La población guatemalteca no sabe qué es lo que pasa realmente con la minería metálica, y el tema divide a la población guatemalteca. Porque es casi imposible que quienes ganan millones con la explotación del oro, la plata o el níquel, logren entender a quienes temen perder agua, salud y tranquilidad; sobre todo si son campesinos, indígenas y/o ciudadanos empobrecidos. A ellos no se les trata como a guatemaltecos que expresan con legitimidad su posición ante la imposición de la minería metálica; por oponerse, se les retrata como seres despreciables, que merecen los calificativos de terroristas, huevones, vividores, ecohistéricos, bochincheros y manipuladores. Por el otro lado, es muy difícil entender por qué los que tienen tanto pretenden ignorar el daño, los peligros y los riesgos que la explotación de metales conlleva.
Pero en medio de las cortinas de humo y los engaños a cielo abierto —como la promesa de moratoria, la amenaza de una nueva ley de minería o los expertos internacionales traídos para enseñarnos la importancia del diálogo sostenible— suceden cosas que no deben pasar desapercibidas. Por ejemplo, cómo un fiscal del Ministerio Público puso al descubierto el “modus operandi” de las transnacionales mineras. Desde el año pasado se supo de hechos violentos alrededor de la minera San Rafael. La escalada empezó desde que los vecinos se pronunciaron en contra de la instalación de la mina: a finales del año alguien incendió una bodega y un autopatrulla; se sustrajeron explosivos y detonantes que transportaban vehículos de la minera. Al inicio de este año bloquearon caminos y se reportó la muerte de dos guardias privados; los guardias de seguridad de la mina dispararon contra comunitarios que estaban fuera de la propiedad de la minera. El ministro de Gobernación no dudó en acusar a líderes y pobladores por los hechos de violencia.
Por ese confuso incremento de violencia, el MP pidió la intervención de los teléfonos de varios actores clave. Así fue como se supo que Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la mina, dio la orden para que los guardias de la minera dispararan contra la población civil. Además, el MP descubrió la red de espionaje manejada por el departamento de seguridad de la minera en el que estaban involucrados —entre otros sorprendentes personajes— elementos de la policía nacional. Ese aparato de espionaje, que fue montado para seguir los movimientos de los líderes comunitarios que se oponen a la minería metálica, infiltró a “dirigentes sociales” en el movimiento de resistencia, como el que se encuentra actualmente procesado por la muerte de un policía.
De no ser por la eficaz intervención del MP, seguramente les hubiera caído todo el peso de la ley a ciudadanos inocentes. Y ahora que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones dio trámite a una acción de oposición contra el proyecto minero El Escobal de minera San Rafael (que suspende la licencia de explotación, ordena que se le dé trámite administrativo a las oposiciones de ciudadanos que se sienten perjudicados y prohíbe el reinicio de actividades) sabemos que se puede derribar el muro de impunidad que ha rodeado la minería y soñamos que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes la violan.