Gabriela Hernández
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció que recurrirá a las acciones colectivas para luchar contra “el proceso privatizador del agua” que ha emprendido el gobierno de Rafael Moreno Valle en esta entidad.
Ana Laura Martínez, responsable de la Comisión Estatal de Defensa del Petróleo, Territorio y Medio Ambiente de Morena Puebla, explicó que antes de iniciar la defensa legal empezarán con la organización de colonos, a los informarán sobre el contenido y los efectos que tendrá el decreto que fue aprobado por el Congreso del Estado el pasado 12 de septiembre.
Ese día, el legislativo poblano votó a favor de modificar la Ley de Aguas del Estado para que los organismos operadores de agua potable y alcantarillado de 25 municipios de esta entidad puedan entregar en concesión el servicio a empresas privadas, las cuales podrán fijar tarifas sin tener que pedir autorización al Congreso y contratar empresas de cobranza, así como embargar a morosos.
Martínez aclaró que aunque iniciarán con la estructura que cuenta Morena en municipios y distritos, la intención de este movimiento es integrar todos los usuarios, sin importar si tienen otra afiliación política.
“Iremos colonia por colonia para informar a todas las personas de cómo fue aprobada esta ley y las consecuencias que puede tener”, precisó.
Para ello, a partir de este domingo impartirán a los colonos talleres sobre la defensa del agua y sobre lo que significan las acciones o demandas colectivas, además de que presentarán una obra de teatro que tratará precisamente sobre el tema de la privatización del servicio.
Estos grupos que se formarán en cada colonia serán los que participen en las demandas colectivas que se presenten, al ser todos ellos usuarios o consumidores del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), que es el organismo que otorgará las concesiones a empresas privadas.
René Sánchez Galindo, integrante de la Comisión, explicó que con las acciones colectivas, más que ir contra el decreto que permite la concesión del servicio público, irán contra la aplicación del mismo.
Por ello, señaló que seguramente serán varias las demandas que se presenten una vez que se empiece a hacerse efectivo el decreto, ya sea por la licitación del servicio, por el contrato de concesión que se firme, la calidad del agua, las tarifas que se apliquen, la posible cancelación de subsidios o por los embargos a morosos, entre otros.
“Si no conocemos las bases de la licitación ni la convocatoria eso ya puede ser una violación que puede ser objeto de una demanda colectiva, porque un proveedor de servicios llamado SOAPAP no está informando a sus consumidores sobre los trámites de sus servicios, la calidad y las condiciones que ahora va a tener su servicio”, detalló.
Sánchez Galindo es uno de los abogados que participan en la Acción Colectiva contra los maíces transgénicos, que acaban de anotarse un triunfo al lograr que el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal emitiera una medida precautoria suspender permisos para sembrar, liberar o comercializar semillas genéticamente modificadas.
Dijo que decidieron que las demandas colectivas son la estrategia legal adecuada. Se puede actuar en representación del interés público y de proceder una o varias, beneficiaría a toda la ciudadanía.
Además, Martínez refirió que otras estrategias como el veto y el referéndum quedaron limitadas luego de que el gobierno de Moreno Valle publicó en “fast track” el decreto que modifica la Ley de Aguas del Estado, ya que el Congreso lo aprobó el día 12 de septiembre y al día siguiente ya apareció en el Periódico Oficial del Estado.
Licitación confidencial
La convocatoria para la licitación del servicio fue emitida desde el 18 de septiembre, seis días después de que se aprobó el decreto. En ella se obliga a las empresas que participen en el concurso, a que mantengan en confidencialidad los detalles del proceso.
La licitación SOAPAP-LPIC-001/2013 para entregar el servicio a una empresa privada marca como fecha para otorgar el fallo de adjudicación el próximo 12 de diciembre y establece que el contrato de concesión será firmado por un período de 30 años.