Por Héctor Vega
Mientras el resto de Chile inicia su siesta de verano, el pueblo de Magallanes nos recuerda que su representación, en ausencia de autoridades, [o vacío de poder], está presente en la Asamblea de la Ciudadanía. Es ahí donde hoy se discute el alza del gas y es la instancia frente a la cual deberán explicarse las autoridades.
Desde luego el gobierno de Piñera no lo entiende así. Posición entendible si se considera que el poder actual de las autoridades emana de textos antidemocráticos como la Constitución de Pinochet/Lagos [1980/2005] en primer lugar y situados en las antípodas de la representación democrática y popular.
Su legitimidad emana de la última elección presidencial, que por la pérdida de confianza de la ciudadanía en el gobierno y específicamente en Piñera, hoy no es sino parte de la historia y del recuerdo. Sin ese contexto institucional sería imposible mantener en interdicción política a la población de Magallanes, consumidora, en promedio diario, de 700 mil metros cúbicos de gas y adicionalmente amenazada de ser perseguida por la Ley de Seguridad del Estado, para obligarla a aceptar un precio promedio superior por metro cúbico de gas, superior al que Enap cobra a la firma Methanex consumidora de 1.600.000 metros cúbicos de gas –3.2 dólares el millón de BTU, muy inferior al precio que Enap paga para cubrir sus necesidades adicionales, entre 11 a 12 dólares el millón de BTU. ¿No es este un claro ejemplo de subvención a Methanex?
Una gestión que ignora los problemas sociales
El cálculo del precio del gas en Magallanes es sin duda un problema económico, pero los parámetros que determinan los costos [fijos, variables y operacionales] son sociales y políticos. Ignorando a sabiendas estos fundamentos de la economía clásica se deja de lado el rol que juegan los actores y la percepción de los mercados.
En entrevista reciente [15/01] el ahora biministro de minería y energía Laurence Golborne señalaba que el “rol de las empresas del Estado no es desarrollar políticas públicas o sociales, pues complica su gestión”. Golborne ignora en su aseveración que el deber del Estado en el área de las empresas públicas es arbitrar roles de actores públicos y privados a través de la gestión, los cuales se expresan en una perecuación de resultados, mediante los cuales el Estado, da cuenta de los intereses sociales que dice cautelar.
Como lo demuestra el conflicto del gas magallánico, el Estado, se echa al bolsillo estas consideraciones sociales, propias de una situación supervivencia de la población en el territorio. Si el Estado fuera consecuente con lo que proclama debería exigir al ministro arbitrar la macro gestión del Estado y los resultados de Enap, en su relación con la población de Magallanes y Methanex.
¿Cuáles son esos intereses de la población? El resguardo de los sectores más vulnerables de la sociedad viviendo en condiciones extremas y la soberanía del territorio austral.
En lugar de velar por esos intereses se ha recurrido a la política de gestión minera de los últimos 21 años. Ambas fuerzas políticas, Concertación y Alianza, han dado cobertura política institucional al saqueo que impera en Chile desde 1989. Ello es posible porque se han mantenido en el poder mediante el actual sistema de elecciones [binominal] reconocido como uno de los más antidemocráticos del mundo, a excepción del uninominal imperante en el Reino Unido.
¿El objetivo?: privatizar los recursos naturales, incluido un recurso primario esencial para la vida, el agua. Parte importante de los resultados de esta actividad privatizadora son imputables a rentas [producto de diferencias en la veta del yacimiento en el caso de la minería], otras, en el caso del cobre, son imputables a utilidades derivadas de un precio fluctuante al alza en el mercado internacional: fluctuaciones que en un 99% son producto de manejos especulativos –futuros y opciones– fuera de las operaciones de las bolsa de les de Londres y Nueva York. En su conjunto, ambas fuentes constituyen la ganancia total percibida en el ejercicio económico por las transnacionales. Ganancia imposible sin la complicidad de un Estado privatizador y fuente de privilegios y exenciones sólo comparable a paraísos tributarios.
De cómo las prácticas antidemocráticas impiden ver el problema
Aquellos que se acostumbraron a gobernar sin el pueblo, con desprecio absoluto de lo que piensa, [a lo más mediante un conservantismo compasivo como lo demostró el gobierno Bachelet respetuoso de la institucionalidad heredada de la dictadura, binominalismo entre muchos otras instituciones] se preguntan indignados y con asombro ¿a quién representa la Asamblea Ciudadana? No ven, o no quieren ver que en el estado de necesidad en que se encuentra la población de Magallanes, ésta levanta un nuevo poder ante el cual llaman a responder al gobierno.
Pero, las autoridades han desaparecido, empantanadas en la cifra del reajuste –de un 16,8% de alza en el precio del gas se ofrece a la fecha del 15 de enero un 3%, esto es según la inflación de 2010–, han olvidado, o no ven, el problema según las condiciones extremas en que vive la población de Magallanes 10 meses del año y que lógicamente tienen una estricta correlación en el costo y nivel de vida de los pobladores, donde el gas aparece como un parámetro fundamental de existencia.
