allí actividades que produzcan daños irreversibles en el ecosistema. Uno de los proyectos para extracción de oro y que contaría con el visto bueno de la dirección de Minería en la gestión anterior «es sobre un paleo-cauce», explicaron los ecologistas.
Además, señalaron que si bien la empresa que lo presentó asegura que no usará químicos en el proceso, «la modificación del paisaje sería muy importante y también resentiría la producción de papas semilla», entre otras actividades.
«Se comprometieron a emitir un documento con lo que se resuelva», agregaron, y recordaron que a partir del accionar conjunto de distintos sectores por ahora «les han hecho suspender todas las actividades» a las empresas «hasta que presenten el informe de impacto ambiental». En la nota que presentaron al gobernador piden que se reglamente la ley que prohíbe la mega-minería contaminante y propusieron una nueva legislación para declarar a «La Carolina, Reserva Hídrica provincial».