La enorme corporación minera intentó por todos los medios echar a esa familia campesina. Usaron policías, guardias, periodistas, juicios, y muchas otras armas. Pero es una familia testaruda, con una mujer arraigada a su tierra en los Andes del norte de Perú, que resiste con todas sus fuerzas y no cede. Como no pudieron echarla ahora destruyen sus cultivos de alimentos y su perro es encontrado herido. La malicia queda de esta manera al desnudo.Este es el contexto en el que viven Máxima Acuña de Chaupe y su familia, en las sierras de Cajamarca. Rodeada y hostigada por la empresa minera Yanacocha, la que reclama la posesión de esas tierras. A lo largo de los últimos años, esa corporación ha intentado de todo contra la familia Chaupe Acuña, desde entablarle juicios a ingresar en sus predios, desde denuncias en la prensa convencional a destruir algunas de sus construcciones.
Yanococha, la minera de oro más grande de América Latina, un consorcio entre las corporaciones Newmont, la peruana Minas Buenaventura, y la Corporación Financiera Internacional (del Banco Mundial), aparece tan obsesionada con esta situación que en los últimos meses pasó a vigilar el predio de Máxima Acuña con un dron que la sobrevolaba y la filmaba, e inclusive con la instalación de cámaras fijas.
Dando otro paso, el pasado 2 de febrero los cultivos de papas de la familia fueron destruidos por personal de la empresa minera (amparados en una controvertida medida judicial). Según relata Daniel Chaupe, unos 150 hombres, entre agentes de seguridad privada de la minera Yanacocha y policías nacionales, ingresaron a uno de los predios destruyendo dos sembradíos de papas. Era el alimento que esperaban cosechar en un par de meses para la alimentación familiar. Unos días antes, el 30 de enero, el perro guardián de la familia apareció acuchillado. No pasó desapercibido que Daniel Chaupe contara que cuanto reclamó a los policías y agentes en defensa de su sembrío, solo recibió risas y amenazas:
“Ya ves lo que hemos hecho con tu perro, ahora con tu sembrío, mañana te toca a ti”, le dijeron (1). La amenaza es muy clara.
Estas y otras acciones de hostigamiento han despertado múltiples reacciones en defensa de la familia Chaupe Acuña. Tan sólo como ejemplo, en estos días Amnistía Internacional emitió un comunicado reclamando que se detengan estas agresiones (2), algunos discuten si no se está ante un caso de tortura o de violación del derecho a la alimentación, y otras organizaciones presentan sus reclamos con los socios corporativos, Newmont en Estados Unidos y el Banco Mundial.
Claro que la empresa niega vinculaciones con muchos de estos hechos y consideran que otros son legítimos (3). Esto es común en todo el continente, ya que las grandes corporaciones sostienen que ellas, por el contrario, defienden una minería sustentable y ostentan sus programas de responsabilidad social corporativa. Los ejecutivos de esas empresas, que trabajan en Lima u otras capitales, siempre rechazan ese tipo de prácticas violentas.
En contraste con lo que se dice en las oficinas corporativas, en los territorios de América Latina, se multiplican los conflictos sociales ante los proyectos megamineros. Los casos de desidia ambiental, la persecución a líderes sociales, e incluso el uso de la violencia, son muy frecuentes. En todos esos hechos, por detrás hay grandes empresas, no sólo aquellas que son transnacionales, sino también las de propiedad nacional, estatal o mixta, y hasta cooperativas.
En las contadas ocasiones en que esos hechos de violencia se investigan y se obtienen resultados, casi siempre la culpa recae en alguna pequeña compañía tercerizada encargada de una obra o la seguridad, o sobre un jefe local, mientras que los ejecutivos corporativos niegan sus responsabilidades. “Nada tenemos que ver, y esos hechos van en contra de la política y compromisos de la empresa” –es lo que repiten, para enseguida defender su evangelio de la responsabilidad social empresarial.
Pero lo cierto es que la megaminería y otros extractivismos de alta intensidad avanzan en un contexto de creciente violencia. Los códigos de responsabilidad corporativa quedan relegados a buenos deseos para calmar accionistas en el norte y políticos en el sur. Pero en los territorios, como ocurre en Perú y otros países latinoamericanos, estos extractivismos sólo son posibles violando los derechos humanos y de la naturaleza. Inmersos en un clima de violencia siempre habrá algún actor local dispuesto a algo, empresarios deseosos de romper los “obstáculos” a sus inversiones, policías dispuestos a ayudar, y así sucesivamente se teje una telaraña que da cobertura a la violencia. Es que las comunidades locales difícilmente aceptarían emprendimientos que destruyen sus territorios, quiebran sus economías locales, contaminen sus suelos y aguas, y erosionen sus modos de vida. Por lo tanto, más tarde o más temprano, esos grandes extractivismos sólo son posibles incumpliendo derechos como los de acceso a la información y la consulta, pero también hostigando o persiguiendo a movimientos sociales, e incluso usando la violencia contra sus líderes o figuras más representativas (4).
