15 de Enero 2012
Alejandro Rebossio
Latinoamérica se debate entre el beneficio que proporciona el auge de los metales, minerales y productos agrícolas y los daños a las poblaciones locales
Ya han pasado los siglos en que los conquistadores españoles explotaban a los indígenas para que extrajeran la plata de las minas de Potosí. Son tiempos en que los altos precios de las materias primas, incluidas las minerales, han permitido que muchos Gobiernos latinoamericanos, de derechas e izquierdas, aprovecharan el crecimiento de sus economías para reducir la pobreza y acotar algo la desigualdad. Latinoamérica se ha convertido en la meca para la inversión minera. Pero lo que parece una bendición también puede resultar lo contrario.
Más de 120 conflictos se han abierto contra la minería en la región. Por un lado, está la pelea por cómo se reparten los beneficios extraordinarios de los yacimientos entre las grandes mineras multinacionales, los Estados nacionales, las provincias, los municipios y la sociedad civil. La actividad minera suele emplazarse en poblaciones que, en general, eran y son pobres. Por otra parte, se encuentra el rechazo de cada vez más ciudadanos al impacto ambiental de la minería a cielo abierto (ya no se suelen usar más los socavones en la tierra) y con el uso de cianuro y arsénico para separar el metal de los residuos que se arrojan a un dique de cola. Dado el uso intensivo del agua, la minería despierta recelos en agricultores, bodegas y hasta compañías multinacionales de envasado de agua mineral, como sucede con Danone en Argentina.
El conflicto más violento se ha desatado en Perú. La región norteña de Cajamarca se rebeló contra un proyecto de 3.679 millones de euros de la minera estadounidense Newmont. Bajo la consigna de «agua, sí; oro, no», la población, con el apoyo de las autoridades regionales, inició el pasado 24 de noviembre una huelga de 11 días que incluyó bloqueos de carreteras. Los ciudadanos le temen al proyecto Conga de Yanacocha porque secará cuatro lagunas que ellos usan para la agricultura y ganadería. Newmont responde que se hará un trasvase de aguas a cuatro reservas, pero la población cajamarquina desconfía. Ante las huelgas, el Gobierno de Ollanta Humala decretó el 4 de diciembre el estado de emergencia en Cajamarca y envió al Ejército a frenar la protesta social, lo que le valió críticas de sus antiguos aliados de izquierdas. El 17 de diciembre, Humala levantó la medida de excepción para iniciar el diálogo, pero las protestas continúan.
La maldita bendición de la minería en Latinoamérica comenzó a partir de 2003, cuando los precios de los metales comenzaron a subir por la demanda creciente de China para abastecer sus industrias. En 2000, el gigante asiático suponía el 12% del consumo mundial de cobre. En la actualidad, el 40%. Y aún China tiene mucho potencial para crecer. El cobre, el níquel, el zinc y el hierro abastecen a las fábricas y al sector de la construcción. El oro y la plata son codiciadas por la industria y también por los inversores, que buscan refugiarse de las crisis mundiales de la deuda y del sector financiero en esos metales preciosos.
Se han quebrado dos tendencias que habían comenzado en la década de los setenta: una, la caída de la cotización de los minerales, que ya se encuentran por encima de aquellos niveles de hace 40 años, y otra, la reducción de las exportaciones mineras de Latinoamérica. Las ventas externas de la región han ganado desde 2003 participación respecto a las del resto del mundo. «La buena noticia es que no solo se incrementan las exportaciones mineras primarias, sino también las manufacturas de minerales», destacó Jeanette Lardé, analista de la división de recursos naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un seminario sobre minería que organizó en diciembre el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).
El 27% de las inversiones mundiales en exploración se entierran en este subcontinente cuya columna vertebral son los Andes. A su vez, se incorporan más países a la actividad, como Colombia, Guyana y Surinam, según Lardé. En 2000, Brasil, Chile, México y Perú concentraban el 26% de la inversión minera mundial. En la actualidad, el 40%. Latinoamérica produce el 52% de la plata del planeta, el 45% del cobre, el 32% del molibdeno y el 22% del zinc. Lardé destacó que el sector tiene «beneficios extraordinarios», incluso si se tienen en cuenta los costes de reposición del metal en el largo plazo y los incrementos de los salarios de los trabajadores y de los precios del combustible, los insumos y el acero. La región también capta un tercio de las rentas mineras del mundo, según la Cepal: unos 65.160 millones de euros en 2009, poco menos que el PIB de Eslovaquia.
Casi todos quieren quedarse con esas rentas. Los Gobiernos nacionales, regionales y locales cobran impuestos y regalías por tratarse de un recurso no renovable y propiedad del Estado. Chile creó las regalías en 2005 y las aumentó en 2010 con el argumento de que el sector más rico del país debía financiar la reconstrucción tras el terremoto de ese año. El Perú de Humala ya los incrementó en septiembre pasado. México estudia seguirle los pasos, mientras que Brasil no solo analiza una subida tributaria, sino también la posibilidad de elevar la participación estatal en los proyectos mineros. Venezuela ha nacionalizado el oro este año.
Las mineras, que en general son privadas y de países desarrollados (una excepción es la estatal chilena Codelco), reinvierten una parte y giran a sus accionistas otra tajada. Los propietarios de las tierras donde se descubre el mineral piden mayores arriendos, y los trabajadores mineros, mejores pagas, incluso con huelgas como las que este año se han registrado en Perú o en Chile. «Las comunidades piden salud y educación. Además, el escenario social se torna más complejo por los impactos ambientales, que llevan a prohibiciones de la actividad», comentó la analista de la CEPAL. En Argentina, por ejemplo, varias provincias han prohibido por ley la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, pero otras dos, La Rioja y Río Negro, han vuelto sobre sus pasos, al tiempo que una norma nacional ha protegido los glaciares que a veces se destruyen para perforar las montañas. En La Rioja, ciudadanos del pueblo de Famatina bloquean desde hace casi dos semanas la carretera que conduce a una mina de oro. En México se han registrado episodios de violencia entre los empleados de las empresas y los pobladores.
«Asistimos a un ciclo económico que implica una nueva división del trabajo entre países centrales y el Sur», opinó Maristella Svampa, investigadora social del colectivo Voces de Alerta, en el seminario del IADE. «Los países centrales trasladan las actividades extractivas al Sur para cuidar su medio ambiente. Se busca la sobreexplotación de recursos naturales, cada vez más escasos, y la expansión de las fronteras (de la explotación) a zonas antes consideradas improductivas. La economía latinoamericana se reprimariza», añadió esta catedrática opuesta a la gran minería. Svampa consideró que esta actividad vulnera derechos ambientales, territoriales y de los pueblos indígenas.
El asesor académico de la Organización Latinoamericana de Minería (Olami), el geólogo Roberto Sarudiansky, le contestó que esta actividad «se puede hacer bien», es decir, con bajo impacto ambiental, y «el mundo no puede vivir sin ella». El representante de la Olami, entidad que encabezan los empresarios mineros de la región, pero también agrupa a otros actores sociales interesados en el asunto, alertó sobre una «demonización de la minería». Svampa señaló que, cuando un proyecto de inversión se radica en una zona, en general no se tiene en cuenta la opinión de los pobladores. Precisamente eso es lo que se debate por estos días en Cajamarca.