En definitiva no habrá precio justo del gas sin situarlo en el conjunto de gastos determinantes en el nivel de vida en el territorio de Magallanes.
Algunos, en la búsqueda de una explicación, hablan de la incompetencia, de los atropellos, del ninguneo, de la desfachatez de las actuales autoridades. Se equivocan. Los vicios que denuncian forman parte del sistema de gobierno en el cual creen y practican. Abrazarse a la lógica de un mercado monopólico impide ver los problemas de la población, pero lo que es aún más grave es presentar al monopolio como la llave de la solución y finalmente convencerse de esta falacia.
El saldo de la historia reciente de aquellos que gobernaron durante 20 años, apaleando estudiantes, trabajadores, mapuches y dueñas de casa en nombre de la democracia influye en las decisiones del grupo que hoy gobierna. Es la misma lógica de aquellos que apalearon a los estudiantes en 2001 [‘el mochilazo’], los mismos que miraron al costado cuando las demandas de los pingüinos [2006], pero que finalmente frente a la presión de la ciudadanía tuvieron que conceder que un grave problema sacudía la educación en Chile. Hoy es el turno de la Alianza y su frente empresarial, al cual el conflicto les estalla en plena celebración de cifras macro económicas positivas recordándoles que graves problemas se arrastran y se anuncian en este año.
La Asamblea Ciudadana devela una crisis de las instituciones
La crisis institucional es evidente. Y la Asamblea Ciudadana lo devela. La ciudadanía ya no sólo desconfía de los partidos políticos, ahora abre cauces en Magallanes. Ya no son los plebiscitos comunales que, pese a reunir firmas contra la privatización del agua en Concepción o las firmas reunidas contra la privatización del cobre y otras demandas a lo largo de Chile, eran rápidamente ninguneados por el gobierno; ahora se inicia la larga marcha por crear instituciones de reemplazo a lo que no funciona.
De manera clara y desembozada Piñera se ha sacado la careta y aplica, en nombre del mercado y de la ley, el garrote en el cual siempre ha creído. A nadie engaña. No es cuestión de cambiar autoridades según el ranking de popularidad. Digámoslo de una vez. El ministro Golborne, ingeniero civil industrial de la UC, asociado a compañías y sociedades del sector privado, viene de los negocios y antes de conversar deberá recibir las instrucciones de aquellos en quienes cree y según el mandato que estos le otorguen. Es más, participó en la reunión del directorio de Enap del 28 de diciembre pasado donde se fijó el alza del precio en Magallanes. Se agrega a ello un informe de noviembre del año pasado cuando conjuntamente con el ahora ex ministro de energía, Ricardo Raineri, justificaron la medida.
Al margen de los juegos y jugarretas que se preparan, el pueblo de Magallanes ya lo ha señalado a las autoridades civiles, eclesiásticas y militares que la voz del pueblo no necesita de voceros, cuando de lo que se trata es de restablecer la justicia…y ésta no tiene variantes.
Cuando gobierno y Enap deben resolver su propia contradicción entre los intereses legítimos de la población y los negocios de Methanex
Cuando la Asamblea Ciudadana se hace presente, el grupo en el poder debe entender que nadie, puede ejercer el poder político sin saber que de la misma manera que el pueblo se expresa para otorgarlo, también lo ejerce para retirarlo. Es la esencia de la democracia. Esta es una de las tantas declaraciones solemnes que incorporan las constituciones democráticas. Es lo que los juristas llaman el referéndum revocatorio y que hoy, de la mano del paro en Magallanes, es parte del acerbo político del pueblo.
Al final del día [agrego estas líneas el domingo 16 de enero] después del nombramiento oficial de los nuevos ministros, el ministro del interior Hinzpeter declaró que se aplicaría en Magallanes la Ley de Seguridad Interior del Estado [referencia a la Ley 12927 que es en realidad la Ley de Seguridad del Estado] con lo cual el gobierno devela sus verdaderas intenciones.
Conviene sin embargo señalar que el alza de precios a los particulares de manera indiscriminada no viene sino a confirmar el gran negociado de M℮tanex que compra gas a quienes han obtenido concesiones en los últimos 10 años, parte del cual vende a los usuarios [pobladores e industriales] de la zona, vía Enap, y parte más importante aún exporta. Es M℮tanex quien es en este gobierno de empresarios, el primer beneficiado con el alza del precio. Baste decir que el principal lobby es el que se lleva a cabo por actuales funcionarios de Enap que en el pasado fueron empleados de M℮tanex.
Los pobladores conocen esta trama y la han dado a conocer. Entienden que detrás del alza del precio del gas se encuentran intereses poderosos. Queda pues definida la verdadera lucha que sostiene la Asamblea Ciudadana y notificados los actuales ocupantes transitorios de La Moneda que hoy se enfrentan al juicio del pueblo.
Héctor Vega: Director de Fortin Mapocho.com y Secretario General del Movimiento de Saneamiento Político y Social [MSPS].
15/01/2011