Entre cientos de esos casos, el de Máxima Acuña y su familia se ha convertido en un ícono de la resistencia ciudadana a los extractivismos y la defensa de los derechos humanos, tanto dentro de Perú como también a nivel internacional. Acuña recibió el premio Defensora del Año de la Red Latinoamericana de Mujeres y el Premio Especial Nacional de derechos humanos de la Coordinada de Derechos Humanos de Perú, y su situación ha cosechado el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Somos testigos ahora de una nueva escalada contra una familia campesina, y todo el episodio ejemplifica la malicia que envuelve a este tipo de conflictos. Malicia en su significado de las acciones e intenciones que son contrarias a la virtud. De un lado, un gigantesco consorcio minero, que como no ha podido expulsarlos a estos campesinos de esas tierras, ahora se dedica a vigilarlos con un dron y cámaras, y no tiene reparos en romper los sembradíos de papa que alimentarían a su familia. Estamos ante una maldad que estremece. Alguien acuchilla al perro de la familia, mostrando una malicia destilada en años de impunidad. Tú serás el próximo, es la amenaza que se lanza desde el anonimato. Habrá quienes nieguen los vínculos entre todos estos hechos, y posiblemente poco se pueda probar, pero serán muchos otros los que interpretarán esto como un mensaje mafioso destinado a promover el miedo.
Es difícil entender esta situación. ¿Habrá algún ejecutivo, educado en una prestigiosa escuela de negocios, irritado por el hecho que una mujer campesina, analfabeta, pueda convertirse en un obstáculo tan enorme? ¿Hay actores empresariales y políticos obsesionados con ella y decididos a que no se convierta en un símbolo mundial de la resistencia a los extractivismos? ¿Tan peligrosos son los Acuña y los Chaupe que se los debe monitorear con un dron?
Las promesas de la responsabilidad social corporativa o de supuestas tecnologías infalibles para evitar el deterioro ambiental, finalmente quedan sepultadas bajo la violencia más primitiva. Es como si de un lado, está de pie un rencor visceral que dice que si no te podemos expulsar de esas tierras, barreremos con tus cultivos y mataremos a tus animales, haremos de tu vida un infierno, y del otro lado, una familia, con la fortaleza nutrida por una ética enraizada en sus territorios, que defiende la vida, con decenas de miles de apoyos detrás. Todo esto hace que el caso de Máxima Acuña sea tan importante. No es un hecho aislado en un olvidado rincón de la sierra peruana, sino que representa el drama de muchas familias en todo el continente.
Referencias
(1) Testimonio en el comunicado de la Red Muqui de Perú; en: http://www.grufides.org/blog/minera-yanacocha-deja-sin-cultivos-y-alimento-hijo-de-m-xima-acu
(2) Amnistía Internacional lanzó una campaña en escribir al Ministro del Interior y el Fiscal de la Nación en Lima; https://www.amnesty.org/en/documents/amr46/3392/2016/es/
(3) La empresa comunicó el 2 de febrero 2016 que “removió” una plantación en un terreno que consideran que la familia Chaupe Acuña ocupa en forma ilegal, tipificando su acción como una “defensa posesoria pacífica”; su comunicado en: http://www.yanacocha.com/yanacocha-ejercio-defensa-posesoria-pacifica/
(4) Extrahección es el término propuesto para los extractivismos que arrancan los recursos naturales violando los derechos humanos y de la naturaleza; las definiciones en http://ambiental.net/2013/03/definiciones-extracciones-extractivismos-extrahecciones/
Fotografía del perro guardián de la familia, Cholito, que además de pastor, según Daniel Chaupe, le ha salvado la vida varias veces con sus ladridos de alerta antes quienes ingresaban a sus predios o intentaban perseguirle. Foto CATAPA desde el Facebook de Daniel Chaupe; comunicado de la red Muqui. Foto inicial de Jorge Chávez (Perú).
Versiones de este artículo fueron publicadas en ALAI (Agencia Latino Americana de Informaciones) Quito, Servindi (Servicio de Informaciones Indígenas) Lima, Rebelión, y en el blog del autor en el portal La Mula de Perú (https://postdesarrollo.lamula.pe).
Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo – www.ambiental.net; twitter: @EGudynas